Democracia pura, democracia liberal

y democracia de partidos (y II)

 

Carlos Lugo Sosvilla *

La independencia de los estados no se consiguió en el Senado, al que cada Estado enviaría dos senadores, y el dogma nacional, en la Cámara de Representantes, con una representación de diputados proporcional a su población. La democracia liberal quedaba instituida. La temporalidad del poder puso el resto: el mandato de los diputados no dura más de dos años, el de los senadores, seis. Y el primer presidente, Washington, cuyo mandato electivo es por cuatro años, cumplió una reelección, pero a la pretendida tercera por sus incondicionales, a lomo de caballo se escapó a su casa.

Los partidos políticos son de reciente constitucionalidad, siendo en España la vigente la que les hace un reconocimiento expreso, centrando en ellos el pluralismo político y estableciendo la libertad de creación. En todos los regímenes demoliberales, son la base de la democracia representativa, aunque mucho hacen dudar de que lo sean de la liberal, al desplazar de hecho al pueblo como verdadero sujeto de toda soberanía. La ficción de la representación que los partidos políticos asumen, haciendo de los Parlamentos lugartenientes de los diputados, hacen que la democracia sea propiamente de partidos y no del pueblo. El no recibir los diputados mandato imperativo de sus electores, pero sí de los partidos en que militan, con el añadido de la disciplina, funda la democracia en un engaño desde el punto de vista de la soberanía del pueblo, desapareciendo la "esencia y valor de la democracia", como titula Hans Kelsen su universal tratado.

"La abrumadora financiación pública de los partidos presenta una cara positiva y otra negativa", nos dice el tratadista Torres del Moral, y la negativa, del mayor interés, reside en que están cada vez más dentro del aparato estatal, en definitiva componiendo una duplicidad funcional en la que los cargos viven bajo el yugo de una disciplina en la que les va en juego sus medios de vida, siendo esa disciplina sumamente alta en España, al contrario que en Estados Unidos. Y no se presenta otra alternativa que las limitaciones en acumulación y temporalidad, para hacer de la política una función vocacional capacitada y no un refugio de incapacidad. Que los partidos políticos sean expresivos de interés generales, no que el egoísmo sirva de base de los mismos en sus niveles del Estado y de los individuos que los forman.

Si las enunciadas figuras de democracia las reducimos de escala y aplicamos al Archipiélago canario, a las claras se comprendería la inopia política en que vive, al no saber distinguir en su régimen autonómico si se trata de una democracia pura, liberal o de partidos. Y no se precisa ser muy docto en ciencia política para diagnosticar sin ambages que la democracia en Canarias ha llegado, en sus treinta y cinco años de vida, a convertirse en arquetípica de la de partidos. Con las paridades se quería lograr que lo fuera liberal, sin su Parlamento sometido a la dictadura de la mayoría, pero los partidos se han quedado como personajes únicos en la escena política. Y si al centralismo capitalino le suma y sigue el de los partidos, un monstruo como el del lago Ness ha salido a la superficie en la palestra política canaria.

No cabe negarse que la democracia moderna descansa en la organización de partidos políticos, aunque no es menos cierto que la poquedad de su afiliación, junto al abstencionismo electoral, les hace poco representativos de la sociedad civil. Contados dirigentes imponen la dirección sobre los más que, sin opinión ni criterio, obedecen por interés egoísta y no altruista. ¿Se comprende en Canarias que diputados elegidos en la circunscripción de una Isla aprueben dócilmente disposiciones legislativas en manifiesto agravio de la propia y beneficio de terceros?

Cierto que en España se exige nueva ley electoral, y desde esta lejana voz, sin querer incurrir en tautología, repito muy alto que para Canarias tiene que ser distinta, por tratarse de un archipiélago, y no de esa virtual región tan viciadamente dicha por la profesión plumífera. Y por archipielagista y archipielar, sujeto y objeto gramatical del sustantivo archipiélago. La unidad ideológica no puede ir en menoscabo de las peculiares condiciones e intereses que existen en todas y cada una de las siete islas. Sólo se compaginan: "Caldera de Taburiente/Crisol del Teide gigante", como canta la folía.

Merece el Archipiélago de las Islas Canarias que se considere en serio su organización política autonómica y su democracia, donde la autonomía en Canarias esté a la par con la de Canarias. Y mejor se explica con un silogismo: si la premisa mayor es el Estado de las Autonomías, y la menor la canaria, la conclusión o tesis, que someto al leal saber y entender del auditorio sería Canarias de las Autonomías, al conformarse por islas autónomas. O sea, el Estado de las Autonomías es a la Autonomía Canaria lo que ésta debiera ser a la Autonomía en Canarias: Estado Archipielar Canario de la nación española. Para la soberanía del primero media el techo nacional, que sería justo reivindicar cuando se abandonen utopías folclóricas guanchistas y africanistas, y la hispanidad y europeidad de Canarias, unidas en su diversidad, sean divisas de su nacionalismo soberano, demostrando que la plataforma subacuática de sus islas, histórica y jurídicamente, llegan hasta la costa africana y no viceversa. Del nacionalismo de un Archipiélago construido como Canarias de las Autonomías, un siguiente peldaño será el independentismo, pero sin "patria guanche", sino hispana.

Si tuviera edad para ser profeta, predicaría la profecía del Reino de Canarias, que perteneciera a Diego de Herrera e Inés Peraza, vendido en sus islas principales inconquistadas a los Reyes Católicos Isabel y Fernando y las restantes a la abolición de sus señoríos por las Cortes de Cádiz. Que hoy reinara don Juan Carlos I no sería nada malo, al hacerse inimaginable una república bicapitalina nacional y bicéfala presidencial, pero sí un Reino en comunidad de naciones con España, ya que a Canarias no le faltaría personalidad política y personería geográfica internacional para ser Estado soberano.

Fuente: El Día, 9-08-2007