Continúa la confrontación indiscriminada, como estrategia política, y las falsedades, exageraciones y mentiras, como táctica, para "ilustrar" a los españoles, sobre las calamidades, desgracias y desastres que nos acechan, con un Gobierno socialista encabezado por un peligroso radical, republicano, revanchista y anticlerical que, encima, pretende romper las barreras que impiden el desarrollo de derechos fundamentales, avances sociales y democráticos, a los que se han opuesto, desde siempre, las fuerzas más conservadoras y reaccionarias de la sociedad española, que condenaron a los ciudadanos a un atraso de siglos, sin escrúpulos para derrocar gobiernos democráticos o represaliar a quienes osaran oponerse a sus excesos y de las que parecen querer erigirse como herederos y portavoces enfervorizados una buena parte de los líderes del Partido Popular.

Una prueba más ha sido la bronca planteada por el Grupo Parlamentario Popular ante la Proposicion de Ley de Izquierda Unida, en la que se pretende declarar 2006 como Año de la Memoria Histórica, considerando a la II República como antecedente de la actual democracia, instando al Gobierno a que organice actos de homenaje y la puesta en circulación de sellos y monedas, en recuerdo de quienes defendieron el orden constitucional, violentado por el golpe militar de Franco, fueron víctimas de la guerra civil y de la represión en los 40 años de dictadura franquista.

El portavoz del Partido Popular, Manuel Atencia, calificó la iniciativa de IU de "contraria al pacto constitucional, que intenta imponer una verdad oficial, trata de revisar la transición democrática, divide a los españoles y reabre viejas heridas". El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, calificaba de "lamentable" la incapacidad del PP para conmemorar, con el resto de formaciones políticas parlamentarias, "hechos tan trascendentes de nuestra historia", añadiendo que "la transición significó perdón, no olvido". Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, autor de la iniciativa, catalogó a la II República como "el primer régimen realmente democrático" de España y pidió al PP que no se sintiera heredero del franquismo, sino de la "mejor tradición democrática". El PNV reprochó al PP que intentara poner "al mismo nivel" la República y la dictadura. Señaló que la transición sirvió para que muchos responsables franquistas intentaran "un blanqueo político". El BNG se negó a que se intentara "ahogar el pasado" porque "la historia no es neutra". ERC, que se abstuvo en la votación, por considerar la iniciativa una simple "declaración de intenciones", acusó al PP de llenarse "la boca de Constitución para legitimar el olvido".

La proposición de Ley, aprobada con los votos en contra del PP y la abstención de ERC, pasará al Senado, donde, posiblemente, se podrá aprobar una enmienda transaccional que intentaba aunar las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios, abortada por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular.

Aproximadamente mes y medio antes, la Comision Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que están representados 43 países, condenaba "con firmeza", las "múltiples y graves violaciones" de los Derechos Humanos que se cometieron en España durante los años, entre 1939 y 1975, que duró el régimen dictatorial franquista.

El acuerdo incluye cuatro peticiones al Gobierno español: crear una comisión de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos del régimen de Franco; poner a disposición de los historiadores los archivos civiles y militares, algunos todavia inaccesibles, para poder comprobar el alcance de la represión; organizar una exposición permanente en el Valle de los Caídos, que refleje las terribles condiciones en fue construido por prisioneros republicanos, y erigir monumentos a las víctimas del franquismo en Madrid y otras capitales españolas.

La Comision reclamó al Comité de Ministros del Consejo de Europa que asuma la condena a nivel internacional, declarando el 18 de julio de 2006 como jornada oficial de condena al franquismo. Esta decisión habrá de tomarse en el plazo de dos meses.

Afortunadamente, una buena parte de la sociedad intenta zafarse del clima de confrontación política y la percepción de corrupción generalizada que impide, a las distintas Administraciones públicas, una gestión más eficaz y honesta de los dineros públicos y unas políticas que resuelvan los problemas más acuciantes que gravitan sobre importantes sectores de la ciudadanía.

En la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se pueden encontrar algunos ejemplos de lo que preocupa a los ciudadanos. El terrorismo cede el primer y segundo puesto, en las preocupaciones de los españoles, recuperándolo el desempleo y la inmigración.

Un informe de la Fundación Alternativas, sobre las desigualdades que se evidencian en la educación, presenta un panorama invariable en las últimas décadas. El 72,5 % de los hijos de obreros deja los estudios al terminar la secundaria, mientras el 85% de los que tienen familias con mayores recursos económicos los continúan. Sólo el 27,5 de los hijos de obreros continúa el bachillerato o niveles similares.

Además de la situación económica, en la educación es donde únicamente se observa una diferencia de género, en favor de las mujeres, que aumenta. El 70% de las chicas tiene estudios medios. En el caso de los chicos, sólo pueden acreditarlo el 55%. En Baleares y en las zonas turísticas de Levante y Andalucía sólo el 48% continúa sus estudios. Parece inalcanzable la promesa de Rodríguez Zapatero de que en 2010 el 85% de los jóvenes hayan finalizado el bachillerato o la Formación Profesional. El diferencial con la media de la Unión Europea de los 25 es de 14 puntos. Es la lógica consecuencia del fracaso escolar que venimos padeciendo en los últimos diez años.

En medio de años de pasividad política y, por lo tanto, policial y judicial, ante la invasión y el establecimiento de organizaciones mafiosas, España tiene el dudoso honor de encontrarse entre los países que prefieren a los traficantes como destino para el tráfico de personas que son obligadas a prostituirse o a vivir bajo la explotación laboral, según el informe de las Naciones Unidas. En los últimos dos años, la situación comienza a cambiar, han sido liberadas más de 3.000 extranjeras forzadas a prostituirse y han sido detenidos 1.500 miembros de las distintas mafias, nacionales o internacionales. Pero se hace necesario dedicar más medios policiales y judiciales. Hace unos días, las policías de Francia e Italia han comunicado a las fuerzas de seguridad españolas su temor de que las mafias cambien las rutas de la droga y trasladen su campo de operaciones a su territorio, como consecuencia de la presión a la que están siendo sometidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Otra lacra, acrecentada durante los años de aznarismo, ha sido denunciada por Amnistía Internacional, Intermon-Oxfam y Greenpeace. Según estas organizaciones, en los últimos años, hasta el 40% de las exportaciones de armas de España han ido a parar a países con conflictos regionales o guerras civiles, donde no se respetan los derechos humanos, contraviniendo el Código de Conducta de 1998, de la Unión Europea.

Aunque reconocen avances, en los dos últimos años, siguen produciéndose casos de incumplimiento del citado código de conducta. Se continúan vendiendo armas a Colombia, Sudán o Arabia Saudita, donde los derechos humanos son pisoteados a diario. En cualquier caso, con independencia de la "herencia recibida", los problemas que agobian a millones de españoles, precariedad, siniestrabilidad laboral, sanidad, educacion o seguridad, comienzan a ser responsabilidad del Gobierno actual.