Debate, pactos y Estatuto

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Había expectación ante el debate sobre el Estado de la Nación. Desde algunos sectores del Partido Popular se difundían comentarios sobre un cambio de discurso de Mariano Rajoy, restando protagonismo a las mentiras sobre el terrorismo, la "conspiración" del 11-M y demás falacias sobre la "seguridad" de las tropas españolas bajo mandato de la ONU. Pero un día antes del comienzo del debate Aznar marcaba las pautas a seguir y Rajoy las siguió al pie de la letra.


Uno de los hechos más positivos del debate, para miles de españoles, fue el cambio de actitud de Rodríguez Zapatero, respondiendo con dureza a las acusaciones, falsedades, invectivas e ignominias de Mariano Rajoy. Ha desaparecido Bambi. Ha surgido un presidente que no se amilana ante la desvergüenza política de sus adversarios.


No existe duda alguna de la derrota de Rajoy. Ni siquiera El Mundo ha podido manipular del todo los resultados de su propia encuesta: "El líder socialista venció por 12 puntos". Según el Pulsómetro de la Cadena SER, el 47% de los ciudadanos estima que ganó Zapatero y el 24% que lo hizo Rajoy. El PSOE amplía su ventaja, ante unas próximas elecciones, a casi seis puntos.


Se debatían las resoluciones de los distintos grupos parlamentarios, cuando un personaje de especial catadura moral, Eduardo Zaplana, después de exigirle a Zapatero que tenía que demostrar su inocencia por la negociación con ETA -caso insólito en derecho-, en referencia a su promesa de pagar 2.500 euros por hijo comparó al presidente del Gobierno con Franco, sin el menor sonrojo, demostrando hasta qué punto puede llegar su capacidad de cinismo. Sobre Franco y el fascismo, con independencia de sus propios conocimientos, debería pedir información a José María Aznar, antiguo militante de Falange Auténtica, y al presidente de Honor del PP, Manuel Fraga, varias veces ministro de Franco, incluida la etapa más negra de represión contra los que luchaban por la libertad y la democracia.


Si el debate dejó a Rajoy en su justo sitio, las últimas decisiones de Rodríguez Zapatero han liquidado toda esperanza de unas elecciones anticipadas. El pasado viernes, sin la menor filtración, el presidente anunció una remodelación del Gobierno con dos objetivos claros: cumplir los compromisos electorales y preparar los proyectos de la próxima legislatura.


En el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 1982, se establecía un doble tope electoral, insular y autonómico, para acceder al Parlamento. Debería superarse el 20% de los votos insulares y el 3% de los autonómicos.

En 1996, Coalición Canaria y Partido Popular, con la oposición de los socialistas, aprobaron una reforma sectaria, antidemocrática e injusta, con el único objetivo de eliminar cualquier posibilidad de acceso al Parlamento de otras alternativas.


Después de reiteradas críticas sobre la injusticia del sistema electoral, en la clausura del XI Congreso Regional del PP, celebrado en Tenerife, en noviembre de 2004, José Manuel Soria alertaba a los congresistas: "Si algo justifica la reforma del Estatuto de Autonomía es la modificación del sistema electoral. Una cosa es el reparto de escaños desproporcional, para garantizar la representación de todas las islas, y otra, muy distinta, es que el 82% del electorado elija a la mitad del Parlamento y el otro 18% a la otra mitad". Y tenía toda la razón...


Las últimas declaraciones de J. M. Soria, negándose a cualquier reducción de los más injustos, abusivos y sectarios topes electorales, lo sitúan ante sus contradicciones e intereses, muy lejanos a los democráticos. Turquía tiene problemas para que se acepte su incorporación a la Unión Europea. Uno de esos problemas es la necesidad de reducir los topes electorales para acceder al Parlamento. Y no son de 30%, como en Canarias. Los topes legales, en Turquía, son del 10%.


Artículo de José Manuel Soria: "Un nuevo Estatuto de Autonomía no es una prioridad para los canarios; siempre lo hemos dicho. No hay nada tan urgente como la cesta de la compra, la más cara del país, o la tasa de paro, también la más alta de España; o como los salarios, los más bajos"; "o como el sistema electoral, desproporcionado e injusto".


20-6-07. El acuerdo alcanzado por CC y PSC para la renovación del Estatuto fue calificado por J. M. Soria "como el más absoluto fracaso de la regeneración democrática en Canarias". "Se ha olvidado totalmente de la reforma electoral". Definió a CC como "nacionalismo no ideológico, sino mercantil".

Jorge Rodríguez, en aquella época portavoz del PP, reprochó a Rodríguez Zapatero "someterse a los nacionalismos insulares". Sin complejos, acusó al presidente, Adán Martín: "Usted no viene aquí como presidente de todos los canarios. Usted pasará a la Historia de Canarias como el padre del Estatuto más excluyente".

El 5 de mayo último Soria aseguraba que si lograba la presidencia del Gobierno autónomo no apoyaría la reforma del Estatuto, porque, según él, es inconstitucional, resta poder a los cabildos insulares y fomenta la desigualdad social.


Mercedes Roldós lo calificaba de "Estatuto nacionalsocialista, que contribuye a la destrucción de España". No tengo idea de si la nueva titular de Sanidad conocía el significado político de tal calificación. Si no la conoce y es, simplemente, una adjetivación sin ton ni son, también debería consultar con Aznar o Fraga que, con toda seguridad, la informarán de lo que ha significado el nacional-socialismo.


Coalición Canaria, después de, por boca de sus principales jerifaltes, rechazar cualquier modificación o retraso del Estatuto, ha tenido que aceptar como socios de gobierno a quienes más se han opuesto al Estatuto y han votado en contra en Madrid. La amenaza permanente, "no vamos a tolerar rebajas en el debate parlamentario", se ha transformado en una merienda de negros para contentar al PP.


El Estatuto sólo ha sido una excusa. La realidad es que Paulino Rivero, pese ha haber perdido más de 100.000 votos y cuatro diputados, no podía dejar pasar la posibilidad de ser presidente del Gobierno y, ante la negativa socialista a cederle ese cargo, decidió pagar el precio exigido por Soria.


Asimismo, Soria, después del revolcón electoral sufrido en su feudo de Gran Canaria, con la presidencia del Cabildo perdida, estaba dispuesto a ceder en algunas cosas, a cambio de la Vicepresidencia y la importantísima cartera de Economía y Hacienda, desde la que se puede controlar toda la acción del resto de las consejerías del Gobierno. Para ello ha tenido que cambiar su posición sobre el Estatuto y tener una posición más radical, para la reforma del sistema electoral, que la mismísima CC.


El espectáculo de una formación nacionalista, acudiendo a Madrid para que Mariano Rajoy diera su bendición a un pacto de gobierno en Canarias entre Rivero y Soria, con claros objetivos de enconar las relaciones con el Gobierno del Estado, confirma la propia creencia del líder del PP en Canarias, manifestada públicamente, de que Coalición Canaria sólo es un conglomerado de intereses económicos, no una formación ideológicamente nacionalista.