Carta abierta a Don Carlos Sosa,
Director de "Canariasahora.com"

Me dirijo a usted, en su condición de de Director del periódico "Canariasahora.com", con motivo de la noticia publicada en dicho periódico, en el día de hoy [4-12-2005], que transcribo a continuación:

«ATI Y EL PP CIERRA FILAS PARA QUE NO SE ESCAPE NI UN SOLO VATIO»

«Cerrando filas»

«El decreto de 1996 del que les damos cuenta, está firmado por un consejero nacionalista, José Manuel Fiestas Coll, y tras él se han ido sucediendo una serie de responsables de Industria de los dos partidos que han compartido el poder en Canarias los últimos años, CC y PP. Tras Fiestas, ocuparon la Consejería de Industria José Vicente León, Lorenzo Suárez, Francisco de la Barreda, Alfredo Vigara, Julio Bonis y Luis Soria. Cada uno dejó tras de sí su historia, pero no existe la más mínima noticia de que alguno de ellos exigiera a Unelco la reposición de sus torretas de transporte de electricidad. Dada las claras responsabilidades políticas en presencia, es natural comprobar cómo ATI ha cerrado filas para proteger a los suyos en Tenerife, y muy llamativo que Soria, que se sacude las responsabilidades de los que fueron consejeros de su partido, pida a Adán explicaciones en el Parlamento. Veremos qué cuenta el presidente.»

No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero basándome en la independencia que creo tiene el periódico que dirige, me invita a hacerle algunas consideraciones, que espero y deseo le sirvan para comprender la injusticia de que mi nombre aparezca incluido "dentro de un mismo saco", con los nombres de otros consejeros que han desempeñado el cargo de "Consejero de Industria y Comercio" del Gobierno de Canarias, en la convicción de que ha sido producto de ignorar o no recordar algunas de las actuaciones que llevé a cabo en la etapa en la que desempeñé dicho cargo.

Por el motivo citado anteriormente, me permito la libertad de hacerle las siguientes consideraciones:

Primera.- Con el fin de informarle, lo más escuetamente posible, sobre las causas que me han movido a dirigirle este escrito, debo comunicarle los siguientes antecedentes:

a.- Inicié mi actividad política como candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife, en las elecciones generales de 1996, en el puesto número tres. En dichas elecciones el P.P. consiguió dos escaños por esta circunscripción, por lo cual yo no pude obtener, en esa ocasión, el acta de diputado.

b.- En mayo de ese mismo año, fui nombrado "Consejero de Industria y Comercio", en Mayo de 1996, en la primera remodelación del Gobierno de Canarias, como consecuencia del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular.

c.- En noviembre de de 1996 fui elegido, en el "III Congreso Insular", Presidente del Partido Popular de Tenerife.

d.- En agosto de 1998, dimití, voluntariamente, como Consejero del Gobierno de Canarias, para pasar a ocupar el escaño del Congreso que había quedado vacante, por la dimisión de don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

Segunda.- Desde el mismo instante de mi comienzo en la actividad política, tuve muy claro la intención de gestionar el dinero público con el máximo rigor, tal como lo había hecho hasta ese momento en los cargos desempeñados en la empresa privada, así como dar absoluta transparencia a toda mi gestión, actuando, en todo momento, con total independencia con respecto a cualquier grupo de presión de cualquier signo, máxime teniendo en cuenta que, dentro de las competencias de dicha Consejería, estaban y continúan estando, entre otras, el control de los sectores estratégicos regionales, como lo son, entre otros, todo lo relativo a los carburantes y a la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, además de las ayudas del R.E.A., el comercio interior (licencia de grandes superficies) y exterior y todo lo concerniente a la industria en general.

Tercera.- También, para una mejor comprensión, le relato algunos asuntos significativos producidos en mi etapa de Consejero y Diputado Nacional:

1º.- Mi frontal oposición, por razones única y exclusivamente legales, a la apertura del centro comercial de "Alcampo" en la zona de "La Mareta", en Telde, mediante la presentación del correspondiente recurso, el cual, sin comunicación previa, fue retirado por el entonces Presidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Hermoso Rojas.

2º.- Mi oposición también a la apertura de centro comercial de "Pryca" en S/C. de Tenerife, por no cumplir la "Ley de Comercio" y los "Criterios de Equipamiento Comercial", los cuales fueron modificados, tras mi dimisión como Consejero, a pesar del elevado grado de saturación de grandes superficies en Canarias, para permitir, de este modo, la apertura de dicho centro comercial.

3º.- A título de muestra, cito algunos de los asuntos que centraron mi atención, de manera especial, al frente de la Consejería y que, sin duda alguna, generaron un gran malestar en monopolios existentes en Canarias y en numerosos grupos de presión:

Estas actuaciones y otras que no procede enumerar en este momento, sirvieron de estimulo no solo a los respectivos sectores, sino también a los funcionarios, logrando superar la situación de una Consejería capitisdisminuida, con un presupuesto tan ridículo, cuando me hice cargo de la misma, que no alcanzaba los 7.000 MM de ptas.

Es evidente que dicha política, como ya he señalado, no fue del agrado de los monopolios existentes durante muchos años en estas islas y de otros grupos económicos de presión, que preferían continuar teniendo una Consejería, que siguiera siendo la "cenicienta" del Gobierno de Canarias, a pesar de la enorme importancia de los sectores que están dentro de sus competencias, entre los que se encuentran también los pequeños y medianos empresarios. Temor que fue en aumento, en la medida que fueron apreciando, claramente, una firme y decidida gestión, encaminada a la eliminación de eso monopolios y privilegios, con un espectacular incremento de ayudas a sectores tradicionalmente muy abandonados y al desarrollo de las energías renovables, mucho menos contaminantes, más abundantes y económicas, con importantísimos proyectos, de los que siento un sano orgullo, como son los siguientes:

A).- La "Central Hidroeólica de El Hierro" (4.000 MM ptas., que sería sufragado parcialmente por la UE), única en todo el mundo, que continúa paralizado desde mi dimisión, y que serviría para suministrar toda la energía eléctrica de dicha isla. Proyecto de Central hidroeólica que continúa paralizado, como consecuencia de las presiones por parte de ciertos grupos que seguro usted no ignora.

B).- Inauguración de la primera "Planta potabilizadora con energía eólica en Pozo Izquierdo" (Gran Canaria) que dio lugar a que se firmara, ese mismo día y en ese mismo lugar, la "Declaración de Canarias", que ha sido ratificada por varios parlamentos europeos, con lo que el nombre de nuestra comunidad es, desde entonces, el principal punto de referencia en el fomento de las energías renovables y en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Cuarta.- Todo lo señalado en el anterior apartado, evidentemente, generó el esperado malestar de aquellos sectores que hasta entonces habían sido muy "mimados" por la Consejería y que veían reducir con esta nueva política una importante cantidad de sus tradicionales ingresos, como consecuencia de las autorizaciones, otorgadas durante mi mandato, de importantísimos incrementos de potencias eólicas en Canarias y de la consiguiente repercusión en la producción de energía eléctrica, incluso, por medio de otras energías renovables y también con la entrada de nuevos titulares de generadores de energía eléctrica (ayuntamientos, empresas públicas y pequeñas y medianas sociedades mercantiles) así como la reducción de la producción de fuel-oil en un 70 % (exclusivamente en manos de CEPSA) solamente con la implantación del gas natural para la generación de energía eléctrica en las cuatro principales térmicas que "Unelco" tiene en Gran Canaria y Tenerife, y un largo etc. que no enumero, por considerar que usted conoce muy bien, como lo demuestra, entre otras cosas, la conocida declaración pública del actual Ministro de Justicia en los medios de comunicación y en el Congreso de los Diputados de que "en Canarias se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos" y de que la misma "se corresponde con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tiene que ver con la calidad democrática de Canarias", manifestaciones que comparto plenamente, así como la desafortunada y no por eso, inesperada respuesta de don Paulino Rivero de considerar que dicho Ministro se había colocado al borde del Código Penal, al "hacer insinuaciones, descalificaciones, tirar la piedra y esconder la mano para intentar sembrar dudas sobre la honorabilidad de las personas, de las instituciones y de las empresas canarias".

Solamente por ello, considero que le resulte muy fácil comprender todo el rosario de acusaciones, injurias y calumnias que he tenido que soportar, por cumplir simplemente con mi deber de ciudadano, de Consejero de Industria y Comercio y de Diputado Nacional, de denunciar hechos que han sido, además, probados por la policía, fiscales (incluso por el propio Fiscal Anticorrupción, que aceptó mis denuncias) jueces y tribunales.

Quinta.- Durante mi etapa como "Presidente Insular del Partido Popular de Tenerife" actué del mismo modo, apoyando todas aquellas acciones legales emprendidas por cargos públicos contra actuaciones irregulares, como sucedió en el recurso presentado por los concejales del P.P. en el Ayuntamiento de Tegueste, que derivó en las muy lamentables consecuencias del denominado "Caso Bango", por las amenazas de muerte hacia mi persona y amenazas de muerte y agresiones a la abogada, doña Julia Bango Arocha, que, de forma absolutamente desinteresada, se hizo cargo de la dirección jurídica de los diferentes recursos presentados y también del recurso de casación ante en el Tribunal Supremo, sobre el que me podría extender mucho más ampliamente, en otro momento, en el caso que fuese de su interés.

Los sospechosos comportamientos observados por mí en dirigentes de mi propio partido político, las denuncias verbales y por escrito que realicé dentro del P.P., a nivel regional y nacional, a las que no me dieron nunca ningún tipo de respuesta, y la escasa credibilidad que me ofreció la "Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias", constituida por mis denuncias, me obligó a presentarlas directamente ante el "Fiscal Anticorrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, quién no solo corroboró el rigor de la mismas, sino que exigió al Parlamento de Canarias, que se le remitiese toda la documentación relativa al denominado "Caso Vigara" (al considerar en la resolución del 8-2-2000, que mi sustituto en la Consejería había cometido un presunto delito de prevaricación) a pesar de que el Parlamento había dictaminado, incluso en el pleno, con los votos a favor de C.C. y P.P. y en contra del PSOE, que no había indicios de delitos, sino "irregularidades administrativas" en la autorización del "Parque Eólico de Fuencaliente" a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A." e "imprudencia política" en la concesión del gas ciudad a "GASIFICADORA REGIONAL DE CANARIAS, S.A.", filial también de "Unelco".

Sexta.- No puedo negar que a pesar de la experiencia que he podido adquirir durante muchos años en la empresa privada y en mi etapa pública, me sigue produciendo una profunda preocupación y un gran malestar la actual situación de "rapiña" en torno a la empresa "GASCAN", por parte de personas e instituciones que entonces me negaban la viabilidad de implantación del gas natural en el archipiélago, cuando solamente yo aposté por referido plan, superando todo tipo de obstáculos, introduciendo en las islas la imprescindible diversificación energética, que es, además, más limpia, más abundante y más barata, y también el romper los monopolios existentes. En mi opinión, la situación actual de esta empresa es mucho más preocupante que cuando presenté la denuncia ante el Fiscal Anticorrupción, al concentrar las mayores participaciones accionariales en el negocio del gas natural y en el de la generación y distribución de la electricidad en una sola empresa.

Séptima.- Consecuencia de todo lo anterior ha sido una orquestada campaña de múltiples demandas y querellas contra mi persona, así como de injurias y calumnias proferidas a través de determinados medios de comunicación con la complicidad de cargos públicos y de algunos empresarios, respecto de las cuales, alguno de los órganos relacionados con la administración de la Justicia, no solo no me han amparado en las ocasiones que he acudido en defensa de mi derecho al honor y dignidad personal, sino que dan la sensación y la apariencia que se han prestado a secundar dicha campaña, lo que ha motivado que haya tenido que dirigirme en dos ocasiones, en queja, al Fiscal General del Estado, siendo la última la que se refiere a la arbitraria e injusta acusación a la que me veo sometido actualmente, tal como puede comprobar en la documentación que le adjunto.

Por último, debo manifestarle que todas mis denuncias fueron siempre realizadas siendo Diputado Nacional y que todas las demandas y querellas que me han presentado, incluso, sorprendentemente, por parte de la propia "Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife, han sido archivadas, a excepción de la querella presentada por el constructor don Víctor Rodríguez Rodríguez, que se encuentra pendiente de la celebración del juicio oral, como consecuencia de la temeraria y falsa, por inconsistente, acusación que vuelve a realizarme la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, lo que considero, además de una absoluta injusticia, un ataque frontal al derecho y el deber que tiene cualquier diputado nacional, en defensa del interés social y del estado de derecho al que se debe y ajusta por elección popular, a realizar denuncias de aquellos hechos de los que tenga clara constancia o racionales sospechas de ser constitutivos de la comisión de cualquier irregularidad, e infracción del ordenamiento jurídico que afecte al interés público, con trascendencia penal o administrativa, a la par que, también, le manifiesto el temor de que esas acusaciones contra mi persona tengan una clara finalidad intimidatoria y revanchista (como lo fueron también las amenazas de muerte hacia mi persona, motivo por el cual la Juez de Instrucción Nº 3 me citó a declarar y me realizó el correspondiente ofrecimiento de acciones) con el fin de que desistiera de la firme postura que he mantenido siempre contra la corrupción, tratando, de este modo, invitar a otras personas a hacer lo mismo para que no denuncien ni siquiera un delito que se comete delante de sus propios ojos.

Volviendo al inicio de la presente escrito, debo decirle que estoy seguro que usted no podrá decirme ni un solo nombre de un político que haya denunciado, incluso, ante la "Fiscalía Anticorrupción" las prácticas monopolísticas de "Unelco", motivo por el cual me considero con la autoridad moral suficiente de decirle que considero absolutamente injusto que haya sido incluido en el citado artículo de su periódico dentro del mismo "saco" junto con otros consejero, alguno de los cuales, he denunciado por considerar que había cometido unos delitos de prevaricación.

No debo extenderme más con otras muchas consideraciones, que avalarían muy ampliamente la firmeza con la que actué en todo momento, por encima de las presiones que estoy completamente convencido que a usted no se le ocultan, como cuando firmé una Orden, mediante la cual paralicé a "Unelco" la instalación de torres y tendido eléctrico, como consecuencia de que estaba llevado a cabo las obras correspondientes sin contar, siquiera, con el preceptivo informe de impacto ambiental.

También puedo aportarle recortes de prensa de varios periódicos que en aquellas fechas, recogían, en grandes titulares, en sus respectivas portadas: "UNELCO ESTÁ ESTUDIANDO QUERELLARSE CONTRA FRANCISCO DE LA BARREDA", querellas que nunca interpuso contra mí dicha empresa, pero que, evidentemente, cumplían un claro fin intimidatorio.

Puede tener la seguridad de que tengo muchas más cosas que decir sobre la enorme corrupción que impera en nuestras islas por parte de un grupo muy determinado, y que, por supuesto, no voy a callarme, aunque no lo haya hecho hasta la fecha, por no considerar que haya llegado el momento oportuno, para hacerlas públicas, pero puede tener la seguridad que el silencio que desde hace tiempo vengo manteniendo no lo voy a mantener por mucho tiempo.

Deseo manifestarle también que quedo a su disposición en todo aquello que pueda ser de alguna utilidad para colaborar en tratar de erradicar de Canarias la corrupción a la que he hecho referencia, como creo haberlo demostrado hasta la fecha, no con meras palabras, sino con denuncias concretas, que han motivado, sin duda alguna, las múltiples querellas que me han interpuesto, incluso, paradójicamente, también, la "Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife", querellas que, repito, han sido archivadas, a pesar de haber pagado a los mejores abogados de Canarias y de la península y a muchos medios de comunicación para silenciar mis denuncias y propagar todo tipo de injurias y calumnias contra mi persona, mostrando una absoluta cobardía cuando presenté las correspondientes querellas contra algunos de ellos. Esos mercenarios de la pluma pensaban que iba a sentirme "intimidado" por sus difamaciones, ignorando que sobre mi persona no podían alegar multimillonarios chalets en Tafira u otro tipo de prebendad, pues con independencia de los defectos que tengo como cualquier persona, puedo presumir de haber actuado siempre siguiendo los dictados de mi conciencia, no los que pretendían, incluso, algunos del propio "Partido Popular" y de tener las "manos limpias". ¿Conoce a usted a muchos políticos que puedan decir lo mismo?.

¿Sabe usted que el Sr. Soria, sin ni siquiera oírme, proclamó mi expulsión del Partido Popular" y que sigo militando en dicho partido, a pesar de mis serias discrepancias (Vg. Guerra de Irak) sobre la política de muchos de sus altos dirigentes, porque pude demostrar ante el "Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular", a nivel nacional, que mis denuncias estaban plenamente justificadas?. Me agradaría mucho que, en su momento, el Sr. Soria tenga el valor de aceptar un debate conmigo, que pienso proponerle públicamente, para decirle ante su propia cara, con pruebas, que es él quien desde hace mucho tiempo, tenía que ser expulsado del partido, pero estoy convencido que carece del valor para aceptar el citado debate.

Todo lo cual pongo en su conocimiento, confiado en su recto proceder, a los efectos que usted estime oportunos.

Atentamente,

Francisco de la Barreda Pérez

Santa Cruz de Tenerife, 4 de Diciembre de 2005