Antenas de telefonía móvil

 

Juan Fco. Rodríguez Báez *

 

   Recientemente, las empresas operadoras de telefonía móvil, que en adelante denominaré las cuatro hermanas (por aquello de los acuerdos de subida de tari­fas y demás comportamientos contra­rios a la libre competencia), trabajan denodadamente para dar a entender a la población las bondades de las emanaciones electromagnéticas de sus antenas. Disponen de portavoz común que, con cada vez con mayor fre­cuencia, comenta lo imposibles que son los presumibles efectos para la salud.

 

Para ello, echan mano de la Orga ­nización Mundial de la Salud (que tu­vo el feo gesto de despedir a la única persona que afirmó que las ondas provocadas por las antenas de telefo­nía móvil debían de tratarse con cuidado) y del Ministerio de Sanidad Es­pañol (que se niega, al igual que el Servicio Canario de Salud, en mostrar públicamente un estudio epide­miológico sobre un mapa con la ubi­cación de las antenas, solicitado por Los Verdes).

 

El portavoz de las cuatro hermanas (Yoigo, Orange, Movistar y Vodafone, que tienen derecho a red propia en España, no de todas las operadoras), el señor Cernuda, afirma que las an­tenas emiten a unos niveles 1.000 veces inferiores a lo recomendado por la Unión Europea. Lo que no explica es por qué el gobierno italiano ha di­vidido por 100 los niveles de radia­ción máxima permitida cuando Espa­ña mantiene los mismos desde hace tiempo. Tampoco explica por qué ra­zón la UE dejó de financiar el proyec­to Reflex precisamente cuando sus primeros resultados fueron la confir­mación de la mutación celular por el uso del teléfono móvil.

 

La alarma social no sólo existe en Las Palmas de Gran Canaria, sino en todo el Archipiélago canario. Hay cada vez más preocupación en nuestros pueblos y zonas rurales debido al nu­lo respeto a nuestro medio natural mostrado por estas empresas y a la transgresión constante de las normas existentes en nuestros ayuntamientos (los pocos que se han atrevido a esta­blecer normas al respecto). La políti­ca constante del hecho consumado con nocturnidad y la instalación de sus antenas sin licencia del Ayunta­miento correspondiente, ¿realmente sorprende a alguien? Las operadoras de telefonía móvil no respetan a los ciudadanos ni tampoco valoran los enfrentamientos que existen entre ve­cinos de comunidades a cuenta de sus negocios y que antes no se daban. Por cierto, ¿cómo se declaran los pagos a comunidades de vecinos y presiden­tes de comunidades a la Agencia Tri ­butaria?, ¿Y los pagos en especia?

 

Cernuda explica que hay 200 ante­nas en nuestra ciudad y que requie­ren de 40 más para seguir ofreciendo su servicio basado, a nuestro enten­der, en una tecnología sucia, obsoleta y bastante mejorable. ¿Cómo es posi­ble que requieran más antenas si el estudio encargado por el Ayunta­miento de Las Palmas de Gran Cana­ria a la Fundación Universitaria de Las Palmas demostró que reubicando las antenas, sin compartirlas, se daría la misma cobertura quitando buena parte de las antenas? Con sus contratos leoninos de incluso 15 años o más, no es de extrañar que lo que realmen­te desean es poner muchas más ante­nas de las necesarias habida cuenta de los decretos de derribo de nuestros ayuntamientos y tribunales. ¿Por qué no ejecutan el estudio del que dispo­ne el Cabildo de Gran Canaria que demuestra lo factible de compartir in­fraestructuras de telefonía móvil, tal y como exige la Iniciativa Legislativa Popular de Los Verdes que han sus­crito 25.000 canarios?

 

La actitud de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, para des­gracia de las poderosas operadoras y para suerte de nuestra salud, ha sido absolutamente intachable en la exi­gencia de sus derechos y en la convic­ción de la necesidad de una ley regu­ladora de la ubicación de las antenas de telefonía móvil. Cada vez dispone­mos de más y mejor información so­bre la realidad de las antenas de tele­fonía móvil y el comportamiento de las empresas operadoras, su forma de actuar, los efectos sobre la salud, el patrimonio y el medio natural. Lo que las operadoras denominan conflictividad social es, en realidad, rechazo al monopolio de facto que intenta comprar voluntades, solivianta a nuestra ciudadanía y destroza la convivencia entre vecinos.

 

De momento, la actitud pasiva de los ayuntamientos, cabildos y Gobier­no de Canarias ha permitido que una bola de nieve de preocupación au­mente de tamaño y que más de 25.000 ciudadanas y ciudadanos de nuestras islas entiendan que el vacío legal que existe en Canarias debe desaparecer.

 

El caso de los vecinos de la calle Secretario Padilla de Las Palmas de Gran Canaria demuestra hasta qué punto ha llegado la preocupación de las personas, la capacidad de reac­ción solidaria entre vecinos y la falta de ética de las empresas operadoras.

 

El absoluto despropósito llega con la afirmación de las cuatro hermanas de lo innecesario de establecer zonas sensibles como escuelas, hospitales o geriátricos. Todo vale para quienes no escatiman en gastos publicitarios pero no respetan a los más débiles. Niños que comen ondas electromag­néticas en sus colegios de Guanarteme, el Monte Lentiscal o Vegueta, personas mayores en Vegueta o personas enfermas de riñón en Arenales deben aguantarse con las que le toca. ¿Hasta dónde piensan llegar estas empresas sin escrúpulos?

 

Indeseables cuatro hermanas: No necesitamos mediciones que nos con­firmen los altos valores de radiación que debemos soportar gracias a leyes hechas a su medida por gobiernos ge­nerosos con ustedes. Con su actitud, nuestro paisaje se degrada, nuestro patrimonio histórico se destruye y nuestras viviendas cercanas a estas antenas pierden valor inmobiliario. Nuestros pájaros enjaulados mueren mientras se reproducen sus antenas por doquier debido a que ustedes no desean compartirlas porque en Cana­rias no hay ley que regule sus activi­dades desmadradas mientras cual­quier persona que desee abrir un ne­gocio se las ve y se las desea para cumplir toda la legislación regional y municipal, así como la insular.

 

Queremos usar las nuevas tecnolo­gías, pero con seguridad. Una tecno­logía limpia que nos permita comunicarnos entre nosotros, como exige la Iniciativa Legislativa Popular pro­puesta por Los Verdes, pero que no hipoteque nuestra salud ni nuestro patrimonio.

 

Por cierto, cualquier persona que desee disponer de luz eléctrica en su casa requiere de la cédula de habitabilidad. ¿Cómo se las arreglan para que sus antenas tengan electricidad si la mayoría de las veces no disponen de licencia?

(*)     Candidato al Parlamento de Canarias por Los Verdes.