Sin embargo, todos los gobiernos, con independencia de su carácter dictatorial, totalitario o democrático, tienen una reprobable tendencia a encubrir, simular, acallar, manipular, ocultar los abusos policiales y, sobre todo, a frenar, retrasar, dificultar, desviar o impedir cualquier investigación neutral de los hechos.

En una gran mayoría de países, de todos los continentes, la violación de los derechos humanos, por parte de las fuerzas de seguridad, es una constante, contra la que muchos gobiernos, lejos de poner todos los medios para su erradicación, la favorecen. El abuso policial, las detenciones injustificadas, la tortura y las dificultades de acceso a la justicia es preciso entenderlas como un arma más para la explotación y la corrupción que anidan en la acción de los gobiernos y los grupos económicos que los ponen, sustituyen o sostienen.

La brutalidad policial es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y constantes en los EE.UU., llegando a institucionalizarse. Un informe de Human Rights Watch considera que en EE.UU. la policía "participa en tiroteos injustificados, palizas graves, ahogamientos fatales y torturas, con el consentimiento de sus superiores, municipales o del Departamento de Justicia. Las denuncias ciudadanas suelen terminar con la testificación de compañeros de los acusados o la cuestionada investigación interna, sin que se eviten las presiones e intimidaciones o las resistencias de los fiscales, para acusar a la policía. Eso queda para las películas y las series televisivas".

Desde el 11-9, sólo en Nueva York, la policía ha matado a más de cien personas. La raza sigue siendo un elemento importante en la brutalidad policial. En Los Ángeles, más de 500 personas, con ocasión del noveno Día Nacional de Protesta para Parar la Brutalidad Policial se han manifestado contra "las medidas fascistas, tomadas por el Gobierno de Bush, en todo el país, especialmente contra los inmigrantes". "La violencia oficial contra los afroamericanos y latinos ahora se extiende a los árabes, euroasiáticos y musulmanes. Miles han sido detenidos y deportados".

Ni siquiera en todos los países de la Unión Europea pueden los ciudadanos tener la certeza, salvo excepciones, de recibir un trato de protección democrática por parte de las fuerzas policiales. Sólo Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemania, Suiza, Bélgica, Luxemburgo o Francia podrían dar ejemplo.

En España, superado el tenebroso túnel de la dictadura franquista, en plena democracia no han faltado casos en los que la actuación de las fuerzas de seguridad ha sobrepasado los límites tolerados por la Constitución y los Derechos Humanos. No tenemos que remontarnos demasiado para tropezarnos con el ’caso Roquetas’. Amnistía Internacional, entre los años 1995 y 2002, ha informado sobre 320 casos, documentados, de malos tratos a detenidos y 20 muertes de personas bajo custodia entre 1999 y 2000.

Gran Bretaña era un caso aparte. La imagen servicial y amable de los policías urbanos y la eficacia de Scotland Yard, glosada en la literatura, el cine y la televisión, parecían fuera de la controversia hasta el asesinato de los tres miembros del IRA, en Gibraltar, del que se responsabilizó Margaret Thatcher.

Los atentados terroristas de Londres, aparte del pánico creado en la población civil, han servido de excusa a Toni Blair, imitando a Bush, su compañero de mentiras y sangrienta aventura bélica en Irak, para cuestionar algunos derechos ciudadanos, especialmente de los inmigrantes, endurecer la política represiva y reinterpretar la "guerra preventiva", decidida en las Azores, en una acción más individualizada de "ejecución preventiva". En los días siguientes a los atentados londinenses, las agresiones a musulmanes se multiplicaron. Blair ha intentado crear tribunales secretos, que podrán decidir cuánto tiempo puede permanecer encarcelado un sospechoso, aunque no pueda ser acusado de cargo alguno.

El 21 de julio la noticia recorrió el mundo. Un electricista brasileño, Jean Charles de Menezes, de 27 años, fue acribillado a balazos por la policía en un vagón del metro, en la estación de Stockwell (Londres). Según la policía, con instrucciones de "disparar a matar" contra cualquier persona que pudiera parecer sospechosa de intentar cometer un atentado, la "apariencia euroasiática" de Jean Charles de Menezes lo convertía en presunto terrorista.

Estaba siendo observado, desde que abandonó el edificio donde vivía, para coger un autobús hasta la estación de trenes. Según la policía, cuando se dio cuenta de que era seguido, echó a correr, desobedeció la orden de alto, se saltó los tornos de entrada al metro, bajó a la carrera la escalera mecánica y llegó al andén, donde le dieron alcance los policías que lo perseguían, que le descerrajaron cinco tiros que terminaron con su vida. Ian Blair, jefe de Policía, justificaba la muerte del brasileño porque "se negó a obedecer" las instrucciones policiales", y añadió que "estaba directamente vinculado" con los atentados. La policía dijo que era un inmigrante ilegal y sospecharon que era un "terrorista suicida", con bombas sujetas a su cuerpo, porque usaba una prenda de abrigo gruesa y amplia, en pleno verano.

Al día siguiente, Scotland Yard y el Foreign Office reconocían que De Menenzes no tenía ninguna vinculación con el terrorismo islámico y pedían disculpas por su muerte, considerándola un error lógico por la "enorme presión con que trabaja la policía". Ni una palabra sobre las mentiras utilizadas para justificar el "asesinato preventivo".

Después de que Scotland Yard fuera acusada de obstaculizar la investigación de la Comisión Independiente, la televisión britanica ITV publicó una serie de documentos que cuestionan toda la estrategia montada por el Gobierno de Toni Blair.

La verdad se abrió pasó. De Menezes no era un inmigrante ilegal: tenía sus papeles en regla. No hizo nada sospechoso. No desoyó ninguna instrucción policial. No corrió, ni saltó las barreras. Entró tranquilamente en el metro, con un billete. Cogió un periódico gratuito y se sentó en un vagón. De improviso, entraron dos agentes de paisano gritando: "¡Policía!". Uno de ellos se lanzó sobre el brasileño inmovilizándolo. El otro le disparó no cinco balazos, como informó la Policia, sino ocho tiros, a muy poca distancia. Siete se alojaron en su cabeza y el octavo en el hombro.

Cuando su cuerpo estaba sobre el suelo del vagón, pudieron comprobar que no llevaba ningun prenda de abrigo; simplemente, una chaqueta vaquera, fina y corta. El Gobierno de Blair en su desvergüenza ha intentado acallar a la familia del inocente asesinado con un millon de dólares, cuando lo que debe ofrecerles es justicia. El estilo Bush ha llegado a Europa.