Desvergüenza y desfachatez

 

Justo Fernández Rodríguez

 

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que el 20 de noviembre se instituyera como Día Universal del Niño, consagrado a la fraternidad, la comprensión y el bienestar de los niños del mundo. 52 años después, no puede decirse que se haya avanzado demasiado en los objetivos enunciados. Para más de 200 millones de niños, obligados a trabajar, la violencia física, psicológica, verbal o sexual constituye una rutina diaria que es preciso erradicar. En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia contra los niños en el trabajo, se ofrecen algunas conclusiones que deberían avergonzarnos:


- 218 millones de niños son obligados a trabajar sin protección. En 2004, más del 60% de los trabajadores infantiles realizaban tareas peligrosas en sectores como fabricación de vidrio, minería y agricultura, sin apenas medidas de seguridad y atención médica.


- 5,7 millones de niños son víctimas del trabajo forzoso y servidumbre por deudas, 1,2 millones son objeto de tráfico, 300.000 han sido reclutados por grupos armados, 1,8 millones, menores de edad son involucrados en la prostitución y la pornografía y 600.000 son obligados a realizar actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.


Lamentablemente, en los próximos informes de la OIT volverán a repetirse los abusos y las cifras porque, al margen de las palabras, las promesas y las buenas intenciones, se hace muy poco para resolver los problemas. Existen poderes políticos y económicos que lo impiden.


Desvergüenza

Cuando el cinismo, la mentira y la confrontación sistemática se convierten en el sostén de la acción política de una determinada fuerza, la democracia queda cuestionada. Los dirigentes del PP, para apoyar la denuncia sobre el incremento de la delincuencia, con motivo de la celebración de una Conferencia sobre Seguridad Ciudadana, realizaron un video tremendista, utilizando la mentira y la falsedad, como hicieron en el ’Prestige’, las "armas de destrucción masiva", para justificar la invasión ilegal de Irak, o en el atentado terrorista del 11-M, intentando responsabilizar a ETA por pura conveniencia electoral.


En apenas minuto y medio de duración, el video presenta imágenes de asesinatos, robos, agresiones y vandalismo callejero, para llegar a la consecuencia final: la inseguridad ciudadana es "el gran fracaso de Rodríguez Zapatero". En su monumental manipulación de la realidad, los dirigentes del PP incluyeron imágenes violentas (1996 y 2002) de la época en que Aznar presidía el Gobierno y Mayor Oreja y el mismísimo Mariano Rajoy eran ministros del Interior. Resulta difícil superarse en indecencia política. Pero, se puede lograr. Han incluido, en el video, una batalla campal de narcotraficantes en Colombia (octubre de 2003), como si se hubiera producido en España.


La política contra la inseguridad ciudadana de los gobiernos del PP, siendo ministros de Interior Mayor Oreja, Mariano Rajoy o Angel Acebes, estuvo presidida por la frase del delegado del Gobierno en Madrid cuando, para eludir sus responsabilidades en el incremento de la delincuencia, lanzó una afirmación que se ha hecho célebre: "El que quiera seguridad, que se la pague".


Mientras se reducían los efectivos policiales en 13.000 miembros y descendía la aportación presupuestaria destinada a la seguridad, que pasó del 0,63% del PIB, en 1996, al 0,52%, en 2003, las empresas de seguridad privada aumentaban sus plantillas e incrementaban su facturación un 45%. El Gobierno se convirtió en el mejor cliente de la seguridad privada. Desde 1996 hasta 2002 gastó más de 116.500 millones de pesetas en adjudicaciones a empresas de seguridad privada.


España, en esos años, se convirtió en paraíso para las mafias internacionales. En 2004, Europol, el organismo policial europeo, confirmaba que España era la base de actuación de las mafias europeas, asiáticas y centroamericanas. El Sindicato Unificado de Policía aseguraba que la criminalidad aumentó un 28% durante los gobiernos de Aznar.


Desfachatez

José Carlos Mauricio, consejero de Economía y Hacienda, cuando finalizaba el debate de los Presupuestos para 2007, sin ponerse colorado manifestó que "la mejor Canarias de su historia" había sido gobernada por Coalición Canaria afirmando que todos los indicadores económicos "son muy buenos".


Nadie le recordó que en estos años hemos encabezado las cifras de desempleo, siniestralidad y precariedad laboral; hemos soportado los segundos salarios más bajos de España, mientras teníamos la jornada de trabajo más larga, exceptuando Madrid. Las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad son un 20% menores que las del resto de España. Más de 40.000 ancianos no disponen de las atenciones necesarias y 400.000 canarios sufren pobreza severa.


Que pese a los miles millones de pesetas que recibimos, cada año, para que los precios de los productos básicos no suban, en función de la lejanía, los canarios tenemos que padecer un coste de vida de los más altos del mundo. La cesta de la compra cuesta lo mismo que en Alemania, pero con sueldos un 40% más bajos. Encabezamos el récord de fracaso escolar. El porcentaje de alumnos que a los 12 años ha completado la primaria es el más bajo de España.


Mientras se despilfarra el dinero en obras faraónicas, la sanidad pública parece abandonada a su suerte, en beneficio de la privada. Miles de canarios permanecen días y semanas en los pasillos de las urgencias, desprovistos de la más mínima intimidad, o han de esperar meses o años para que ser atendido por especialistas o para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente. Estos años de Gobierno de Coalicion Canaria son responsables de las mayores desigualdades, de todas las comunidades autónomas, en la distribución de la renta. Mientras el 12% de la población acumula el 38% de la renta, el 88% tiene que repartirse el 62%.


Dos días después de las manifestaciones de Mauricio, un comunicado del Círculo de Empresarios de Gran Canaria alertaba sobre "la pérdida de estos cuatro años de legislatura". Y añadía: "Se nos está llevando a una democracia enfermiza, como consecuencia del enriquecimiento ilícito de algunos" y reclamaba la "urgencia de un cambio de rumbo" y la necesidad de un "Gobierno fuerte y estable que marque los ejes de los próximos años y se comprometa a presupuestarlo y cumplirlo con absoluta imparcialidad".


Dirigentes de PP, PSC, NC y CNN mostraban su acuerdo con la necesidad de una regeneración política y la reactivación del Archipiélago, mientras el Gobierno y el partido que lo sostiene, Coalición Canaria, entre sorprendidos e indignados, reaccionaron duramente. Mauricio acusó a los empresarios de ser "los que más tienen y los que más han ganado en los últimos veinte años", añadiendo que son un pequeño grupo de "ignorantes, llorones y analfabetos económicos". Paulino Rivero mostraba su irritación y acusaba al Círculo de Empresarios de tener un mensaje "coincidente con el de un partido político", querer "jugar a la política sin presentarse a las elecciones" y "pagar los sueldos más bajos y tener los mayores índices de precariedad laboral y contratos basura". Como hiciera Mauricio, repitió su acusación-queja, considerando injusto que precisamente quienes han sido los mayores beneficiados de la política de CC, durante veinte años, ahora busquen alternativas políticas. Resultan sorprendentes estas críticas simplemente cuando se ha gobernado en contra de los intereses generales de los ciudadanos.