LOS DÚPLEX DE HOYA POZUELO

Y EL GOBIERNO DE CANARIAS

 

Manuel Fernández  *

 

Las recientes declaraciones del portavoz del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, sobre la demolición de los 27 dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde, Gran Canaria, atribuyéndole al Ministerio de Medio Ambiente la incoación de los expedientes y competencias en la materia, negando la participación del Gobierno de Canarias en este asunto, ha sido categóricamente desmentidas por el Ministerio, aclarando los siguientes puntos:

 

1.     “…Las viviendas no están construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre, sino sobre terrenos privados situados dentro de la franja de 100 m. contados a partir de la rivera del mar…”

 

2.     “…Los expedientes sancionadores abiertos contra varios chalets en esa zona litoral fueron incoados y resueltos, por la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias…”

 

3.     “…La apertura de dichos expedientes responde a la competencia del Gobierno de Canarias y no del Ministerio de Medio Ambiente…”

 

4.     “…No se “ajusta” a la realidad la afirmación del portavoz del Gobierno, de que desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias se han intentado soluciones con la Demarcación de Costas para evitar el derribo, pues eso no ha sido así en ningún momento, no tampoco hubiera tenido sentido, pues la competencia para la gestión de esa zona es del Gobierno de Canarias, y no del Ministerio del Medio Ambiente.”

 

5.     “…Por lo tanto, no solo no es cierto que el Gobierno de Canarias no tiene la competencia para articular u ordenar el derribo en esa zona, sino que ha sido el Gobierno de Canarias quién ha ordenado el derribo de las viviendas…”

 

6.     “…Con respecto a la advertencia del portavoz del Gobierno de Canarias de que eso tiene una solución posible, si fuera así, estaría en pleno ámbito de las competencias del Gobierno de Canarias, alcanzar la pretendida solución, pero en ningún caso tendría atribuciones para ello la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente…”

 

Hasta aquí las declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente, a las que, simplemente, podría haber hecho referencia a ellas, pero que las considero de tal gravedad que he preferido repetirlas, en detrimento de la extensión de mis observaciones sobre las mismas.

 

Esto es lo que yo, después de leer las declaraciones del Ministerio varias veces, porque me costaba creérmela,  entiendo:

 

¿Me está diciendo el Ministerio que el portavoz del Gobierno de Canarias ha mentido a todos los canarios, pero muy especialmente a los afectados de Hoya Pozuelo, cuando ha manifestado que los dúplex fueron construidos sobre dominio público marítimo-terrestre?

 

¿Ha mentido el portavoz, en nombre del Gobierno de Canarias, cuando manifestó que fue el Ministerio de Medio Ambiente quién incoó los expedientes de derribo, cuando la realidad, según el Ministerio, ha sido la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano, dependiente del Gobierno de Canarias?

 

Mucho más grave aún ¿Ha pretendido el portavoz de Canarias engañarnos a todos los canarios cuando manifiesta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha intentado, infructuosamente, soluciones con la Demarcación de Costas para evitar el derribo, cuando las competencias para la gestión de esa zona es del Gobierno de Canarias y no del Ministerio de Medio Ambiente, de quién depende la Demarcación de Costas?

 

O sea,  primero, el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Protección Natural y Urbano, incoa el expediente de derribo de las casas, para, posteriormente, inculpar al Ministerio de Medio Ambiente, y, en el colmo de la manipulación de los sentimientos de los perjudicados, manifiesta que ha mantenido conversaciones con Costas para resolver el expediente que ellos mismos incoaron, cuando esto realmente nunca sucedió.

 

Pues si ellos han manifestado que existe solución al problema, que lo gestionen, pero aquí, en Canarias, y ahora:

 

Que no culpen al Ministerio cuando las competencias son del Gobierno de Canarias.

 

Cuando han sido ellos quienes han incoado el expediente.

 

Cuando ha sido el Gobierno de Canarias quién, por lo que interpreto, ha mentido a todos los canarios.

 

Cuando, con piel de cordero, manifiesta que hay solución al problema y que ha mantenido conversaciones infructuosas con Costas, siendo, por lo manifestado por el Ministerio, una grandísima mentira,

 

Cuando,  bajo dicha piel se esconde en realidad el lobo, que, probable y presuntamente, por no decir más, rivalidades políticas, incoó el expediente de derribo, sin tener la más mínima consideración con las familias que allí viven, a las que han tenido con la espada de Damocles sobre sus cabezas durante demasiado tiempo.

 

Solicito desde aquí, al gobierno de Canarias, que se depuraren responsabilidades,  y, entre las medidas que se tomen, si se toma alguna, espero que esté la de la dimisión o cese del portavoz del gobierno, aunque, al menos a mi personalmente, no me basta que solamente sacrifiquen al mensajero.

 

Por supuesto que el Gobierno de Canarias podría solucionar este problema, claro que existen soluciones, lo han manifestado ellos mismos, todo es ponerse de acuerdo, pues el caso es infinitamente menos difícil que el planteado en el último Pleno del Parlamento de Canarias de la legislatura anterior, donde nos hicieron comulgar con ruedas de molino, ¡que digo!, con molinos enteros: aerogeneradores con torres incluidas, (imputación de la responsabilidad en el caso “Eolo” a un civil, que, además, militaba en el partido que estaba en la oposición en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo).

Tampoco ignoro que existe sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que solo solicito que haga lo mismo que en el caso del edificio donde se ubica la Supercomisaría de Las Palmas de G.C., totalmente ilegal cuando se construyó, tanto que hubo que cambiar el Plan General Municipal de Ordenación de la Capital para que fuese legalizable, y que si no se tiró fue porque “ya estaba hecho”.

 

Porque…, sinceramente, no creo que vaya a producirse un agravio comparativo, por aquello de la imparcialidad de la Justicia, y si no se tiró un edificio de uso administrativo, donde no vivía ninguna familia, y que era 100% ilegal, no se va a tirar ahora unas viviendas que solamente incumplen en un % muy pequeño con respecto a todo el conjunto, que se encuentran habitadas desde hace años por 27 familias, sean canarias, o no, habiéndose convertido en sus hogares, lo que nunca ha sido ni lo será jamás, la Supercomisaría.

 

* Mafersa