EN EL AÑO 2001, encontrándose al frente de la Consejería de Sanidad Rafael Díaz, los sindicatos representativos del sector, a excepción de Intersindical Canaria, firmaban un acuerdo retributivo para varios años que, como ha venido siendo habitual, centraba principalmente el incremento retributivo en los grupos A y B, al tanto que castiga económicamente a aquellos otros trabajadores que integraban las categorías profesionales más bajas. Con tal operación, la Administración sanitaria avanzaba en su política salarial discriminativa, logrando dos objetivos: mantener y ahondar la peligrosa brecha y división entre dos sectores laborales de la sanidad pública, y por otro, desviar las cuantías que en justicia correspondían a los grupos C, D y E a fines espurios, como, por ejemplo, la financiación de retransmisiones televisivas deportivas. Inmediatamente después, el entonces director del Servicio Canario de Salud, Antonio Cabrera, estableció con Intersindical Canaria un acuerdo verbal para concretar a medio plazo una fórmula de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores peor pagados, pero cuando el borrador de documento ya estaba ultimado para ser firmado por las partes, el Sr. Cabrera, incomprensiblemente, fue fulminantemente cesado, precisamente por quien ahora le sustituye.

A partir de ahí, y durante los últimos 4 años, Intersindical Canaria, habitualmente en solitario, ha venido reclamando resarcir a auxiliares de enfermería, técnicos especialistas, auxiliares administrativos y otros trabajadores de actividades diversas del sistema sanitario público del agravio mantenido durante más de diez años, para que, definitivamente, esos colectivos dejasen de ocupar el vagón de cola de los trabajadores públicos de su mismo nivel de la Administración pública canaria y del conjunto del sistema nacional de salud.

No debe, por tanto, extrañar a la actual consejera, Mª del Mar Julios, el recrudecimiento de un viejo conflicto que no ha creado precisamente Intersindical Canaria, sino que, en solitario, ha ido tejiendo la propia Administración. Al igual que tampoco son los usuarios y pacientes de la sanidad pública los responsables de las listas de espera, la masificación de servicios, el caos de gestión de los hospitales o de las multicarencias de un sistema que se inmola, desgastándose y debilitándose a sí mismo para robustecer a un sector privado-concertado al que se destina más del 30% de inversiones del contribuyente y que el sector público necesita desesperadamente para su propia supervivencia. Y ello sí que pone en riesgo el sistema nacional de salud, no las actuales demandas salariales de los trabajadores.

La política salarial del equipo de la Sra. Julios llega a tal grado de perversión que los salarios que hoy demandan los trabajadores de la sanidad pública van a parar, vía concertaciones, a las suculentas retribuciones que perciben determinados profesionales de la sanidad privada, y de ahí también el permanente escape hacia el sector privado de mano de obra que necesita el sistema público. ¿Son tal vez esas las razones por las que, en palabras de la consejera, no debemos albergar expectativa alguna los trabajadores de la sanidad pública?

La política de sembrar dudas y de plantear envenenadas insinuaciones no es buena consejera para la definitiva resolución de conflictos como el que ahora tiene planteado nuestro servicio público. Intersindical Canaria no juega con cartas marcadas. Al contrario, expone con luz y taquígrafos cuáles son sus posiciones y demandas y advierte de los riesgos de la cerrazón y prepotencia de los poderes públicos. No "faroleamos" con huelgas ni movilizaciones ni montamos porque sí operaciones de desgaste contra personas o instituciones. La resolución del reciente conflicto de la lavandería de la sanidad pública habla por sí sola y define nuestra leal posición cuando, excepcionalmente, la Administración pública asume, coherentemente, sus obligaciones.

La tardía oferta salarial para los grupos C, D y E, ahora motivo de controversia, lamentablemente, sólo se hizo efectiva tras el comienzo de las movilizaciones desarrolladas por los trabajadores e impulsadas por Intersindical Canaria. No sería correcto considerar la actual oferta de aumento de retribuciones como baladí, y somos algunos los que estamos convencidos de que un último movimiento de la Administración podría sentar las bases para un giro en la actual pugna. Pero no hay que olvidar que el conflicto y las posiciones se encuentran hoy donde están como resultado de una errática y arcaica política laboral y salarial de desprecio y desgaste hacia la base laboral de la pirámide del sistema sanitario, y del desdén a la grave problemática salarial de más de nueve mil trabajadores ignorados en su importante misión profesional. Son esos trabajadores los que, también, con indignación, observan la mano siempre abierta y colaboradora del actual Gobierno hacia los enemigos y competidores de nuestro sistema público sanitario.

No sabemos si a los adversarios políticos del actual gobierno de Coalición Canaria favorece o no el actual conflicto laboral de la sanidad pública. No es ése nuestro problema, pero, puestos a especular sobre extraños intereses y manipulaciones, cabe plantearse como sospecha razonable la posibilidad de que la consejera de Sanidad, premeditadamente, esté provocando una radicalización de las posturas y obstaculice un definitivo acuerdo con los grupos C, D y E, como fórmula de presión al Gobierno de Zapatero para favorecer su posición frente a sus actuales demandas de financiación sanitaria para el Archipiélago.

Si no es ése el caso, mejor para todos. Dejemos las escenificaciones, las cazas de brujas y las frases recurrentes y busquemos una salida sin vencedoras ni vencidos. La Comunidad así lo desea y nos lo exige.