Canarias ha contado en los últimos años con un buen número de escuelas unitarias, escuelas de una o dos unidades. Todas las islas cuentan con escuelas unitarias, incluida la Graciosa. Estas escuelas unitarias se agrupan en los llamados Colectivos de Escuelas Rurales, los CER.

Las escuelas rurales de Canarias aparecen en las noticias, cada vez con mayor frecuencia. No pasa un curso sin que salga la noticia de un cierre de alguna escuela unitaria o de un CER al completo. Este cierre de escuelas rurales es parte de la política de recortes de la Consejería de Educación. Estas escuelas merecerían ser noticia, eso sí, por la labor que desempeñan en la educación de los niños y niñas del medio rural.

Han desaparecido en los últimos años en las islas varios CERs, como el CER de Tegueste, el de Candelaria-El Rosario, el de Garafía, el de la Aldea de San Nicolás o escuelas unitarias como la de Taborno o Valle Jiménez. La amenaza de cierre de otras muchas se cierne sobre ellas. La escuela rural está en peligro de extinción si no le evitamos con la movilización social.

Esas escuelas de nuestra vida, en las que muchos estudiamos la enseñanza primaria, fueron en otro tiempo muy numerosas en las islas y jugaron un papel importante en la educación de varias generaciones, especialmente en las áreas rurales y barrios de la periferia de las ciudades. El proceso urbanizador del territorio, el abandono paulatino del campo con motivo de la implantación de un modelo económico basado en el turismo y una política de concentración escolar en grandes centros conllevó a una reducción drástica de aquellas escuelas.

Hoy sin embargo, la desaparición de Escuelas rurales tiene su causa más inmediata en la política economicista del Gobierno canario. Detraer millones de la Educación pública y de los Presupuestos Públicos para derivarlos a los negocios privados por medio de la privatización de servicios, para engrosar las cuentas de las empresas que se reparten las grandes obras de infraestructura de nulo interés social. Así las subvenciones han ido a parar a los bolsillos de los terratenientes, de las Constructoras e Inmobiliarias, a los importadores de productos alimenticios y de automóviles,...

El Gobierno Canario de CC-PP no tiene una política de fijación de la población rural, de mejora de sus viviendas, de subvención de sus producciones, de atención a las necesidades culturales y por supuesto tampoco a la mejora y continuidad de las escuelas rurales. Como señalaban en un manifiesto los padres de alumnos de la Isla Baja, leído al finalizar su manifestación el 26-9-2002: "Formamos parte de una zona deprimida, envejecida y que se está despoblando de gente joven por falta de trabajo y perspectivas, y se nos regatea en la educación de nuestros hijos, con lo cual la situación se agravará en el futuro".

La calidad de la oferta educativa en estas escuelas esta fuera de toda duda y se vincula a un clima escolar que hace posible una socialización efectiva que protege el crecimiento afectivo de los alumnos y alumnas. La escuela rural aporta a su alumnado en atención personalizada, una relación estrecha con el medio social, natural, cultural,... Eso no parecen entenderlo los responsables de Consejería de Educación. Como muestra de esta "preocupación": las palabras tan profundas y sabias del Viceconsejero, al señalar que "una escuela que no tiene niños para jugar un partido de fútbol no puede ser escuela", "No tienen mayor horizonte que las laderas", "Son escuelas que no socializan". No duda en menospreciar a los padres que eligen una escuela pequeña para los hijos.

Estas escuelas cumplen una función social fundamental en nuestro medio rural. A pesar de la campaña en su contra orquestada por la Consejería, cuestionando la calidad de la educación que reciben los niños y niñas en relación a la escuela grande, y lo que es peor, cerrando una tras otra. Sólo quedan en muchos casos, los edificios vacíos o llenos de trastos.

Las escuelas que la Consejería quiere cerrar son casi los únicos baluartes de cultura con los que cuentan muchos pueblos y caseríos de las islas. En tal caso, sus deficiencias en medio, instalaciones y en personal deben ser asumidos por la Consejería, los Ayuntamientos y Cabildos respectivos, en cada caso, cubriendo adecuadamente y sin cicatería, las señaladas carencias.

La Consejería actúa contra esta escuela con medidas que van contribuyendo a liquidarlas, quitándole alumnos, grupos, niveles educativos. Sin negociación convierte a centros de Infantil-Primaria en escuelas de Infantil y solamente con Primer Ciclo de Primaria (1º y 2º), desvirtuando la normativa de los CERs y rompiendo su estructura. Prohibiendo de hecho a niños y niñas que puedan continuar en su escuela hasta finalizar la Primaria, desarraigándolos de su medio y expulsándolos desde tercero hacia los centros grandes, a los que masifica aún más. Todo ello con el único objetivo de suprimir profesorado, dentro de su política mezquina de recortes de la enseñanza pública.

Los CER deben contar con todos los medios con los que dispone una escuela "grande". No se puede valorar la educación con criterios de rentabilidad. Los valores y el tipo de enseñanza que aportan no pueden ser sustituidos en otros centros. Implementar medidas que contemplen la continuidad de las escuelas rurales es una exigencia que se viene haciendo a nivel social en las islas. Distintas entidades así lo vienen demandando.

Una de las mayores manifestaciones en la isla de la Palma en los últimos años, se convocó con el lema "Defendamos la Escuela Unitaria". En Tenerife se ha constituido recientemente una Asociación en defensa de las escuelas rurales y centros incompletos de la isla, el CERCIT. El Consejo Escolar de Canarias se ha sumado a la defensa de las escuelas rurales de las islas.

En Canarias se demanda desde las escuelas unitarias y desde los sindicatos, una negociación específica de las escuelas rurales, que contemple medidas concretas que reconozcan y fortalezcan su papel educativo, la negociación de un mapa escolar, servicios específicos, ratios y toda una serie de medidas tendentes a garantizar la continuidad de las mismas.

Se exige que se considere a la Escuela Rural o Pequeña como un subsistema educativo específico, y por tanto distinto a la escuela urbana y suburbana a la que hay que aplicar una acción política específica y diferente. Para ello se señalan algunas medidas necesarias, entre otras:

• Una política integral con actuaciones conjuntas de distintas Administraciones (de la UE, centrales, autonómicas y locales) destinadas al fomento y mejora del medio rural y de sus pobladores, contemplando en esos planes a la escuela rural.
• Un tratamiento diferenciado y compensador en infraestructuras, medios, plantillas adecuadas que aseguren la impartición de todas las especialidades y disminución del número de alumnos máximo en cada aula rural, pues estas contemplan grupos con mezclas de distintos niveles y ciclos.
• Una política de fomento de apertura y desarrollo de escuelas en el medio rural.
• El garantizar la escolarización en la localidad de residencia, evitando el desplazamiento y continuo desarraigo del alumnado, promoviendo su proceso educativo en el entorno habitual.
• Una apuesta decidida por el aumento de calidad, por medio de medidas, entre ellas, equipos concurrentes específicos multiprofesionales para atender estas escuelas, una formación específica del profesorado, la promoción de proyectos de innovación dirigidos a las escuelas rurales y medidas de estabilidad de las plantillas docentes de las escuelas rurales.

La Junta de Personal Docente de Santa Cruz de Tenerife, que representa al conjunto del profesorado no universitario de la Provincia, aprobó una resolución en defensa de las escuelas rurales en su reunión plenaria del pasado 10 de diciembre, en la que entre otras cosas se acuerda "exigir a las autoridades educativas que coadyuven a la potenciación de los CER y la escuela unitaria y ante las autoridades canarias el desarrollo sostenible de las comunidades rurales a través de programas integrales que abarquen la economía, lo social y lo cultural, con el fortalecimiento de la escuela rural como núcleo revitalizador del progreso rural, empezando porque en el calendario de negociación de este curso se incluya la situación de los CER como prioridad".

Si esta Consejería continua amenazando la continuidad de la escuela rural, la única respuesta que se merece es la de la movilización social.