El domingo pasado ya avisábamos de los problemas que acarrearía una decisión política como la del Decreto del Gobierno Central, cerrando a cal y canto todos los montes nacionales, desde Los Pirineos hasta El Hierro. La realidad insular canaria motivó numerosos desequilibrios y, por ende, peligros con los que no contábamos hasta la fecha. La prohibición de cualquier actividad lúdica o económica en los espacios forestales favorece el furtivismo que tanto hemos luchado por erradicar en esta última década, con un éxito evidente -creemos modestamente-.

En los últimos años se han construido en la isla de Tenerife más de 30 áreas recreativas, de las cuales más de 20 cuentan con vigilancia permanente. Su mantenimiento le cuesta al erario público insular más de 100 millones de pesetas y su función no es, -como pueden pensar algunos- servir como meros asaderos de chuletas sino permitir que cualquier familia canaria pueda integrarse, en unas mínimas condiciones de seguridad y comodidad, en la naturaleza de su isla. Todo ello sin perjuicio para el ecosistema ni para la flora o la fauna que la rodea. Es decir, las áreas recreativas tienen una función social. Están creadas para educar ambientalmente y concienciar a la sociedad de la importancia del patrimonio natural que posee y que no siempre es capaz de valorar adecuadamente.

En estos momentos, en que nos encontramos en plena campaña de incendios, tenemos que añadir a nuestros cometidos la vigilancia de las áreas recreativas o de las miles de pistas forestales para que se cumpla la legalidad del decreto de la ministra de Medio Ambiente. No por convencimiento de que esta medida sea oportuna sino por imperativo legal. Hemos procedido a retirar la leña de todas las áreas recreativas y controlamos que no se haga fuego en ninguna de ellas. Si la pregunta es sobre la cantidad de incendios acaecidos en Tenerife -en los últimos años- comenzados en un área recreativa, por una barbacoa, la respuesta es ninguno.

Es difícil convencer a los ciudadanos de que dejen de ir a las zonas recreativas cuando tienen esa costumbre transmitida por sus padres y abuelos de ir al campo o al monte, a pasar un tranquilo día familiar, sin ocasionar fuegos incontrolados, arrojar basuras o molestar al resto del mundo. De esta manera, se propicia que estos vecinos acaben juntando tres "teniques", en lugares escondidos, y creen un serio problema de riesgo de incendios. La filosofía de nuestra gestión radica en que la mejor forma de proteger el medio ambiente no es cerrando zonas y conservarlas en una urna de cristal, sólo para científicos, al contrario, se trata de facilitar que la población acceda a ellas en mejores condiciones, respetuosas y armónicas con el entorno, que las conozca para que así pueda darles el valor que merecen. Por esa línea de acción, que no es ni fácil ni barata, es por la que hemos apostado desde el Cabildo de Tenerife. Mucho nos tememos que choca frontalmente con el "decretazo" desde Madrid, al que -afortunadamente- no estábamos hasta ahora acostumbrados en Medio Ambiente.

A finales de esta semana leemos en la prensa que el Estado da marcha atrás y vuelve a conferir a las comunidades autónomas las competencias en incendios, con lo que el precipitado decreto queda prácticamente sin aplicación, más allá del criterio de la región en que se desarrolla. Es bien sabido que las tragedias nunca son buenas consejeras para tomar decisiones políticas y la realidad es que el enfrentamiento político y las acusaciones entre el PSOE y el PP han sido los verdaderos promotores de estas medidas "precipitadas".

Esto no es óbice para que reclamemos la necesidad de estas medidas, en fechas como la del pasado 20 de julio, con un peligro extremo de incendio, con tiempo sur, con viento, aire sahariano, altas temperaturas y baja humedad del aire. Es entonces cuando hay que decirle al ciudadano, informarle, que no debe acceder al área recreativa o al monte, porque éste corre un serio peligro. Estamos seguros de que en estos casos los tinerfeños y tinerfeñas siempre lo entenderían y acatarían. Eso es lo que debemos intentar promover desde las instituciones públicas: la participación social en el medio ambiente, el compromiso y el respeto activo por el patrimonio natural. Este decreto nos retrotrae a otros tiempos, en los que prohibir y tratar al pueblo como un rebaño de ovejas era la tónica dominante.