LOS DUPLEX DE HOYA POZUELO

Mafersa *

 

La noticia ya la conocíamos todos: La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha anunciado el derribo de 21 dúplex de Hoya Pozuelo, en la Playa de la Garita, T/M de Telde en Gran Canaria.

 

Una sentencia de 2004 confirma que esas viviendas ocupan suelo protegido por estar a menos de cien metros de la línea del mar donde Costas tiene prohibido construir.

 

Pero olvida la mencionada agencia que, por la misma Ley de Costas, y específicamente en el Artículo 12, Capítulo 3,  Punto 4 se dice “cuando los interesados en un expediente aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran ser incluidos dentro del dominio público, el órgano que trámite el expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador par que este practique una anotación marginal preventiva de esta circunstancia”.

 

Así pues, observamos aquí como la misma entidad que omitió su obligación de poner en conocimiento del registrador que las mencionadas viviendas se encontraban parcialmente dentro de los 100 metros desde la línea de ribera, es quién quiere ahora derribar las 21 casas, unas enteramente y otras parcialmente.

 

Es como si comprásemos una casa y después de estar habitando en ellas unos años, nos dicen que tienen una carga por el importe total de la misma, que la tenía ya cuando compramos, pero que se olvidaron avisar para que la anotaran en la escrituras.

 

¿Qué potencial cliente se hubiese atrevido a comprar un dúplex en el que figurase en el registro que está sometido a un expediente por ocupación de suelo público?

 

¿Pero no es más cierto que dichas viviendas se hicieron con las licencias y permisos pertinentes y favorables, tanto por parte del Ayuntamiento de Telde como del Gobierno autónomo, a través de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente?

 

¿Pero no es esta misma Consejería la que quiere demoler las casas?

 

¿Pero no son los mismos que van a aprobar 3.000 viviendas sin licencia en todo el municipio de Telde, los que pretenden "legalizar" 30.000 viviendas situadas en distintos parques naturales, o los que ya “legalizaron” a otras 30.000 viviendas sin licencia?.

 

¿Y son incapaces de legalizar las 21 construcciones de Hoya Pozuelo, que poseen licencia municipal, y su correspondiente ratificación por parte del Gobierno de Canarias?

 

¿Pero es que acaso estas viviendas se hicieron en una noche, con nocturnidad y alevosía para el medio ambiente?

 

¿Pero es que no existía la obligación por parte de los técnicos de Política Territorial y Medio Ambiente de vigilar si la obra reunía las condiciones que le son de su competencia? ¡Ah, claro!, es que tenía permiso favorable de dicha Consejería, por eso no se vigiló.

 

Todo parece indicar que se trata de una venganza político-empresarial contra el promotor Jaime Cortezo, principal apoyo de la candidatura de Ángel Luís Tadeo a la Cámara de Comercio, y de la de Román Rodríguez como bisagra del cambio político.

 

¿Pero como se puede esperar a que las viviendas estén acabadas, ocupadas y sus propietarios asentados en el barrio, para venir ahora a hacer efectiva la orden de desalojo y derribo?

 

¿No se dan cuenta los políticos y funcionarios con competencias en este asunto que si bien los vecinos compraron unas casas, ahora lo que se pretende tirar son hogares?

 

No es lo mismo tirar viviendas cuyas familias propietarias ya se han familiarizado con el entorno, han hecho nuevas amistades con sus vecinos, los niños están matriculados en los colegios del barrio, seguramente algunos cabezas de familia, si no los dos, compraron allí por su cercanía a sus puestos de trabajo, o cambió de empresa por otra más cercana a su nuevo hogar.

 

Pero ¿Por qué siempre han de pagar los mismos, los más débiles?

 

Y todo ello cuando aún no existen pronunciamientos a varios contenciosos interpuestos.

 

Sería lamentable que después de haber sido eliminadas dichas viviendas, el resultado de algún contencioso fuese que no había razón para haberlo hecho o que se podría haber acogido a alguna solución que hubiese permitido conservar dichas viviendas.

 

A todo esto, las casas colindantes con los dúplex objeto de este artículo y que se encuentran construidas antes de la Ley de Costas, están separadas de las rocas de la costa solamente por el paseo marítimo.

 

La obcecación interesada por la aplicación de la Ley les va a impedir hacer JUSTICIA, así, con mayúsculas.

 

A todo esto ¿Algún Organismo oficial se ha declarado responsable y ha comunicado a los propietarios que les van a indemnizar, no solo por el importe de sus viviendas, sino por los sofocos recibidos?

 

Estaremos al tanto de este lamentable asunto, y prometo que no estaremos quietos ni callados si se pretende semejante desatino contra unos vecinos de La Garita, que, no sólo ya están siendo desangrados por el aumento incesante de los intereses de sus hipotecas, sino que ahora, encima quieren quitarles sus casas.

 

Las Federaciones de Asociaciones de Vecinos estaremos atentos. Los vecinos de Hoya Pozuelo no están solos.

 

¡Y todo ello, a escasos tres meses de las elecciones locales!

 

(*) Mafersa  es Manuel Fernández, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos El Real de Las Palmas y miembro de la Cavecan (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Canarias)