Corrupción de
’cuello blanco’
Justo
Fernández Rodríguez
En España se han escrito ríos de tinta
sobre los casos de corrupción urbanística, de costa a costa y de archipiélago a
archipiélago, mientras muchos españoles se preguntan cuándo explotarán los escándalos
de corrupción de su ciudad o isla que son objeto de los comentarios de muchos
ciudadanos y que, en muchos casos, barajan nombres concretos de responsables
políticos implicados y de los, más que conocidos, promotores beneficiarios.
Más del 90% de los casos de corrupción denunciados e investigados tienen que
ver con la connivencia de los alcaldes o concejales con promotores
urbanísticos, cuando no reúnen, en una misma persona, ambas condiciones.
Tampoco los gobiernos autonómicos han sabido o querido corregir estas
situaciones, especialmente cuando tienen el mismo color político que el
ayuntamiento donde se producen las irregularidades. Además, la falta de
competencias del Gobierno estatal, con la actual legislación, impide una
actuación más eficaz que recae fundamentalmente en
En los mismos días, Miloon Kothari,
relator especial de las Naciones Unidas para
La financiación de los partidos y sus campañas electorales es una de las
puertas de entrada para la corrupción. En demasiadas ocasiones, cuando los
cargos públicos muestran un excesivo celo en favorecer intereses empresariales,
anteponiéndolos al interés público, con recalificaciones, licencias,
privatizaciones y concesiones de explotación de servicios públicos o se busca
una financiación partidaria o el enriquecimiento particular o familiar.
Ocurre con frecuencia que, cuando se produce la imputación o la detención de un
cargo público, cuyo patrimonio ha crecido geométricamente, por su posible
implicación en casos de corrupción, en sus diversas modalidades, lo primero que
hace es declararse inocente e inmediatamente considerarse víctima de una
maquinación, por envidias o intereses políticos, del Gobierno, si es de distinto
color político del concejal, alcalde, consejero o presidente de Diputación o
Cabildo. Se recurre a los mejores bufetes de abogados y sus compañeros de
partido e instituciones públicas intensifican las gestiones, ante las más altas
esferas de la judicatura y de la política, para diluir cualquier
responsabilidad. Se limpian las cajas fuerte, los ordenadores y se destruye la
documentación que pueda evidenciar las responsabilidades imputadas y, en último
caso, se inundan los juzgados de documentos que señalan falsas pistas, abriendo
nuevos frentes y nuevas alegaciones, para eternizar la investigación. Se niega
la posibilidad de crear cualquier comisión de investigación, con la complicidad
de otras formaciones políticas, cuyos casos de corrupción aumentan día a día.
Se saca a la palestra a antiguos dirigentes retirados con una gran fortuna,
amasada en los años en que tenían un gran poder partidario o gubernamental,
mientras los centenares de adláteres, enchufados,
protegidos o asesores de nada se lanzan a una campaña, con sistemas propios de
repúblicas bananeras, para defender al ’líder’ de las "agresiones
externas".
Paralelamente, algunos medios de comunicación, escritos, televisivos o
radiofónicos, los más beneficiados, discrecionalmente, en la contratación de
campañas y espacios publicitarios, opinadores
agradecidos y ’líderes de opinión’ subvencionados, se suman a la campaña de
engaño a los ciudadanos.
Lo peor es que algunas veces lo consiguen y personas que, permanentemente,
están criticando la gestión del político acusado de estar detrás de múltiples
negocios o de enriquecerse gracias a su cargo, están dispuestos a luchar contra
los "envidiosos" que pretenden cuestionar su actuación.
Informe de Transparency International
(TI). Coincidiendo con el Día Internacional contra
Con independencia de una referencia más amplia, señalaré alguna de sus
valoraciones y conclusiones que más nos afectan a los españoles.
- Ha aumentado la corrupción en todo el mundo. Se mantiene la percepción de que
los partidos políticos y los Parlamentos son las instituciones más corruptas,
seguida de las empresas, la policía, el sistema judicial y los medios de
comunicación.
- En la mayoría de los países no se considera que la actuación del Gobierno sea
la más adecuada en la lucha contra la corrupción.
En el informe de TI, en el que son analizados 62 países, se considera que las
"acciones gubernamentales para luchar contra la corrupción"
constituyen una decepción: Muy eficaces, 5%. Eficaces, 17%. Ineficaces, 38%. No
lucha contra la corrupción, 16%. Fomenta la corrupción, 15%. No contesta, 8%.
En España, los datos no son satisfactorios, pero han tenido un cambio
significativo en los dos últimos años. Muy eficaces, 18%. Eficaces, 15%.
Ineficaces, 36%. No lucha contra la corrupción, 13%. Fomenta la corrupción,
10%. No contesta, 8%.
Si los comparamos con los de Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia,
Suiza o Dinamarca, podemos estar más que satisfechos.
Pongamos dos ejemplos, Alemania y Francia. Muy eficaces, 0%, 1%. Eficaces, 12%,
14%. Ineficaces, 51%, 45%. No luchan contra la corrupción, 12%, 18%. Fomenta la
corrupción, 19%, 15%. No contesta, 5%, 6%.