Abogado
Sr. Don Mariano Rajoy Brey
Presidente del Partido Popular
C/. Génova, 13
28004 - Madrid
Estimado
Mariano:
El día
31 del pasado mes de octubre, la “Sección 2ª de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife” dictó una categórica
y rotunda sentencia, mediante la cual desestimó el recurso de apelación
que había interpuesto la representación legal del constructor de la polémica
finca “El Tagre”, del municipio de Tegueste, don Víctor Rodríguez Rodríguez.
Dicha
sentencia, que ya es firme, de la que te adjunto copia, me absuelve de todos
los delitos que el citado constructor me había imputado judicial y
extrajudicialmente, mediante una inmensa y esperpéntica campaña difamatoria en
contra de mi persona, por haber cumplido con el derecho y el deber -como
ciudadano y como Diputado Nacional, siendo Presidente del P.P. de Tenerife- de
denunciar hechos que consideré, presuntamente, delictivos, como fueron las
amenazas de muerte y las agresiones a la que fue abogada y militante del P.P., doña
Julia Bango Arocha, y, también, las amenazas de muerte hacia mi persona.
Te
adjunto, también, copia de la sentencia, dictada por el “Juez de lo Penal Nº 2
de Santa Cruz de Tenerife”, el 7-02-2006, el cual se pronunció de forma clara y
contundente, exonerando totalmente a mi persona, pues en la misma manifiesta que:
“Respecto
de la conducta del acusado Francisco DE LA BARREDA PÉREZ, de ningún modo sus
manifestaciones efectuadas en sede judicial el día 26 de Marzo de 1999 –
tras haber declarado el querellante Dº Víctor Rodríguez en calidad de imputado
dos días antes– pueden ser tenidas como típicas a los efectos de colmar los
elementos del delito de denuncia falsa por el que se le acusa. No ya
porque sus declaraciones son posteriores a la declaración en calidad de
imputado del querellante, sino porque las mismas vienen corroboradas en
sus aspectos fundamentales por otros testimonios y por el propio reconocimiento
del querellante (...).”
Con
estas dos últimas sentencias en mi poder -las últimas de los diversos
procedimientos abiertos en mi contra, todos archivados de forma favorable a mi
persona- nadie me podrá negar ya que puedo acreditar, fehacientemente, la certeza
de mis denuncias y la injusta conducta que el Partido Popular ha tenido conmigo
durante estos últimos ocho años, pues no sólo no me ampararon nunca contra los
ataques, de diversa índole, por mis justificadas denuncias, sino que, incluso, paradójicamente,
tomaron la incomprensible e injusta decisión de cesarme como Presidente Insular
del P.P. en Tenerife, por el hecho de denunciar -primero ante los órganos del
partido, como era mi obligación, y posteriormente, públicamente, como
consecuencia de los ataque que me realizaron en medios de comunicación José
Miguel Bravo de Laguna, Rafael Hernando, etc.- las amenazas y agresiones a una
compañera y las muy graves irregularidades cometidas por otros militantes, como
sucedió en el caso del ex-Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias, don Alfredo Vigara Murillo. Denuncia ésta que fue corroborada plenamente
por el Fiscal Anticorrupción, el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, tal
como consta en la resolución de dicha fiscalía, de fecha 18-02-2000, en la se
expone, literalmente, lo siguiente:
“Se
aprecia la presunta comisión de un delito de prevaricación en la actuación del
que fue Director Gral. de Industria y Energía, don Alfredo Vigara Murillo, quien a favor de la sociedad “UNIÓN
ELECTRICA DE CANARIAS, SA” (UNELCO), y sin la convocatoria del preceptivo concurso
público, tal como prescribía la Orden de 14 de marzo de 1996 superando
asimismo los límites a la conexión de la potencia eléctrica eólica a la red
eléctrica prescritos en dicha Orden, autorizó en Resolución de 8 de
noviembre de 1996 la instalación eléctrica y declaración de utilidad de un
parque eólico de 1.500 Kw en el Faro de Fuencaliente. Con dicha resolución
y proceder se favorecería a una sociedad "UNELCO" en
detrimento de las demás que pudieran concurrir al preceptivo concurso para la
autorización e instalación del parque y en concreto a la sociedad “SAT VIPLATA” que había solicitado un punto de
conexión a la red para la instalación del parque. ( ... )
Consciente
en la ilegalidad en el proceder se tramitó una Orden de 7 de julio de 1997,
que estableció con carácter retroactivo a la isla de La Palma y en concreto a
la necesidad de procedimiento selectivo a través de concurso público.
De
tal manera, la conducta del denunciado D. Alfredo Vigara Murillo aparece
indiciariamente constitutiva de un delito de prevaricación cometido por el
mismo, en el ejercicio del cargo de Director General del Gobierno de la
Comunidad Autónoma. (...).
Sin
embargo, en sus actos como Director General de Industria, y en concreto en la
resolución anteriormente citada, vulneró de forma patente y con caracteres de
ilegalidad penal el ordenamiento jurídico,(...)PROCEDIENDO LA REMISIÓN
DE LAS ACTUACIONES A LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, que es la competente para la interposición de LA QUERELLA
CRIMINAL QUE ACOMPAÑA A LAS PRESENTES DILIGENCIAS”.
Mención
aparte, y también de suma gravedad, fue el hecho de que, a pesar de mis
múltiples peticiones al P.P. de Tenerife de una “certificación de la fecha de mi destitución como Presidente Insular”,
no me fuera nunca facilitada, a pesar de saber que me era muy necesaria para
ejercitar mi legítima defensa en este último procedimiento penal, del que,
reitero, he sido absuelto, viéndome obligado a tener que solicitar y conseguir la
citada certificación por vía judicial. Es evidente que esa negativa de los
órganos del P.P. de Tenerife no solo me perjudicó al negarme una parte de mis
argumentos de defensa, sino que también conculcó el derecho a no causarme “indefensión”
que, como sabes, recoge nuestra Constitución en su artículo 24.
Considero también que, actualmente, el Partido Popular, ante los casos
de corrupción –muy similares a los que yo denuncié de energías eólicas,
urbanísticos, cohecho, etc.- que están en la mente de todos y que implican y
salpican en Canarias, jurídica y políticamente, a varios cargos públicos del
partido, no está actuando a la altura de las circunstancias que la regeneración
democrática y la decencia y honradez política se requiere, desde hace bastante
tiempo, en estas islas. Honradez y decencia que he tratado de mantener en todos
los actos de mi vida y que, también,
mantuve en toda mi etapa política, en la que desempeñé diversos cargos públicos,
con absoluta lealtad al partido y tratando de ofrecer la máxima eficacia a todos
los ciudadanos de Canarias.
Por
todo ello espero que sepas que fue, en su día, muy ilusionante para mí
incorporarme, al Partido Popular, con el ánimo de poner mi grano de arena en
tratar de renovar el aire de aquella atmósfera, contaminada por numerosos casos
de corrupción, pero también espero que comprendas lo difícil que me resulta
este momento, en el que me veo en la obligación –por todo lo anteriormente
expuesto- de comunicarte mi baja como militante del partido, que abandono con
el pesar y el convencimiento de que si desde el partido hubieran amparado mis
denuncias no estarían hoy procesados tantos cargos orgánicos del mismo y de
instituciones municipales y autonómicas.
Desde otro plano, desde el ejercicio de mi profesión
de abogado, a la que me he dedicado en estos últimos años y a la que pienso
seguir dedicándome en los sucesivos, seguiré luchando por la defensa de los
derechos e intereses legítimos que me continúen confiando los ciudadanos, sin
adscripción desde este momento a ningún partido político, por lo que nadie
podrá atribuir ningún tipo de oportunismo político a mi decisión de abandonar la
militancia en el Partido Popular, extremo que tampoco me preocuparía a estas
alturas de mi vida, inmunizado como estoy por todas las injurias y calumnias,
que he tenido que soportar y que han ido cayendo, volviéndose en contra de los
difamadores, por las múltiples resoluciones judiciales, y, ahora, de forma
definitiva, con las dos últimas sentencias.
Un cordial saludo.