UN JUZGADO CONDENA AL AYUNTAMIETO DE
GRANADILLA A REPONER EN SU PUESTO DE TRABAJO A UNA FUNCIONARIA
COALICIÓN
CANARIA EXIGE
“UN JUZGADO CONDENA AL AYUNTAMIETO A REPONER EN SU PUESTO DE TRABAJO A
UNA FUNCIONARIA, QUE HABÍA SIDO TRALADADA PARA CONTRATAR A
El problema, se produjo cuando con fecha 3 de junio de 2005, se dicta
un Decreto por el que se acuerda el traslado de dicha funcionaria a otro puesto
en los Servicios Sociales, quien recurrió esta decisión por considerarla
contraria a Derecho.
El Ayuntamiento alegó para justificar este traslado que las funciones
municipales habían menguado al ponerse en marcha la empresa municipal Grasur, en su
vertiente recaudadora, y que había una plaza de auxiliar vacante en Servicios
sociales.
Sin embargo, la resolución del Magistrado es meridianamente clara
cuando establece que, si bien existe la potestad organizatoria
de
De igual forma,
Luego si no había trabajo como es que seguía trabajando otra persona y
después se contrata a otra más. (…).”
En razón de lo expuesto, el Juzgado anula el Decreto por el que se
acuerda el traslado y reconoce el derecho de la funcionaria a seguir en su
puesto de trabajo del que fue removida.
Todo lo anterior no viene sino a reconocer expresamente, por la vía de
una resolución judicial, que la política de personal que sigue tanto el
Concejal de Personal del Ayuntamiento, Nicolás Jorge, responsable del Área,
como el Alcalde, responsable último del Ayuntamiento se basa en criterios, a la
hora de “premiar” o “castigar” al personal, que no son precisamente de
legalidad, de justicia y de respeto al trabajo de las personas que prestan sus
servicios para el Ayuntamiento.
Por ello, si el Concejal responsable de personal mantuviera algo
integridad política, y después de que un Juez haya reconocido como probado que
su “sospecha” de que fue esta funcionaria quien que filtró los excesivos gastos
en telefonía que mantenía dicho Concejal, (sospecha infundada dado que fue
Coalición Canaria quien destapó el escandaloso gasto del Concejal de personal,
que obtuvimos por otras fuentes), fue la causa de removerla de su puesto de
trabajo, y no las necesidades organizativas del Ayuntamiento, no se mantendría
ni un día más en su cargo.
Parece que se prefiere “contratar” a personal laboral de entre las
filas del PSOE, para que fiscalicen los gastos municipales, antes que a
funcionarios con una trayectoria de muchos años, que siempre ha sido
intachable. Debería recordar el Alcalde y su Concejal de personal que los
cargos de confianza, cuya existencia está reconocida por la propia Ley, están
para lo que están, (y por cierto, cuentan con bastantes en el Ayuntamiento,
algunos de los cuales veremos en las próximas elecciones como interventores o apoderados),
pero no para ocupar los puestos que el Grupo socialista de Granadilla considera
que deben ser “de su confianza”, como es el caso de
No es la primera vez que ocurre que, a funcionarios que simplemente se
limitan a hacer su trabajo, “no se les quiere en determinados puestos”; sin ir
más lejos, hace años, se trasladó a quien fuera Interventor, (un técnico
licenciado en Derecho), para nombrar a otro funcionario (otro técnico
licenciado en Psicología) para el mismo puesto, sin que parezca que esto tenga
mucha lógica, ¿o si?. De igual forma, se ha mantenido
a un funcionario notificador, sin hacer absolutamente
nada durante muchísimo tiempo, mientras sus funciones eran desempeñadas por
personal laboral; ¿alguna explicación razonable? Pues la misma, seguramente.
En cualquier caso, desde Coalición Canaria en Granadilla, consideramos
muy graves hechos que considera probados la referida Sentencia, y le
recordamos al Concejal de Personal que es él quien debe dar este tipo de
informaciones relativas a sus propios gastos de telefonía móvil, que por cierto
le hemos solicitado desde hace bastante tiempo sin obtener respuesta por su
parte. De igual forma, reprobamos la actuación de dicho Concejal, y por
extensión la del Alcalde, que lo permite y lo ampara, con respecto a esta y
a otros funcionarios, así como con parte del personal laboral; asimismo, este
reconocimiento judicial de la arbitrariedad aplicada como único criterio, a la
hora de tomar decisiones en materia de personal, son una muestra de cómo
algunos entienden que sus actos están sometidos a parámetros que no son la
equidad, y de como no parecen mantener la idea de que todo el personal del
Ayuntamiento merece el respeto que, hace años ya, no se les está confiriendo. Y
más grave resulta este hecho, cuando actuaciones como esta vienen de personas
que militan en partidos que mantienen en sus siglas la “O” de obrero, que una
vez más, ha sido arrancada de su anagrama, por actos de quienes se llenan la
boca llamándose progresistas.
En razón de la gravedad de lo que el propio Juzgado ha considerado
probado, exigimos la inmediata dimisión del Concejal de Personal, y en su
defecto, que sea cesado por el Alcalde, puesto que quien ha mantenido conductas
como la descritas, no pueden mantenerse ni un día más al frente de tantas
personas que, al fin y a la postre, son trabajadores al servicio de todos los granadilleros y granadilleras, y
no los empleados de su finca particular, como parece deducirse de su actuación.
Carmen Nieves Gaspar Rivero
Portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla