Conspiración, economía y reformas

Justo Fernández Rodríguez

Los dirigentes del Partido Popular y sus ’hooligans’ mediáticos, mintiendo, manipulando e inventando, continúan centrando su acción de incrementar la crispación política nacional, como única forma de oposición, en la utilización de la organización terrorista ETA en dos direcciones: acusando de "entreguismo" al Gobierno, pese a las evidencias de su falsedad, en referencia al denominado ’proceso’ de fin de la violencia etarra, y prosiguiendo la infame invectiva de la intervención de ETA en los atentados cometidos en Madrid por el terrorismo islamista el 11-M.

He de confesar que, conociendo la personalidad y la capacidad para la mentira de algunos dirigentes del Partido Popular y de la mayoría de los integrantes de la segunda conspiración mediática contra un Gobierno socialista, todo quedó claro cuando pude leer las declaraciones del delincuente, narcotraficante y traficante de explosivos José Emilio Suárez Trashorras, para el que el fiscal pide más de 30.000 años de cárcel, generosamente acogido en las páginas de ’El Mundo’, en una entrevista en la que intentó dejar caer la especie de la participación de ETA en el atentado del 11-M. Esa fue la señal. Habían conseguido retomar las mentiras de Aznar, Rajoy, Acebes o Zaplana, sobre la autoría etarra del atroz asesinato de casi dos centenares de personas.

Sin embargo, un año después, la falsedad de las informaciones del personaje quedaba en evidencia. En una visita de su padre a la cárcel, Suárez Trashorras no tuvo empacho en confesar la trama que estaba detrás de su testimonio: "Mientras el periódico ’El Mundo’ pague, si yo estoy fuera les cuento la Guerra Civil española. Desde que nací. Desde la Guerra Civil hasta ahora. Si te vienen con un chequecito...". Lo que no sabía es que la conversación estaba siendo grabada.

Con algún esfuerzo, quizás voluntarista, hay que esperar que el tribunal, pese a la extraña imposición de un juez, rechazado para el cargo en dos ocasiones, delimite la verdad de los intentos de los ’conspiradores’ de alterarla con fines políticos y electorales. Como ya hicieron en los días siguientes al 11-M.

Sin embargo, la conspiración político-mediática ha logrado un triunfo importante. La situación económica y la política social del Gobierno han pasado a un segundo o tercer plano del debate público, pese a que se han experimentado avances sustanciales, reconocidos por la prensa especializada exterior, los organismos internacionales y los sindicatos.

Solo tres días después de que, según una encuesta del ’Financial Times’, se confirmaba que la mayoría de los ciudadanos europeos elegirían España para venir a trabajar, se conocía que la economía española continúa su racha de crecimiento, por encima de la media de la Unión Europea. El crecimiento real del 3,9%, en 2006, el mejor dato desde el 2000, se ha mantenido en el inicio de 2007. El comisario europeo de Economía y Finanzas, Joaquín Almunia, elevó hasta el 3,7% el crecimiento previsto para este año, muy superior al de los países de la Unión Europea.

Asimismo, la inflación continúa acercándose a las cifras medias de la Unión Europea. El diferencial de inflación con la zona euro, uno de los problemas de la economía española, se ha reducido hasta 0,5 puntos, el más bajo desde principios de 2004. Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, insta a que "el 2,4% actual hay que estabilizarlo e incluso reducirlo". La inflación en enero bajó en todas las comunidades autónomas. El mayor descenso se produjo en Galicia y Asturias (1,2%). La menor caída en los precios se produjo en Canarias (0,3%). Tampoco es mal dato, aunque resulte insuficiente, el incremento de la productividad: un 0,8%, el doble que el año 2005.

Lejos del optimismo triunfalista, el crecimiento económico español, excesivamente apoyado en el sector de la construcción y de los servicios, no está exento de desequilibrios preocupantes que es preciso corregir con urgencia. No pueden mantenerse el elevado déficit por cuenta corriente, los niveles de deuda y la excesiva concentración de inversión en la especulación inmobiliaria, mientras no se incrementa, suficientemente, la inversión en educación, tecnología e investigación, única formula para reducir la baja productividad, después del periodo de gobiernos aznaristas en los que la productividad se basaba exclusivamente en bajos salarios, precariedad laboral y facilidades para el despido.

El optimismo del empresariado español, avalado por unos beneficios récord, supera ampliamente el europeo. Para CC.OO., "los magníficos resultados en creación de riqueza y empleo no deben obviar que la sociedad española está viviendo por encima de sus posibilidades. Así, es preciso articular políticas públicas y privadas que a medio y largo plazo permitan consolidar la mejor posición alcanzada". Se precisa una mayor "coordinación en las políticas de enseñanza y en las del I+D+I en el conjunto del territorio español".

También la UGT elogia el crecimiento, pero considera que "sigue basándose en el consumo interno; en actividades de bajo valor añadido, como la construcción; y seguimos dependiendo del exterior"... "Nuestra productividad sigue siendo baja y hay un claro desfase entre el crecimiento de los beneficios empresariales y los costes laborales". "La mejora en el sector exterior se ha debido a una disminución del diferencial negativo entre exportaciones e importaciones". "La menor contribución negativa de la demanda externa al crecimiento económico puede interpretarse como una cierta mejoría de nuestra competitividad". Igual que CC.OO., la UGT considera imprescindible "reforzar la inversión en actividades económicas directamente relacionadas con el conocimiento y la innovación".

La publicación de las retribuciones del presidente del BBVA confirma las desmesuradas e inadmisibles diferencias salariales en España. Don Francisco González ganó en 2006 un total de 4,48 millones de euros de sueldo. Además, percibió otros 5,2% millones de euros correspondientes al bonus trienal. En total, más de 1.500 millones de las antiguas pesetas. No está mal...

Tampoco es mal dato el aportado por la Seguridad Social. El superávit alcanzó el 1,26% del Producto Interior Bruto y el fondo de reserva de las pensiones alcanza los 40.344 millones de euros.

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero, se aprobó el Proyecto de Medidas en Materia de Seguridad Social, pactado con los sindicatos UGT y CC.OO. y las patronales CEOE y Cepyme, en el marco del Diálogo Social, el pasado 13 de julio. Según UGT, el acuerdo recoge la mayoría de las reivindicaciones sindicales en materia de una mayor protección social, en el camino de recuperar el retroceso sufrido durante los gobiernos de Aznar, en los que se redujo el gasto social, en torno a tres puntos, aumentando la brecha social con los países de la Unión Europea.

Señala UGT que "lo acordado en materia de Seguridad Social debe considerarse conjuntamente con otras iniciativas que refuerzan nuestro Estado de Bienestar: el Acuerdo sobre Protección de la Dependencia; las mejoras en el ámbito de la maternidad-paternidad y de la conciliación de la vida laboral y familiar, recogidas en el Proyecto de Ley Orgánica de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los incrementos en la cuantía de las pensiones mínimas durante la actual legislatura, por unos importes que rebasan, con creces, los habidos en las dos legislaturas anteriores".