En España, durante las campañas electorales, todos los candidatos, prometen que el Parlamento sera el centro del debate político. Pero cuando alcanzan el poder, en su accion de gobierno, exhiben toda clase de argucias, excusas y triquiñuelas para burlar el control parlamentario. En esta ideseable faceta de la política, José María Aznar brilló con luz propia, a pesar de que, en su programa, prometía que el Parlamento se convertiría en el "foro preferente del debate político, que acercará a la opinión pública los problemas reales de la sociedad". Utilizando, abusivamente, los decretos-leyes y la ley de acompañamiento de los presupuestos, birlaba al Parlamento debates que afectaban a las condiciones de vida de millones de ciudadanos, para beneficiar a amigos o sectores empresariales, cercanos al poder.

Esa política de desprecio democrático y manipulación parlamentaria alcanzó su cénit en la reunión de las Azores, donde, en compañía de Bush y Blair, anunciaron al mundo que en contra de la decisión de la ONU, habían decidido invadir Irak, porque constituía un "peligro inminente para la paz del mundo", "tenía armas de destrucción masiva" y "apoyaba económicamente el terrorismo islamista". Todo, perfectamente orquestado, para ocultar los verdaderos intereses que ocultaban la decisión: controlar las segundas reservas de petróleo del mundo, ayudar a Israel -la nación que más resoluciones de las Naciones Unidas incumple- y otorgar a empresas estadounidenses, cercanas al Gobierno de Bush, la reconstrucción de lo destruido.

Con la complicidad de Rajoy, Acebes y Zaplana y el inexplicable silencio de los demás dirigentes del Partido Popular, Aznar se negó a comparecer ante el Parlamento y, mucho menos, a aceptar que los representantes democráticos de la ciudadanía tuvieran, ni siquiera, la opción de pronunciarse a favor o en contra de la participación de España en la agresión ilegal a Irak.

Evidenciar las mentiras ha costado decenas de miles de víctimas civiles inocentes e indefensas, masacradas y asesinadas por las bombas y obuses de los aviones y tanques invasores.

En España, ha cambiado el Gobierno. El Partido Popular perdió las elecciones y Rodríguez Zapatero, nuevo presidente del Gobierno, cumplió su promesa de retirar las fuerzas armadas desplegadas en Irak. Ha fortalecido el funcionamiento parlamentario y las posibilidades reales de control de la accion del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido su promesa electoral de que el ejército español no pueda participar en conflictos bélicos fuera de nuestras fronteras sin la autorización expresa de la ONU y el Parlamento español.

El Gobierno intentó consensuar el contenido del proyecto de Ley de Defensa con el Partido Popular, sin éxito. Los dirigentes del PP pretendían utilizarla para dar carta de naturaleza al apoyo del Gobierno de Aznar a la invasión de Irak y al envío de tropas españolas.

Con los votos en contra del PP, que se niega a otorgar al Parlamento capacidad de veto para impedir que un gobierno entregado a los intereses bélicos de EE.UU., al margen de la opinión de los ciudadanos, decidiera participar en agresiónes militares ilegales no aceptadas por las Naciones Unidas, el Congreso aprobó la Ley de Defensa. Una advertencia hizo el representante del PP, López Amor. Cuando vuelvan a gobernar aprobarán otra Ley de Defensa.

A partir de ahora, no habrá ningún salvapatrias, autoritario, ambicioso de glorias bélicas y adulón del cacique mundial que pueda decidir personalmente, desoyendo el clamor de millones de ciudadanos en las calles y despreciando al Congreso, que el ejército español participe en la invasión ilegal de un país, en contra de la opinión de la ONU, intentado justificar la masacre de decenas de miles de víctimas inocentes en base a patrañas, mentiras y manipulaciones sobre inexistentes armas de destrucción masiva, falsas conexiones entre el Gobierno iraquí y el terrorismo islamista o inventados peligros inminentes para el mundo, para ocultar los intereses bastardos de Bush y los grupos económicos que lo apoyan en el control de las segundas reservas mundiales de petróleo. Los demócratas españoles estamos de enhorabuena, hasta que gobierne el Partido Popular y cambie la Ley.

El cinismo es una de las características que adornan a muchos políticos. Ángel Llanos, consejero del PP en el Cabildo de Tenerife, anunciaba, despues de una conversación con Mayor Oreja, el apoyo decidido a la construccion del puerto de Granadilla de los conservadores europeos, el "grupo más importante del Parlamento Europeo". Según el fogoso Llanos, como el hongo de los años 50, el puerto de Granadilla, "es bueno para Tenerife, para España y para la Unión Europea". No voy a extenderme en las razones por las que decenas de miles de ciudadanos tinerfeños se han mostrado, mediante recogidas de firmas y manifestaciones contra lo que consideran un pelotazo que beneficiará a los intereses especulativos de determinados personajes y grupos económicos cercanos al Gobierno autónomo, con graves consecuencias medioambientales.

Simplemente, voy a transcribir lo que opinaba el Gobierno de Aznar sobre el puerto de Granadilla, en un informe de 26-1-2000, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, firmada por el subsecretario general adjunto, Carlos Peña, en el que se argumenta que "a los impactos sobre las playas hay que añadir el impacto del vertido de material de relleno o asentamiento del dique, que puede tener efectos negativos importantes sobre algunos fondos marinos, al cambiar el sustrato del mismo". "En cuanto al vertido accidental de fuel-oil, dependiendo de las condiciones meteorológicas, se pueden formar manchas dispersas que podrían llegar a la costa". "Uno de los impactos más fuertes sobre el medio ambiente será el producido sobre el paisaje, pues la zona perderá sus características de paisaje virgen incontaminado, para transformarse en una zona donde las características naturales serán irreconocibles y donde la explotación diaria de las instalaciones portuarias y el tráfico diario de barcos comerciales causarán de forma continua daños a la flora y fauna del entorno terrestre y marítimo".

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Fernando Marín, el 27-1-2000, ratificaba lo expuesto y consideraba lo siguiente: "Los daños directos e indirectos que el citado puerto originaría en varias playas del sureste de Tenerife revisten una importancia extraordinaria, afectando a muchos kilómetros de costa bien conservada, eminentemente turística, con relevante valor medioambiental, paisajístico y de recursos naturales bióticos, siendo de destacar su cualificación como una de las zonas más importantes del mundo en paso y estancia de cetáceos".

"Esta Direccion General muestra, una vez más, su oposición total a la realización de dicho proyecto por las pérdidas irrecuperables que produciría, incluidas sus escasas playas". Juzguen ustedes mismos.