¿Dónde el racismo?

Jaime Bethencourt

Los puntos de vista expresados por diez profesores universitarios sobre los riesgos que en el comportamiento social pudiese tener el fenómeno migratorio de no ser tratado con la suficiente mesura y prudencia, en lo formal, pudiesen ser hasta coherentes y asumibles. Las objeciones aparecen a partir del mismo momento en que los ilustres catedráticos y licenciados de las dos universidades canarias, como viene siendo habitual en tal controvertido asunto, centran su atención y análisis sólo en un fragmento del conjunto, o si se quiere, prefieren mirar al dedo que señala la Luna, no por torpeza sino por exigencias del guión.

En realidad, la masiva arribada de ciudadanos africanos es sólo la punta del iceberg de un problema de mayor calado, que es la densidad poblacional del Archipiélago, cuyo desmesurado crecimiento, aunque se omita, no dudamos también habrá sido motivo de estudio docente por alguno de los profesores intervinientes. Dicho más claramente, a partir de los datos de la población nativa del Archipiélago con un crecimiento a considerar como natural, el anómalo incremento demográfico ha tenido sus causas en los ciudadanos provenientes de múltiples latitudes, incluida la Europa comunitaria, de cuya suma resultante los llegados en pateras y cayucos, ciertamente, ocuparían el menor número, aunque determinados y subjetivos analistas insistan en centrar el problema en la negritud como fácil y oportuna pretexto para, luego, remarcar pretendidas e inexistentes actitudes racistas o xenófobas y, de paso, desembarazarse de análisis de mayor compromiso sociopolítico.

Para centrar correctamente el debate, la avalancha o el movimiento migratorio que desde determinados países africanos se dirige hacia Canarias ha puesto al descubierto las connotaciones colonialistas con las que el Gobierno de España ha pretendido dar solución a esta última fase de preocupante fenómeno migratorio. Las "doctas" proclamas universitarias, dirigidas por el profesor y presidente del Consejo Económico y Social, don José Luis Rivero, llegan a destiempo, tras muchos meses de silencio en que varios miles de inmigrantes del castigado continente han venido siendo deportados del territorio canario sin que el Estado español y su Gobierno, en su tan cacareado principio de solidaridad, hayan procedido, por propia iniciativa, al reparto o distribución de los irregulares por la geografía hispana o europea como fórmula que amortiguara la presión sobre los limitados recursos asistenciales y de infraestructuras existentes en las Islas, al tanto que mejorasen la disponibilidad de medios para atender a los irregulares. En coherencia, y en su caso, las actitudes xenófobas no hay que buscarlas en el Archipiélago sino en aquellas otras instancias estatales y europeas que, tras blindar y fortificar su frontera sur para evitar el acceso de los "indeseables" negros, planifican vías alternativas para asignarle a Canarias la condición de territorio de deportación de inmigrantes con la ya conocida sobresaturación de las precarias e improvisadas instalaciones destinadas a tal fin. Por lo que por su contenido expresan, haremos sólo referencia a dos "perlas" dialécticas ministeriales: la del ministro de Defensa, cuando afirmaba que la rehabilitación de las dependencias militares de Las Canteras para el depósito de inmigrantes era una cuestión de defensa nacional, o aquella otra del ministro del Interior, manifestando su despreocupación porque los inmigrantes no podrían escapar de las Islas. ¿Marcaban distancias los miembros del Gobierno entre su "territorio nacional" y Canarias como colonia africana y prisión cercada por mar?

Sinceramente, hubiese sido ésta una buena oportunidad para que tan ilustres sociólogos, economistas y geógrafos nos diesen a conocer sus propuestas para invertir los alarmantes indicadores demográficos de cada una de las islas y el número de foráneos regulares e irregulares asentados en ellas; o hasta dónde llega, según sus previsiones, la capacidad de carga y resistencia de nuestro limitado y vulnerable territorio y en qué situación nos encontraremos en diez años de continuar la actual tendencia de masiva y letal generación de residuos, expansión incontrolada de asfalto y cemento, emisión de CO2 a la atmósfera y el riesgo cierto de desertización ya advertido por diversos estudios. Y es este un problema de saturación poblacional y supervivencia social en la que poco importa la procedencia, color o nacionalidad de los foráneos que, por mar o aire, legal o clandestinamente, llegan a estas latitudes.

No nos parece ético que desde falsos preceptos sean ahora los mencionados universitarios los que vuelvan a insistir en comportamientos y actitudes xenófobas, pretendiendo, tal vez, equiparar consideraciones como las aquí expuestas con situaciones aberrantes como la vivida recientemente en el Sur de la Isla, en la que un grupo de descerebrados ultraderechistas arremetían contra la inmigración de color.

En el presente desvarío de discursos seudosolidarios y de utópica acogida, planteados por colectivos antixenófobos, núcleos universitarios y hasta medios de comunicación, éstos no han sido aún capaces de plantear otra propuesta diferente a la ya conocida de ayuda a los países en situación de subdesarrollo. Pero, entre tanto, el sistema capitalista se decide o no a hacerse el haraquiri o un movimiento revolucionario de alcance internacional pueda modificar las actuales reglas de juego impuestas por los explotadores a explotados, ¿qué hacemos en Canarias?

Nos da la impresión de que el resabio de determinados colectivos en su miope reivindicación de acogida y refugio para todos esconde también un inconsciente tic de complejo de colonizado por el que creen ser merecedores del desprecio exterior hacia sí y su propia Comunidad, olvidando incluso las graves carencias sociales de su entorno y la existencia de cerca de 400.000 pobres repartidos por las siete islas. Y esta consideración la hacemos porque, mirando al área responsable y cómplice de las miserias del Tercer Mundo, Europa no ha dudado en dotarse de una férrea e inflexible legislación en materia de acogida a la inmigración; en pasadas "avalanchas" de inmigrantes en la frontera sur española se han llegado a utilizar armas de fuego como medida disuasoria contra los marroquíes; Gobiernos como el de Malta han impedido con cañoneras el acceso a su territorio a inmigrantes víctimas de naufragios; o en Andalucía, sindicatos como CCOO se han manifestado sobre las negativas consecuencias que la llegada de la inmigración ha tenido para las condiciones laborales de sus afiliados con el drástico abaratamiento de la mano de obra y la elevación de la precariedad laboral. ¿Algún colectivo social ha levantado su voz para denunciar presuntas actitudes xenófobas en esta apurada relación de reacciones contra los inmigrantes que se han sucedido, no en Canarias, sino en el ámbito territorial de la extensa, culta y rica Europa?

Por tanto, no parece descabellado ejercer el derecho a disentir de la política que en materia de inmigración nos vienen imponiendo España y sus gobiernos, al igual que es del todo coherente resistirse a aceptar la condición de zona de deportación de aquellos ciudadanos que Europa y España no quieren. Es legítimo negar una política migratoria que, aunque dotada de patente de legalidad europea, posibilita e induce a seguir multiplicando una densidad poblacional que, de continuar, liquidará el medio en el que actualmente vivimos.

De asumir las posiciones que algunos "iluminados" insistentemente proponen, sería tanto como admitir el tratamiento racista y xenófobo que Europa y sus gobiernos pretenden hacer recaer sobre la minoritaria y arrinconada población canaria, para, pasivamente, observar también la definitiva desaparición de unos rasgos culturales y nacionales de una Comunidad como la canaria que, auque para los observadores del dedo que señala la Luna, pasen inadvertidos, dan mayor valor y diversidad a la denominada "aldea común", de la que también queremos continuar siendo parte.