ALTERNATIVA POPULAR CANARIA exige la inmediata destitución del Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es intolerable, desde cualquier punto de vista, que en nuestra 'provincia' se nombre comisario a una persona condenada por la justicia española por prácticas de torturas.

El Caso del Comisario Juan Antonio Gil Rubiales extiende una peligrosa sombra de dudas acerca del carácter democrático de la policía en estas Islas. Su permanencia entre nosotros no sólo es un insulto para el conjunto de la ciudadanía, sino también para los propios integrantes de la Policía Nacional.

Alternativa Popular Canaria responsabiliza a Don José Segura Clavel, Delegado del Gobierno español en Canarias y encargado de la actuación policial de los cuerpos especiales destinados en el archipiélago, de los desmanes violentos que de seguro provocará este personaje, anteriormente acusado de pertenecer a la policía política del franquismo, cuya actitud fue incluso denunciada por el propio sindicato de la policía (USP) que en un comunicado referente al comportamiento de este individuo afirmaba que "la policía no puede bajo ningún pretexto exceder su actuación del marco de la ley, y no tolera que su imagen sea manchada por actos como éste" refiriéndose a la tortura y asesinato de Arregui (Madrid, 1981). Entendemos que la acción del delegado de gobierno, fundamentando su paso por el cargo en tales personajes, demuestra que su organización política está lejana a cualquier modelo de progresismo y alineada con el más recalcitrante fascismo, lo que deja mucho que desear cuando hablamos de paz y orden en el archipiélago.

Sucesos como la agresión grave de cuatro fascistas a un joven en las calles de Santa Cruz, publicada en prensa la pasada semana, no eran habituales en esta tierra y, desde APC, nos cuesta entenderlos como casuales. Por ello, repetimos, exigimos desde ahora responsabilidades de lo acontecido y de cualquier enfrentamiento que provoquen actitudes fascistas que regresan a nuestras vidas paralelamente a la llegada de tan siniestro funcionario.

En APC entendemos que un asesino y torturador, condenado por ello, no debería circular impunemente en una sociedad verdaderamente democrática, al menos, nunca seguir en activo. Pero si el gobierno del Estado piensa que debe de seguir en activo, que lo haga a no menos de dos mil kilómetros de distancia de estas Islas.