Uno vio caer a los institutos de enseñanza media en la fosa común de la mediocridad y la burocratización de sus sagradas tareas a través de las sucesivas leyes de mala educación aprobadas en el tardofranquismo y en la neodemocracia.

Tales leyes -casi a ley por ministro- echaron por los suelos el prestigio del profesorado de ese escalón de la instrucción pública y lo abocaron al hastío profesional, a las bajas por depresión y a la prejubilación como paliativo menos traumático. Y como resultado general: el mayor fracaso escolar de Europa. Nadie sabe cómo fue pero entre todos la mataron.

Todo eso lo vivimos desde la lejanía relativa de nuestra condición de profesor universitario y desde la cercanía dramática de nuestra condición transitoria de consejero de Educación de nuestro Gobierno autónomo.

Entre reformas incesantes, claustros agotadores, insubordinación de alumnos y padres-madres metomentodos, el profesorado de medias ha perdido no sólo prestigio social sino hasta autoestima, esa pizca de autoridad y casi soberbia que necesita cualquier docente para enseñar lo que sabe.

Los sucesivos ministerios y consejerías autonómicas se han desentendido de ese crimen; sus consecuencias están en los malos resultados educativos conocidos por todos.

Consumado ese proceso tan destructivo para la enseñanza no universitaria, desde hace algunos años, le toca a la enseñanza universitaria. ¿Cómo no?

Dos años antes de jubilarse en la Universidad Complutense, el profesor Fernando Lázaro Carreter, en una visita a Tenerife invitado por su gran amigo Ramón Trujillo Carreño, nos comentó cómo en su Facultad habían impuesto firmar a todo el profesorado antes de entrar a clase cada mañana y cómo tenía él que hacer diariamente una cola cuartelera, ante el conserje fiscalizador de turno, previa a impartir su lección de sabio filólogo. Casi recuerdo sus palabras textuales: "¡Jamás me había sentido más humillado en mi carrera académica! Gracias a Dios que mi jubilación está cerca".

Aquello fue un primer aviso de lo que luego vendría a ocurrir en la universidad española.

La burocracia acecha a la educación en general y una tarea como la de enseñar se confunde con la de ejercer de funcionario sin más, creatividades demostradas y dignidades adquiridas al margen.

Al profesor universitario ahora se le enjuicia su investigación mediante los rigurosos sexenios ministeriales, se le exige justificación milimétrica de cada uno de sus movimientos científicos y no tan científicos si quiere aspirar a cualquier otro complemento retributivo, se le somete a encuestas de cortísima periodicidad por parte de alumnos recién llegados y ajenos al programa que apenas empiezan a recibir, todo ello después de superar una carrera que entre memoria de licenciatura, tesis doctoral, mínimas publicaciones para consolidar un currículum y primera oposición puede tomarle unos diez o doce años.

Yo creo que esta vez los burócratas van a por él: a por el profesor universitario, reitero. El cerco se cierra de modo implacable. Las leyes estatales y los reglamentos que las desarrollan vuelven con las firmas antes, mientras, después de las clases presenciales, no presenciales, tutorías, consejos de departamento, juntas de facultad, claustros y muchísimas otras convocatorias absurdas a las que se le somete sin tregua alguna.

El Estado en complicidad con los gobiernos autonómos está decidido a culminar su tarea en el escalón educativo que le faltaba. Desalentados y desprestigiados los profesores no universitarios, ahora hay que acabar con los universitarios.

Lo importante no es dar una buena clase o escribir un libro que contribuya de verdad al conocimiento, lo que se exige por parte de la administración es la constancia formal de que se ha entrado a clase -y se ha salido- o se ha editado algo con ISBN y cierto número de páginas.

Controlando la tarea docente e investigadora de una manera coactiva y vejatoria al fin y al cabo se controla y degrada a esa clase intelectual tan molesta a algunos poderes. Y además se estimula el individualismo, la rivalidad malsana, no la leal competencia, y la insolidaridad corporativa.

Ya hay un gran número de docentes e investigadores universitarios que empiezan a preferir su jubilación antes de seguir ejerciendo la profesión que siempre amaron.

El sagrado derecho constitucional a la libertad de cátedra salta cada día hecho pedazos por la mala interpretación que de él hacen las autoridades competentes e incompetentes.

Ese derecho del profesor a enseñar su materia conforme a los criterios y metodología que le parezcan más idóneos ha cedido en el ámbito universitario ante un laberinto de planes de estudio que nunca terminan de consolidarse del todo y que ahora encuentran su cenit en el documento de Bolonia, la panacea educativa de la Europa incapaz de aprobar una constitución que la redima de los meros intereses económicos de su fundación.

Durante el franquismo la universidad española era mala; ahora es peor, más confusa. Algunos incautos sostienen que por lo menos somos más europeos y se regocijan manejando las nuevas terminologías del grado y posgrado, másteres, prácticum, módulos, itinerarios, créditos ECTS, y demás pirotecnia.

Si les digo la verdad, a mí todo esto me recuerda -espero equivocarme- la jerga de la desprestigiada LOGSE: los diseños curriculares básicos, los proyectos curriculares de centro, el currículo abierto, el currículo cerrado, proyectos de intervención didáctica, ejes o contenidos transversales, educación de carácter terminal, de carácter propedéutico.

¿Adónde nos condujo todo eso? A otra ley, y a otra. Y sobre todo a ser el Estado, España, con mayor fracaso escolar de Europa, y a ser la Comunidad, Canarias, con el fracaso escolar mayor de España.

El pasado año y en las páginas de El País, seguí una polémica entre dos grandes universitarios: Ignacio Sotelo y Francisco Bustelo. El primero hablaba de estado de emergencia y lo aplicaba a la situación de la universidad española actual y el segundo intentaba suavizar la discrepancia remitiéndose a nuestra participación en la Unión Europea preocupada por establecer planes de estudio homogéneos.

¿Avanza la convergencia universitaria europea predicada en Bolonia en 1999 y prevista para el año 2010? ¿Han podido influir en la crisis de ese proceso los reveses de la Constitución comunitaria en Francia y Holanda?

Yo sólo percibo una escalada de burocratización repugnante de la vida universitaria y echo de menos algo muy elemental y de lo que hablaba Ignacio Sotelo en su polémica citada: ¿Para cuándo enseñar a nuestros alumnos a pensar por sí mismos, a plantear preguntas y a poner en cuestión el mundo en que vivimos?

Enseñar a pensar en España estuvo prohibido durante casi cuatro siglos por la Santa Inquisición. Nos perdimos todas las revoluciones y las evoluciones sociales, económicas y culturales que Europa disfrutó. Acaso esa desventaja también esté gravitando sobre los primeros centros docentes del Estado. De ese problema trasladado a Canarias hablamos otro día.