Aumenta la corrupción

 

Justo Fernández Rodríguez

 

La mala administración de los recursos públicos y la corrupcion tienen un efecto devastador sobre los sectores mas vulnerables de la sociedad, convirtiendose en el principal obstáculo para la reduccion de la pobreza.


Desde 1995 Transparency Internacional (TI), organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción, publica informes sobre la situación de la corrupción en el mundo, con datos, sobre 163 países, conformados por múltiples encuestas de opinión a expertos. En los últimos días se ha conocido el informe de sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2006. Puntúa los países según una escala de cero a diez, siendo el cero el valor que indica los niveles más elevados de corrupción y el diez los niveles más bajos.


El IPC se centra en la corrupción del sector público y la define como el abuso del servicio público para el beneficio particular. Se plantean preguntas sobre el soborno de funcionarios y los pagos irregulares para la obtención o malversación de fondos públicos.Todas las regiones sitúan a la clase política en la cima de la corrupción, excepto África, donde en primer lugar aparece la Policía. No puede extrañar que el 57% de la población mundial crea que la corrupción ha aumentado y el 44%, que continuará haciéndolo en el futuro.


España figura en el puesto 23 de los 163 países estudiados. En los primeros lugares, figuran Finlandia (1), Islandia (2), Dinamarca (4), Suecia (6), Suiza (7), Noruega (8), Holanda (10), Austria (11), Gran Bretaña (13), Alemania (16), Francia (18), Irlanda (19), Bélgica (20), la mayoria de los países de europeos. Por detrás de España, se sitúan Portugal (27), Italia (45) y Grecia (54).


La percepción de la corrupción inmobiliaria ha provocado que en los últimos dos años la nota de España haya empeorado pasando de 7,1 (2004), a 6,8 (2006). ¿Qué nota obtendrá España después de las decenas de escandalos de corrupción que se han venido sucediendo, especialmente en Valencia, Madrid y Canarias? Antonio Garrigues, presidente de la Fundacion Ortega y Gasset, en cuya sede tuvo lugar la presentacion del informe de TI, lanzo un informe poco esperanzador: "En el mundo hay cuatro problemas graves: la droga, el terrorismo, el tráfico de armas y la corrupción, y en ninguno de ellos se tiene la menor percepción de que las cosas estén mejorando".


En su opinión, la tentación es muy grande. "Si algo que vale uno pasa a valer cien", por una decisión municipal, la corrupción tiene su mejor caldo de cultivo. "Retirarles las competencias de urbanismo a los ayuntamientos es una posible solución".


El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, experto en corrupción, coincide en que la clave está en el modelo de gestión del suelo. "En otros países europeos, la calificación o recalificación de un terreno no implica para el propietario la obtención de plusvalías, porque no aumenta su precio. El terreno vale lo que vale. Es la sociedad la que obtiene el beneficio de que ese suelo se convierta en urbanizable".


Desde el inicio del boom inmobiliario, auspiciado por el Gobierno de Aznar en 1998, con una Ley del Suelo que consideraba urbanizable la práctica totalidad del suelo, con excepción de algunos reductos de protección paisajística o ecológica, la especulación y la corrupción irrumpió en una buena parte de los ayuntamientos, con la complicidad o silencio de diputaciones, cabildos o gobiernos autonómicos.


En los últimos meses, la corrupción se ha apoderado de la actualidad política y de la preocupación social. Los medios de comunicación vienen reflejando una situación lamentable, que traspasa nuestras propias fronteras. A diario, se informa sobre escándalos, irregularidades y corrupciones, en las que están implicados numerosos cargos públicos o ayuntamientos enteros.


Sin embargo, pocos pueden manifestar su sorpresa por la desvergüenza y deshonestidad de personajes sin escrúpulos, que utilizan la democracia y los cargos públicos como una oportunidad de enriquecimiento, a cambio de favorecer los intereses de los grupos empresariales que pululan alrededor de ayuntamientos, cabildos, diputaciones o gobiernos, dispuestos a ’recompensar’ a quienes se muestren dispuestos a acceder a sus pretensiones, ambiciones o intereses, violentando la legalidad, ciscándose en la ética y perjudicando los intereses generales de la ciudadanía.


Frecuentemente, muchos empresarios se ven obligados a entrar en la rueda del soborno, la ’mordida’, la ’coima’, el ’unto’, la ’compensación’ o las comisiones, si quieren competir en una obra pública, en una concesión de servicios o en la recalificación de terrenos rústicos o protegidos en urbanizables.


Todos coinciden en que la mayor parte de la corrupción surge alrededor de la construcción, la especulación del suelo y las recalificaciones interesadas. España se ha convertido en el segundo país del mundo por importación de cemento y en el primero de la Unión Europea. Desde 1998, más de 100.000 empresas de la construcción se han dado de alta en los ficheros oficiales. El pasado septiembre se contabilizaban 223.229, más que las dedicadas a actividades industriales. España construye más viviendas que Gran Bretaña, Alemania y Francia juntas.


En la conformacion de los equipos de gobierno municipales, las mayores luchas se establecen por la designación del concejal de Urbanismo y Obras. Frecuentemente, parece que buscan a los más fáciles de corromper. En Canarias, con una inmobiliaria por cada 261 habitantes, en los últimos quince años la superficie edificada ha aumentado un 55%. Detrás de Andalucía, Canarias es la comunidad con mayor aumento de viviendas. También tenemos otro récord indeseable. Somos la comunidad con mayor número de edificaciones ilegales.


En Canarias nadie puede extrañarse ni sorprenderse por el alto nivel de corrupción, que viene sucediéndose desde hace años. Y no han faltado advertencias cualificadas. En la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, correspondiente a 2001, se afirmaba que "el verdadero delincuente medioambiental es la Administración" que permite la urbanización turística en zonas alejadas del municipio, en aquellas en que se han comprado cientos de miles o millones de metros cuadrados a precio de finca rústica, se reclasifica posteriormente en urbanizable y se presenta el correspondiente plan parcial que ya contaba con el beneplácito de las autoridades municipales". Resultado, "un gran pelotazo urbanístico para los promotores construcciones en lugares imposibles, participación de politicos en negocios inmobiliarios"...


Según la Memoria, buena parte de la especulación o de los delitos inmobiliarios en Canarias cuentan con "la colaboración necesaria de la Administración al otorgar licencias que contradicen abiertamente la legalidad, amparándose en la indefinición de la normativa urbanística y sectorial aplicable en unas ocasiones, y en otras, aplicando la libérrima voluntad del órgano decisor incluso en contra de los informes técnicos".


No se pueden albergar demasiadas esperanzas en un cambio drástico en la situación actual. La actuación de la Justicia, aunque lenta, sólo puede conseguir una aminoración de los casos de corrupción. Las modificaciones legislativas pueden hacerla más complicada, pero la solución sólo está en manos de una ciudadanía hastiada de padecer las consecuencias de la corrupción; del enriquecimiento geométrico de algunos políticos o de sus protectores empresariales; de la destrucción del medio ambiente; de las dificultades para llegar a fin de mes, con salarios más bajos que el resto de los españoles; de la mayor precariedad laboral de la Unión Europea; de las carencias inadmisibles en educación, sanidad, atención a discapacitados o mayores; de los insoportables índices de pobreza o del inalcanzable precio de las viviendas y, sobre todo, del más injusto de la renta de toda España. Hay que echar a los corruptos de la política ejerciendo nuestro derecho al voto.