«Incompatible con la doctrina católica». Así de tajante se muestra la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la hora de posicionarse contra el plan Ibarretxe. Y por si quedase alguna duda, añade: «Poner en peligro la convivencia de los españoles no sería prudente ni moralmente aceptable».

Para rechazar de plano el plan Ibarretxe, los obispos han recurrido a una nota de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, en la que se recogen amplios párrafos de una instrucción pastoral titulada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, aprobada por la Plenaria del Episcopado en el mes de noviembre del año 2002.

Con un lenguaje claro y directo, los obispos tercian en la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (plan Ibarretxe), un asunto que, a su juicio, «ha suscitado un fuerte debate social y político». Y, sin andarse con rodeos, advierten de que «la pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponde el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica».

Distinguen después los prelados entre nación y Estado. «A diferencia de la nación, el Estado es una realidad primariamente política; pero puede coincidir con una sola nación o bien albergar en su seno varias naciones o entidades nacionales». Y es que «la configuración propia de cada Estado es normalmente fruto de largos y complejos procesos históricos», que «no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares».

Y sentados los principios, la jerarquía católica concluye: «España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable». Para los obispos, el plan Ibarretxe no tiene cabida ni en la moral ni en la Constitución Española, que «es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia». De ahí que mantengan que «pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria».

La mayoría de los obispos -incluida la cúpula de la CEE, con su presidente, cardenal Rouco Varela al frente- está de ejercicios espirituales a las afueras de Madrid. En principio, Rouco no tenía pensado entrar en la liza hasta el día 15 de este mes, fecha en la que se reúne el Comité Ejecutivo del Episcopado, integrado por siete prelados, entre ellos el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte. Pero presionado por el sector más conservador (Cañizares y García Gasco dijeron ayer que el plan Ibarretxe «atenta contra el corazón mismo de la unidad de España» y hace tiempo que auspician un documento episcopal sobre esa cuestión) y por la «temperatura» que está adquiriendo el debate público, consideró oportuno hacer oír la voz de la Iglesia católica. Y con astucia gallega, para que nadie le pueda acusar de que se arroga el papel de superobispo, mandó a la Oficina de Información de la CEE que redactase esta nota basada en un documento aprobado por los obispos hace dos años con sólo ocho votos en contra. Uno de ellos, el del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte.

El voto en la Plenaria episcopal es secreto. Pero, después de la Asamblea, nada más llegar a su diócesis, el obispo de San Sebastián publicó una nota en la que explicaba su voto contrario al texto del Episcopado español y en la que bendecía el plan Ibarretxe. Lo que más le dolió entonces y le duele ahora a Uriarte y a algunos otros obispos nacionalistas es que el documento de los obispos tache al nacionalismo de «excluyente» y ponga condiciones al derecho de autodeterminación.

En efecto, los obispos aseguran que «las naciones no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino [...] La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión». Por lo que, en caso de secesión, la voluntad de independencia «es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social». Dicho de otra manera, un atentado contra la doctrina católica que la Iglesia no está dispuesta a consentir.