La catástrofe canaria y la oferta ilimitada de
ayudas
José Ramón Arévalo
y Domingo Molina (*)
El fuego se habrá apoderado a
estas alturas de unas 35.000 hectáreas en las dos islas principales del
Archipiélago. Sin embargo no se puede decir que fuese una sorpresa. Los
equipos de extinción de ambas islas tienen un conocimiento exhaustivo del
terreno, están bien preparados, bien equipados y motivados. Los canarios
debemos sentirnos orgullosos de su actuación. En el caso de Gran Canaria, tenemos
que hablar de auténticos profesionales que trabajan todo un año con fuego,
igualmente en Tenerife, aunque parte del operativo recaiga en la contratación
de verano. Aún así, ya se habrán escuchado las críticas. Al final, los culpables
no son los que inician el fuego, sino los que no lo pueden controlar.
Algunos ecologistas y aprendices a ecólogos, como
siempre, han hablado, y como ya suele ser habitual, de forma desacertada y
peligrosa. Incitar al voluntariado a participar en las labores de control de
unos incendios fuera de capacidad de extinción como los vistos en Tenerife y
Gran Canaria demuestra una frivolidad e irresponsabilidad que debería tener
consecuencias. Una cosa es que se cuente con apoyo de algunos voluntarios muy
específicos, conocedores del terreno, y otro llamar a la revuelta voluntaria
en plan ONG. Con las pérdidas materiales que se han provocado y la extensión
de terreno quemado, el que no haya ocurrido ninguna eventualidad personal
grave debe considerarse un gran éxito de los técnicos y operarios que han
trabajado en los dos incendios.
Dado que han salido analistas de incendio y ecólogos
debajo de las piedras realizando comentarios del evento, nosotros nos aventuramos
también. El análisis que realizamos del incendio lo podemos resumir en una
serie de puntos que más valdría considerar para el futuro, y que no vienen a
consecuencia de este incendio, sino a los años que llevamos estudiando el
fuego como elemento de gestión o como elemento intrínseco a la dinámica natural
de un ecosistema como es el pinar:
1.- Los fuegos son naturales, anteriores a las islas
y anteriores a la llegada del hombre. Sus tasas de actuación han sido
perturbadas (tanto espacial como temporalmente), pero intentar librarse del fuego
no es posible mientras tengamos y queramos tener pinar.
2.- Si se asume el fuego como elemento natural del
ecosistema, su uso a través de quema prescrita es una medida de gestión que puede
muy bien acompañar a las ya existentes, siendo más natural y tremendamente más
efectiva dentro de un programa de gestión (que debería ser eso: natural y eficaz).
3.- La preparación de los equipos de extinción debe
seguir como en la actualidad, con una buena dotación y preparación. A ellos se
les debe el que no se hable a estas alturas de una verdadera catástrofe en
forma de pérdida de vidas humanas.
4.- La paradoja del fuego, es decir, cuanto más
inviertes en prevención y extinción, más potente es el fuego que se avecina,
ha sido demostrada en las dos islas. En ambos casos, las zonas quemadas llevaban
más de 20 años sin quemarse, otras repoblaciones no se habían quemado nunca,
un tiempo excesivo, incluso para el pinar canario que tiene una tendencia a quemarse
de copa. De hecho, en estos dos incendios (35.000 ha) se ha quemado la misma
superficie que en los últimos 22 años en toda Canarias. Y ahora es cuanto más medios tenemos, incluso la UME, y dotación de una
brigada helitransportada del Ministerio de Medio Ambiente.
5.- Vivir dentro de un ecosistema de evidente
carácter pirofítico conlleva unos riesgos que los propietarios
deben conocer y aminorar. Cuando el pinar arde, ello forma parte de su
dinámica. Por tanto, las catástrofes sólo son las que afectan a las
propiedades. La pérdida del conocimiento rural ha sido una de las
consecuencias que han favorecido la propagación de los incendios en zonas
habitadas sin mantenimiento contra incendios (cosa que nuestros abuelos no
permitían). La administración debe facilitar e informar sobre esos aspectos:
seguros y obligatoriedad de mantenimiento adecuando de las propiedades.
6.- Las zonas afectadas por una evidente dejadez de
la administración a la hora de mantener zonas de seguridad deben ser indemnizadas
o priorizadas en la recepción de fondos.
7.- Las medidas populistas de ofrecer dinero
ilimitado a los afectados son de muy poca eficacia, y vuelca en la
Administración la responsabilidad privada. En 1998, en Cataluña con el
incendio del Solsonés, se cayó en este error de pagarlo
todo (y más) y se he desincentivado aún más al sector privado de propietarios
en el entorno forestal. Desincentivar la iniciativa privada es un error que
provocará resultados semejantes a los vistos en el próximo incendio que llegue.
De hecho, tal como se plantea en otros países, habría que corresponsabilizar de
los daños de los incendios a los propietarios de terrenos que no los mantengan
dentro de unos estándares de seguridad contra incendios. Las ayudas otorgadas
que intentan paliar la dramática situación deben tener contraprestaciones y
compromisos de los que las reciben.
8.- Los próximos proyectos desde el punto de vista
de la gestión de incendios deberían de ser no en valorar la cantidad de
combustible que tienen los ecosistemas, que como herramienta de prevención de
incendios está bien, sino el valorar la situación de riesgo de todas aquella
propiedades que se encuentran en zonas de pinar, e indicar a sus propietarios
cuales son los medidas que tienen que tomar para reducir el riesgo de incendio.
La información geográfica es muy importante en este punto y se podrían
realizar mapas de riesgo a propiedades privadas, volcando la responsabilidad
de las zonas de alto riesgo en los propietarios.
9.- La máxima de cualquier incendio es la
seguridad. Las evacuaciones producidas en el pasado incendios son medidas
apropiadas incluso cuando el riesgo es bajo. Es este sentido, hay que felicitar
a las fuerzas de seguridad que han actuado en ocasiones con unos habitantes que
se resistían al desalojo (1° 1ue es fácil de comprender
debido al nerviosismo que crean estas situaciones) pero que no deben dudar en
ser contundentes a la hora de aplicar la medida. La colaboración de la población
civil es útil cuando ésta consista en un apoyo al personal profesional de
extinción, pero la toma de decisiones unilaterales por parte de personal civil
puede poner en peligro su vida y la de los equipos de rescate.
Dentro de unos meses el incendio se habrá olvidado,
todos los aprendices a ecólogo habrán dejado de hacer declaraciones, los bosques
volverán a estar verdes y sólo quedarán las pérdidas materiales provocadas por
el mismo. Dentro de unos años el fuego volverá. Si las medidas de protección no
se arbitran en la línea expuesta, nos encontraremos de nuevo escribiendo este
artículo, y quién sabe, a lo mejor no habremos tenido tan suerte como en este
en lo que respecta a vidas humanas, convirtiendo en acertado el término de
catástrofe. En definitiva, menos medidas populosas y demagógicas y más corresponsabilidad
y ánimos a la iniciativa privada. Unos ciudadanos bien informados son capaces
de mucho más de lo que algunos dirigentes piensan o transmiten.
(*) José Ramón Arévalo es
Dr. en Ciencias y Domingo Molina es Dr. Ingeniero de Montes. Ambos
llevan más de una década analizando los efectos de los incendios y la dinámica
del fuego en Canarias, California y Cataluña.
Fuente: La Gaceta de Canarias, 8-08-2007