Pese a las malas prácticas políticas de CC-ATI-API, muchos ciudadanos en Canarias aún creen o presienten que la democracia es algo más que un conjunto de condiciones para elegir y ser elegido (democracia electoral); o es una manera de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir otros derechos civiles y sociales, de los cuales son portadores los individuos (democracia de la ciudadanía).

Estos últimos años Coalición Canaria (ATI-API) ha registrado un conjunto de reformas que han convertido a la democracia electoral y la economía de mercado en las formas de organización básicas de nuestra sociedad, cuyos resultados han sido muy desiguales.

Al cabo de este período de gobierno de CC se han aplicado las reformas económicas "neoliberales", reconociéndose el enriquecimiento de las islas, pero el PIB per cápita no ha aumentado, y el número de pobres, la desigualdad, el desempleo y la corrupción político-empresarial han crecido significativamente. Es decir, que así como se ha avanzado en los derechos políticos (elecciones libres), hay deficiencias en la aplicación de los derechos civiles (respeto de los derechos ciudadanos y garantías contra los abusos del poder) y hay derechos sociales limitados, porque hay pobreza, desigualdad y desempleo creciente especialmente entre los jóvenes y mujeres, lo que convierte el acceso al bienestar en deficiente.

Por lo tanto, hay democracia electoral pero se carece de democracia de ciudadanía. La primera languidece y pierde relevancia porque se agota en el plano electoral, enfrentando el desafío de su propia estabilidad al coexistir con los retos de la pobreza y la desigualdad: ¿Cuánta pobreza, desempleo y desigualdad resisten las libertades conquistadas con la democracia? La organización de la economía no genera democracia "per se", a menos que exista una voluntad expresa para generar equidad y reducir pobreza, es decir, para crear democracia de ciudadanía. De aquí que la pobreza y la desigualdad no son sólo "problemas sociales", sino también déficits democráticos.

Vengo escuchando muy atentamente estas últimas semanas a dirigentes de CC (ATI-API) decir que no es tiempo de "retales", sino de usar todas las energías disponibles (de ellos), para salir de la crisis que "nos" ha tocado, todos juntos y cogidos de las manos, construyendo la gobernabilidad. Oigo reflexivo a personajes y personajillos de CC, plantear que es el momento de trabajar a favor de la gobernabilidad, la paz política y el consenso; que las ofensas deben quedar como palabras precipitadas pronunciadas al calor y tenor de la política. Preciosas y estimulantes ideas. Lo malo es que también son antidepresivas socialmente y sedantes cuando la situación hoy demanda una ciudadanía despierta y alerta, jamás amodorrada y aletargada.

Admito ante los "dudosos", que en ocasiones, me han seducido con esas "bellas ideas" que invitan a olvidar agravios y amenazas. Quisiera formar parte de aquellos que aún creen a los políticos de CC-ATI-API que gritan, a voz en cuello, que ellos trabajan para construir una "Nación Canaria" en la que todos debemos empujar el carro hacia el mismo norte; que marchemos hacia el horizonte prometedor, en el cual hombres y mujeres de canarias, coloquen por encima del interés partidario e individual el interés general. Esto lo dicen personajes y personajillos que reconvertidos en "neofuncionariado político", medran social y económicamente en el Palacio de Invierno del Gobierno de Canarias.

Pero esos llamamientos a la unidad y la construcción de un futuro común son peligrosos porque con ellos nos quieren pasar de contrabando la impunidad para quienes han cometido (verbigracia Dimas Martín), presuntamente cometen y cometerán delitos económicos y políticos. Siempre el borrón, y nadie paga aquí la cuenta nueva, ni la vieja. Esta actitud perpetúa el ambiente que posibilita la infracción política, la corrupción administrativa incluida. Deviene todo en una espiral: Cada nuevo Consejero amplía y profundiza las barbaridades del anterior, gracias a la certeza de que no será castigado, ya que la oposición dirá que la gobernabilidad está "por encima de todo", y así las irregularidades contra el erario público y la ciudadanía serán archivadas en el libro del olvido, con la etiqueta de "cosas de la campaña" o "la política es así".

La gobernabilidad que se sedimenta en la impunidad y el olvido es débil y no se sostiene rectamente. La gobernabilidad que queremos como ciudadanos es la del diálogo entre actores representativos de la sociedad canaria, pero no compañeros de cama entre los actores políticos. La gobernabilidad que queremos es la de un sistema judicial que actúe contra la corrupción político-empresarial. La que queremos es un sistema judicial independiente, que garantice no sólo la seguridad jurídica a los empresarios honrados, sino también a los trabajadores, a las clases medias, a la ciudadanía en general.

Los gobernantes que queremos en Canarias se remiten a políticas públicas eficaces, eficientes y equitativas. Existen ciudadanos mal pensados que dicen que los políticos se garantizan impunidad y olvido porque de esa manera pueden repetir los mismos delitos que sus antecesores. Desgraciadamente, la impunidad es una calle de doble vía. Por una circulan autos modernos de alta gama, por otra los ciudadanos de a pie. Esas sucias aguas, nos han traído estos lodos.