Las Cámaras de Comercio de Canarias, son parte activa tanto del gobierno de Canarias como de las convocatorias electorales, tal y como queda de manifiesto en los documentos que se adjuntan más abajo, en los que el gobierno de Canarias, la Cámara de Las Palmas y la Confederación Canaria de Empresarios convocan conjuntamente un acto empresarial, como un negocio más, para pedir el voto afirmativo en el referéndum del 20-F.

El gobierno incurre de esta forma en una flagrante ilegalidad, al tomar partido como institución a favor de una de las opciones, no quedando claro si los empresarios financian la opción gubernamental o es el gobierno el que financia a los empresarios o ambos son la misma cosa: los ciudadanos, con nuestro trabajo, somos quienes en realidad financiamos a unos a otros.

La ilegalidad, la vulneración de sus propias leyes es tan flagrante, que los actos deben ponerse en conocimiento de la fiscalía y para mayor garantía de los tribunales internacionales.

El escrito propiamente no tiene el más mínimo interés, demostrando la escasa cualificación profesional de quienes lo han redactado, pues ni siquiera coloca bien las puntuaciones lingüísticas, no diferenciando dónde va un punto, una coma o un punto y coma, lo que evidenciab el bajo nivel educativo que sufrimos los canarios y la necesidad de invertir en sanidad, en educación, en investigación y en general en los servicios sociales y medioambientales, así como en el sector primario. ¡Imagínense ustedes que la convocatoria es para el lunes 17 de febrero, cuando el lunes fue 14 y el 17 jueves.

La respuesta de los ciudadanos también debe ser clara, firme y segura, ante la palpable evidencia de que lo que se pretende constitucionalizar no es otra cosa que una comunidad de mercaderes, con todos los respetos para los comerciantes y en general todos los empresarios, la mayoría, serios y responsables, que deben exigir responsabilidades por estos actos burdos e impresentables, lo mismo que debemos hacer los ciudadanos con este gobierno que a nadie representa.