Hace dos días, el 5 de abril, el Juzgado de Instrucción de La Orotava ha emitido dos autos relacionados con el conflicto del Atlante, en los que, en uno de ellos, se levanta la suspensión cautelar de las obras de derribo de lo que resta del Teatro Atlante y algunas de las viviendas colindantes, manteniendo la suspensión para la casa Nº 26 de la Calle Nicandro González. Ante este hecho, que marca un nuevo momento en la resolución de este conflicto, desde Iniciativa por La Orotava queremos hacer las siguientes valoraciones:

1.- Entendemos que se trata de un auto dictado con mucha cautela y sin que se pueda derivar del mismo la resolución definitiva de este tema. Sin entrar a realizar valoraciones jurídicas sobre los autos, creemos que se ha sido especialmente cuidadoso en no zanjar, ni mucho menos, la resolución judicial sobre este tema, puesto que se mantiene la posibilidad de recurso y, se admite desde el juzgado, que si las obras de demolición se ejecutasen con carácter inmediato y, posteriormente, en caso de recurso, esta resolución fuese revocada, "los perjuicios para el patrimonio histórico de La Orotava podrían ser irreversibles".

Se puede entrever, pues, la preocupación existente ante la continuación de las obras que pueden suponer graves afecciones al patrimonio histórico de nuestro municipio. Creemos que esta afirmación refuerza notablemente las posiciones mantenidas por el Movimiento Vecinal Atlante, la Coordinadora Ecologista Popular del Rincón e IpO y PSOE-IUC y justifica claramente el acto de concentración que propició la suspensión cautelar de las obras, pues esa movilización ciudadana tenía como objetivo el que no se produjeran daños irreversibles a nuestro patrimonio histórico. Esta posibilidad, y desde nuestro punto de vista, necesidad de recurso al auto dictado, insinuada por el Juzgado de Instrucción, es una muestra evidente de que estas obras tienen que ser analizadas más detenidamente, tanto desde el punto de vista de la protección de nuestro patrimonio histórico como desde la legalidad de las licencias emitidas por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, desde IpO, apoyamos y confiamos plenamente en los recursos a estos autos que se interpondrán por la Coordinadora Ecologista Popular del Rincón y esperamos que, desde instancias judiciales superiores, se tomen las medidas oportunas para la protección de nuestro patrimonio histórico.

2.- Es de destacar que en el auto no se levante la suspensión cautelar sobre la casa Nº 26 de la Calle Nicandro González Borges y entendemos que es un refuerzo a las posiciones mantenidas desde el año 2003 por aquellos que proponíamos su conservación. Esta vivienda fue objeto de suspensión cautelar, en lo referente a su derribo, por parte del Cabildo Insular y, además, motivo de la apertura de un expediente sancionador que, en estos momentos, desconocemos si ha seguido su trámite o si se ha paralizado su instrucción. En todo caso, creemos que esta resolución judicial es bastante clara respecto a su posible valor patrimonial y entendemos que desde el Cabildo Insular se debe concluir el expediente sancionador y exigir su reconstrucción ya que su fachada está completa y sólo se ha derribado su tejado.

3.- La tímida reacción de CC ante este auto deja bien claro que la resolución del conflicto está completamente abierta y que sus posiciones de defensa numantina de los intereses de la constructora y su enfrentamiento con los vecinos y vecinas y con los grupos que lo apoyan, les está empezando a pasar factura. La suavidad de la postura del Alcalde cuando afirma que "como siempre, respeta cualquier decisión judicial, así como el derecho a recurrir que tiene el Movimiento Atlante", pone en evidencia la fuerza y el prestigio que ha adquirido el Movimiento, así como una marcha atrás en su tradicional posición de tratar de influir en las decisiones judiciales a través de declaraciones públicas marcadas por la injerencia en las competencias de otras administraciones.

Asimismo, su afirmación de que "en ningún momento, el consistorio está en contra del patrimonio local, todo lo contrario" no es más que un intento de lavado de cara de un grupo de gobierno que si por algo se ha caracterizado es por su desprecio hacia los valores patrimoniales del municipio y su defensa clara de las operaciones inmobiliarias y especulativas que se están poniendo en marcha en el entorno de nuestro Centro Histórico.

Respecto a que el Atlante carecía de valor, creemos que es una afirmación que está completamente enfrentada con informes y valoraciones de destacados especialistas. No en vano, la propia Comisión Insular de Patrimonio aceptaba recientemente que este edificio contaba con un valor patrimonial pero que, ante los hechos consumados del derribo, no se podía reconstruir. Debemos aclarar que la licencia de demolición, otorgada por el Alcalde y el anterior Concejal de Urbanismo, D. Juan Jesús Martín, se emitió dos días después de celebradas las elecciones municipales, sin que en ningún momento se notificara o se pidiera informe previo a la Unidad de Patrimonio del Cabildo Insular, que se enteró del inicio del derribo por las comunicaciones enviadas por IpO y la Coordinadora El Rincón. El grupo de gobierno, conocedor de la tramitación del PGO, que dejaba dentro del perímetro del Casco Histórico al edificio del Teatro, decidió otorgar la licencia antes de su aprobación, porque, en caso contrario, su demolición hubiese sido imposible. Es de destacar que la licencia se emitiese después de las elecciones pues, en La Orotava, ni un solo ciudadano hubiese admitido esta enorme agresión contra nuestro patrimonio cultural y, en caso de haberse demolido antes de las elecciones, estamos completamente seguros que ATI-CC hubiese perdido la mayoría absoluta que ahora ostenta. Ese acto fue, con toda claridad, un engaño descarado hacia los vecinos y vecinas de La Orotava.

Respecto a las ayudas para adquirir el Teatro, nosotros seguimos manteniendo que el propio Ayuntamiento tenía recursos económicos para hacer frente a esa compra (no en vano se han gastado más de mil millones de pesetas en la pomposa rehabilitación del Ayuntamiento o más de seiscientos millones en la compra de la Casa de Doña Chana). Pero, obviamente, sobre estos inmuebles no existía interés por parte de la empresa promotora PEJOMAR, tan unida a ATI-CC que hasta su propio local electoral pertenecía a esta empresa. Por otro lado, ha quedado demostrado que si el Teatro se hubiese declarado Bien de Interés Cultural, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias hubiese destinado fondos para su compra, como así se desprende de la comunicación que hizo llegar al Ayuntamiento. Por lo tanto, todo son excusas y subterfugios para intentar justificar lo injustificable: el derribo del Atlante. Tampoco es cierto que el inmueble se encontraba en muy mal estado, pues no tenía problemas en su estructura y su interior, aunque había que realizar una restauración, estaba en muy buenas condiciones.

4.- Desde IpO, pues, creemos que todos los cauces para la consecución de la protección y la recuperación de esta zona están completamente abiertos y felicitamos a los vecinos que, con su ejemplar actuación, han conseguido un altísimo nivel de respeto por parte de la población y han protagonizado una movilización sin precedentes en nuestro municipio, en defensa de nuestro patrimonio histórico-cultural y de los valores democráticos.

La Orotava, 7 de abril de 2005