La discusión reciente sobre los espacios marítimos que rodean a las Islas Canarias se está llevando a cabo sin un estudio serio sobre la naturaleza de esos espacios.

Se habla con demasiada facilidad de la ampliación de las competencias sobre los espacios marítimos como una ampliación "territorial", mezclando así los conceptos de "territorio" y de "espacios marítimos". La naturaleza de unos y otros espacios es, sin embargo, radicalmente distinta. En el territorio vive la población y sobre este espacio se ejerce permanentemente el poder del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes. En los espacios marítimos sólo habitan los peces y, sobre estos espacios, el Estado ejerce determinadas competencias para la protección del territorio o la explotación de sus recursos.

Esto quiere decir que las autoridades públicas ejercen sobre los espacios marítimos determinadas competencias relativas al control de la navegación, a la disposición de residuos o a la extracción de recursos piscícolas o minerales.

Para el ejercicio de esas competencias se imponen obligaciones, igual que derechos, y las autoridades públicas han de dotarse de medios adecuados como una marina y una aviación con largo radio de acción, instalaciones de radar, una red de comunicaciones internacionales, etc.

La petición de la ampliación de competencias de una comunidad autónoma sobre los espacios circundantes debe, así, ser acompañada de un estudio sobre la capacidad económica de la misma para el ejercicio de esas competencias. ¿De dónde vendrán los fondos para mantener patrulleras de largo radio de acción, aviones de reconocimiento, instalaciones de radar o redes de comunicación para controlar los espacios marítimos?

La Comunidad autónoma canaria ha sido incapaz hasta ahora de proteger los espacios marítimos que el actual Estatuto de autonomía le encomienda, las llamadas aguas interiores, donde continúan la sobrepesca y la descarga de sustancias contaminantes. ¿No sería deseable concentrar nuestros escasos recursos en el desempeño de las competencias que ya tenemos antes que lanzarnos a pedir nuevas competencias en ámbitos en los que sabemos que nuestro gobierno regional no va a poder ejercer sus labores de vigilancia y control?