Canarias y el Derecho del Mar

 

Juan Cabrera Santana

 

El consenso con Marruecos o la enajenación de un derecho natural1

El problema de una colonia es el de un territorio en que la subordinación económica acarrea la incapacidad política. (...) los movimientos progresistas entre los pueblos coloniales tienden a asumir un carácter nacionalista y de liberación. Son de liberación porque el despertar de su conciencia política considera las ligaduras constitucionales establecidas con la metrópoli como emblema de dominación extranjera.

Derecho de los pueblos no autónomos2  

Leonard J. Barnes

 

Si dejamos a un lado los Tratados dé Alcaçobas y Tordesillas, las islas Canarias nunca se han visto en situación tan preeminente como ahora en cuanto se ha dado la más que posible realidad de que en su mar territorial y zona contigua del Archipiélago Chinijo e islas de Lanzarote y Fuerteventura existan yacimientos de hidrocarburos y, esencialmente, petróleo. Los informes de una de las compañías petroleras concesionarias -Repsol YPF- dan un resultado de las prospecciones más que positivo, y ha de advertirse, por obvias razones de minimizar por su parte la gigantesca operación que se avecina, que dicho resultado esté dado a la baja. Todo ello, ínterin de que alrededor de las demás Islas se descubran nuevos yacimientos.

A través de su historiar en el orden internacional el Archipiélago Canario se ha visto envuelto por serias vicisitudes político-administrativas. Los Tratados con Portugal, antes mencionados, lo conllevaron a cierta larga estabilidad de su situación de coloniaje; no obstante, su devenir lo rodeó de curiosas e importantes apetencias que han ido dentro de un proyecto de venta por parte española y el ojo hostigador de Marruecos hasta intentos de invasión en la guerra con los Estados Unidos y en las dos Grandes Guerras europeas. Dado que a España siempre le ha resultado incómodo evadirlas de su coloniaje, las Islas padecen actualmente la impertinencia de una denominación de ultraperiféricas que las igualan con la fórmula francesa aplicada a sus colonias, disfrazadas de departamentos de ultramar. En este sentido, tenemos idéntico concepto y pertenecemos al mismo grupo que la isla de Reunión, situada en el océano Indico.

Con el descubrimiento reciente de yacimiento de petróleo, el acoso a las Islas toma un nombre que considero dentro de la suciedad y falta de transparencia que ha caracterizado este negocio en su devenir histórico, y en el que, tal el concepto de archipiélago de Estado de las mismas, ni siquiera toman parte dada su marginación. Ello, a quienes conozcamos, aunque sea un poco, la historia de las andanzas financieras petrolíferas y sintamos sentimiento de patria, es cuestión de que nos cause honda preocupación. Jean-Claude Triche, ex gobernador del Banco de Francia y presidente del Banco Central Europeo, recuerda lo que todos los políticos y los financieros saben, o aquellos deben saber: «Debemos realizar progresos para conseguir mayor transparencia en los mercados del petróleo, ya que no funcionan bien y, además, son demasiado oscuros en todas sus circunscripciones: productores y consumidores... Estoy a favor de una mayor transparencia para contribuir a reducir la vulnerabilidad general. Hay que avanzar mucho en este aspecto».3 La solvencia del conocimiento de Triche avala y confirma lo que se ha dicho sobre esta materia4, a la que el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo llamó, «excremento del diablo».

Teniendo, como realmente tiene, trascendental importancia de presente y futuro para el Archipiélago el hallazgo de petróleo -ese envoltorio maloliente y viscoso, tan necesario como nefasto, según se use, a la humanidad-, mas obligados estamos los canarios a una verificación exhaustiva, extensiva en lo general y en estado de imposición en todo momento, en el buen cuidado de que el petróleo canario no se vea sobrecogido por turbulentas ambiciones, imperios económicos totalitarios e intrigas políticas, máxime cuando se palpan tales citados vicios. Ahora mismo, el acoso proviene de REPSOL YPF, España, Marruecos y de los propios políticos canarios, embarcados estos en oscuras maniobras de consenso con los alauitas, que deben de clarificarlas. En caso dado por las Salvajes, hasta Portugal figura en el acoso.

Por supuesto que el análisis del acoso de Repsol admite rápidamente su simplificación. De la compañía petrolera, o de otras de su género que se cuelen en el negocio, podemos decir, sin temor a equivocarnos, su deseo de que todo se desarrolle astuta y sagazmente, como perro que saca por el rastro la caza; de Marruecos, su consuetudinaria urdidumbre de astucia solapada hasta llevar a fructificar en algún momento -ese es su anhelo- sus apetencias sobre las Islas: paciente intemporalidad de ratón que sopla antes de morder.

Ante el proyecto espurio de consenso que se pretende, las posturas españolas y marroquíes son gemelas que buscan convergencia por caminos opuestos. Dada su condición de ser islas de archipiélago de Estado y no islas de Estado archipielagico5, la convergencia figurada se funde en que a España le interesa que sigamos siendo archipiélago de Estado -su archipiélago- y a Marruecos, que no seamos Estado archipielágico. Esta curiosa circunstancia tiene su explicación.

Siendo las Islas de archipiélago de Estado, con arreglo a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -la conocida Convención de Bahía Montego, aprobada y ratificada por España según Instrumento plenipotenciario de 4 de diciembre de 1984- seguirían bajo el coloniaje español y reducirían su territorio tan solo al derecho de cada isla sobre su mar territorial y zona contigua6 -24 millas marinas-, dentro de una configuración para cada una de ellas de espacio individualizado, no de conjunto, a manera de burbujas excluyentes entre si. Las líneas de base rectas serian de trazo insular. Situadas en la plataforma continental de Marruecos, el tan cacareado derecho de paso inocente entre ellas, dado que están enclavadas en mar de este país conllevaría que su control fuera del mismo, quedando para España solamente la fiscalización de ese paso inocente por el mar territorial y zona contigua insulares citados, bien entendido que, a los efectos del Derecho Internacional Marítimo, incluso sería mar español y no canario. Y no digamos nada del espacio aéreo.

Siendo las Islas correspondientes a Estado archipielágico, el caso daría un cambio de rotunda radicalidad de interpretación, muy perjudicial para Marruecos. La independencia del Archipiélago Canario, es decir convertido en nación, de inmediato tendría el apoyo jurídico internacional para desbancar a Marruecos de lo que hoy es su plataforma continental, ya que pasaría a ser plataforma continental canaria, y las líneas medianas o equidistantes territorial y las líneas marinas se impondría por añadidura de la disposición del Convenio de Jamaica, modelo en el que obligadamente tendría que entrar también Portugal, dado el expolio de las Salvajes. Así, tan sencillamente, la nación canaria tendría derecho a su zona económica exclusiva -200 millas marinas a partir de sus líneas de base recta archipielágicas- y lo que la misma conlleva en tierra, mar y aire. Claro está que por la complejidad de sus aguas marinas dentro de su zona económica exclusiva y la relación de ellas con las de otros Estados incluyentes, tendría la necesidad de delimitar espacio con Marruecos, Portugal y el Sahara Occidental, resuelto este su litigio. Este imperativo jurídico geográfico de dilucidación de aguas marinas lo ha tenido España con Francia y Portugal, resuelto con Italia y pendiente de solución con Argelia y Marruecos. Para que observemos claramente la remoralización de España en asunto tan importante, en el Instrumento plenipotenciario antes aludido solo se ocupa del tratado de Utrecht. (Gibraltar es lo primero). España es muy larga en kilometraje ribereño, pero muy escasa en recursos vivientes. Y en resolver con diligencia.

A cambio de esta fácil solución, la terquedad de dos naciones, España y Marruecos, que nos afecta en varios sentidos, se está imponiendo, y de esa terquedad se está aprovechando el mundillo político canario mediante una connivencia espuria consensuada que significa la hipoteca del futuro de nuestro Archipiélago mediante la enajenación bastarda de su derecho natural. Los Principios Filosóficos de los Derechos del Hombre están claramente definidos por la Comisión de la UNESCO para las Bases Teóricas de los Derechos del Hombre:


«El grito de los oprimidos es libertad; el de las victimas de la discriminación, igualdad; fraternidad es el grito del los proscritos; progreso y humanidad son los gritos de aquellos a los que se utiliza como medios en vez de respetarlos como fines».

Compárece estos bellos Principios con la actitud sumisa de los políticos canarios ante una diligencia de consenso colonizadora que considera a los pueblos coloniales como agregados de individuos reprimidos y ofendidos por carencias específicas de privilegio y no como naciones incipientes que luchan por conseguir igualdad legal con los llamados países independientes en cuanto a soberanía y consideración internacional. Los canarios necesitamos políticos inteligentes que, por serlos, lleven la política con dignidad. Por la comparación que voy a hacer que me perdonen los chusqueros honestos que saben llevar su quehacer dentro de sus propias limitaciones en el oficio. No tienen nada que ver con la casquería existente en la política canaria: de campanario, de patio de vecinos.

 

Canarias, abril 2007

1 LA PROVINCIA, sección Firmas, sábado 22 de octubre de 2005, p. 38. El periódico omite el epígrafe Canarias y el Derecho del Mar. La página final corresponde a fotocopia del trabajo publicado.

2 BARNES, Leonardo: Los derechos del hombre. Derechos de los pueblos no autónomos. Ediciones de bolsillo Laia, Barcelona 1976, pp. 367-371. Estudio firmado en Londres en junio de 1947.

3 EL MUNDO, Economía, entrevista de ROMÁN, Silvia, 21 de septiembre de 2005, p.38.

4 En el insertado de La PROVINCIA, al final de párrafo cuarto del trabajo donde dice esta manera, debe leerse esta materia.

5 Conocido el término académico archipielágico, sin embargo el autor usa preferentemente, en cuantas veces se ofrezca, el termino archipielágico.

6 La zona contigua ha perdido relevancia al admitir el Convenio de Jamaica 12 millas para el mar territorial; ha de estimarse con mucha reserva y no podrá extenderse más de 24 millas a partir de las líneas de base. España no ha legalizado su zona contigua a 24 millas que le permite el Convenio de Jamaica, siendo, respecto a este, su posición incompleta. Esta deficiencia afecta a las Islas. El estudioso de la materia José Cervera Pery dice que la ampliación no sería objeto de ningún tipo de protesta, salvo las vinculadas a los problemas de delimitación, lo que podría plantear. Como nuevo espacio. Claro que, dado este recado, el experto se olvida de Marruecos.