Barreras electorales antidemocráticas y coloniales

 

Álvaro Morera

 

Con el censo electoral actualizado e índices de participación similares a los de 2003, un diputado en Gran Canaria o Tenerife por la vía del 30% de la circunscripción insular necesita obtener 124.886 votos y 118.887 votos, respectivamente. Así como en Lanzarote: 13.500 votos; Fuerteventura: 10.258 votos; La Palma: 14.268 votos; El Hierro: 1.999 votos; La Gomera: 3.800 votos. Ese mismo diputado por la vía del 6% de la circunscripción autonómica necesita obtener 57.499 votos.

 

¿Qué formación independentista o nacionalista de izquierdas de las que se presentan puede superar tal antidemocrática y colonial barrera?

 

Parece que las experiencias electorales pasadas no se guardan en la memoria. La UPC fue un fenómeno, cuyos resultados electorales cogió a todo el mundo por sorpresa. Pero las circunstancias que lo propiciaron, esto es, las emisiones desde Argel de ‘La Voz de Canarias Libre’, la lucha sostenida por el MPAIAC y la consecuente coordinación de los independentistas, -minusvalorada por los que luego contribuyeron a su desarticulación-, no se han vuelto a producir. Otra cosa, en la que no entramos ahora, es el por qué de la desintegración de la UPC. Asimismo, la concurrencia electoral del Congreso Nacional de Canarias y del Frepic Awañak [1], primero por separado y posteriormente coaligados, tuvo la virtud de poner de acuerdo a los partidos españoles y españolistas bajo una consigna común: ¡A por ellos!, a por los independentistas. En una y otra ocasión desaparecían de los colegios electorales, por arte de magia, las papeletas independentistas de ambas formaciones, y cuando sus apoderados reclamaban, según lo legislado, que se parase la votación hasta que aparecieran sus papeletas, en el 90% de los casos éstos fueron retenidos por la policía [armada] española -omnipresente en todos los colegios electorales ‘para garantizar el orden’-, a instancias de los presidentes de las mesas electorales o con su complicidad. Y para más inri, en el recuento de los votos, cualquier papeleta independentista que tuviera algún defecto, real o imaginario, fueron sistemáticamente anuladas. No así, desdeluego, con  las de los partidos pomposamente autollamados mayoritarios. Y cuando se consiguieron los votos necesarios para un solo diputado, como fue el caso de Lanzarote, se encargó el aparato del estado, con Eligio Hernández a la cabeza, de dar un pucherazo escamoteando la totalidad de los votos al CNC en uno de los colegios electorales de Argana.

 

Todo lo anteriormente narrado, que es verídico y constatable, causó la indignación de los militantes independentistas, que se propusieron no participar en más pantomimas electorales hasta que desaparezcan las antidemocráticas y coloniales barreras electorales y se garantice la libre participación popular sin intimidaciones, y con observadores internacionales.

 

La antidemocracia electoral no termina ahí; los partidos españolistas y sus adláteres no se contentan con sus multimillonarias campañas electorales, acaparando con su dinero y con su influencia o las de los empresarios patrocinadores, -por decirlo de alguna forma- todos los medios de comunicación habidos y por haber; enormes y ostentosas pancartas y cuantiosa publicidad desde meses antes de la fecha de la campaña electoral, sino que, además, el sistema electoral que año tras año han ido acomodando a sus intereses, les reserva su participación abusiva en los medios de TV y Radio y espacios públicos, dejando para los partidos que no obtuvieron representación en las elecciones anteriores o que se presentan por vez primera las migajas o se les niega participación alguna. El colmo del abuso antidemocrático es que, por ejemplo, en municipios como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, sólo se les asignan, por la Junta Electoral correspondiente, una cartelera (leyeron bien, UNA) donde pegar sus carteles, que por cierto, son inmediata y reiteradamente arrancados o sobrepegados.

 

Cuestión aparte son las elecciones a los Ayuntamientos y a los Cabildos. Aquí la obligación de todos los independentistas es la de votar por los partidos y coaliciones independentistas y, sobre todo, a las que, de una manera u otra, en sus programas mencionen la descolonización e independencia y sea ésta su fin estratégico. Es cierto que los concejales independentistas electos luego se ven impelidos a tratar los asuntos domésticos y de interés vecinal, pero es responsabilidad nuestra, la de los independentistas, de hacerles un seguimiento y exigirles que aprovechen cualquier circunstancia para plantear la descolonización e independencia.

 

Volviendo a las elecciones al procolonial Parlamento de Canarias, y ante tal panorama antidemocrático y colonial, ¿qué cabe esperar y qué se puede hacer? Pues, como suele decir nuestro Víctor Ramírez, no crear falsas expectativas y,  por otra parte, aprovechar cualquier resquicio para explicar nuestro mensaje independentista de forma clara y determinante. Y una vez pasada la pantomima electoral, luchar denodadamente y sin pausa, día tras día, por la coordinación de todas las organizaciones independentistas y de todøs løs independentistas.

 

[1] Nos referimos al Frepic Awañak cuando aún no había sido apuñalado miserablemente y vendido al peor postor, por parte de sus actuales irresponsables.

 

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