EDITORIAL - El Día, 10-06-2007

 

 Radicalismo e independencia, no;

soberanía y justicia, cuanto antes

 

Ni radicalismo ni independencia total: soberanía y justicia. Dignidad para vivir sin amos, ser nosotros mismos con lazos de parentesco propios del siglo XXI.

Las prisas suelen ser malas consejeras, sobre todo cuando se trata de analizar y reflexionar acerca de propuestas y opiniones que aparentemente se salen de lo habitual. Es el caso de un lector que amablemente nos ha hecho llegar una carta en la que muestra sus sorpresa por el contenidos del editorial del pasado 1 de junio, titulado "El ejemplo de CaboVerde y Malta", al tiempo que expresa sus críticas hacia algunos de nuestros planteamientos. Nos consta, porque así nos lo hace saber una gran mayoría de los tinerfeños, por escrito y de palabra, que los argumentos que defendemos desde estas páginas entroncan con el sentir de la inmensa mayoría de los isleños. No podía ser de otra forma, porque siguiendo nuestro proceder habitual, el que nos ha convertido en santo y seña del periodismo canario a lo largo de casi un siglo, nos hemos limitado a hacernos eco del sentir de la ciudadanía y, además de cumplir con nuestro deber de informar desde un punto de vista plural, dando cabida en nuestras páginas a todo tipo de ideologías, ejercemos nuestro derecho a la libertad de opinión, siempre desde el más absoluto respeto hacia quienes disienten de lo que aquí se expone. Con todo, somos conscientes de que, al igual que el caso del lector al que aludimos más arriba, parte de los tinerfeños pueden sentirse confusos ante parte de nuestros razonamientos. Una lectura concienzuda de los comentarios y editoriales les sacaría de dudas, pero hoy nos hemos propuesto ahorrarles esa labor y, a partir de los comentarios de la carta citada, aclarar algo que, según nuestro parecer, está suficientemente claro.

En primer lugar, el autor de la carta, tras reconocer que EL DÍA se ha caracterizado a lo largo de su historia por la veracidad, la seriedad y la moderación, nos reprocha que hayamos derivado ideológicamente hacia un independentismo radical. No podemos subrayar sino la falsedad de dicho planteamiento, toda vez que este periódico jamás ha pedido la independencia, sino la soberanía, y aboga al mismo tiempo por el objetivo de, a partir de un nuevo estatuto que nos permita a los canarios ser nosotros mismos, sin imposiciones externas más o menos caprichosas pero habitualmente contrarias al interés general del Archipiélago, profundizar en las relaciones económicas y culturales con España. Si para algo serviría ese reconocimiento de la soberanía canaria sería precisamente para mitigar y apagar el sentimiento independentista que aflora desde hace tiempo en las Islas.

Nos achaca también el lector que estemos siguiendo el camino marcado por el líder independentista Antonio Cubillo, y en este punto habría que dejar las cosas bastante claras. En primer lugar, reconocemos que, si bien Cubillo, a quien respetamos, no es ni ha sido jamás el mentor de este periódico, coincidimos con parte de sus esquemas ideológicos, principalmente en lo referente a la necesidad de que las Islas no sigan sometidas a quienes gobiernan en el continente, porque a la vista está que el actual sistema sólo conlleva perjuicios para Canarias, y a la larga un previsible caos político. Si a ello añadimos las injusticias que se han implantado con dicho sistema, con una isla, Canaria, que sin razones objetivas para serlo se ha tornado en la hegemónica; con una ciudad, Las Palmas, que desafiando a la historia se ha alzado como la capital de hecho de la Comunidad autónoma, aprovechándose para ello del surgimiento en dicha ciudad de una clase política vinculada directamente al poder estatal, al que sirve como correa de transmisión, nos encontramos con un estado de cosas que es necesario cambiar, y para ello nada mejor que un estatuto que dibuje una Canarias real y justa, que otorgue a cada cual lo que cada cual se merece y no fije por ley la preponderancia de una isla sobre seis. Pero al mismo tiempo queremos despejar cualquier duda acerca del camino que defendemos para alcanzar ese objetivo: el del completo respeto al orden y la legalidad vigentes. Con ello nos desvinculamos totalmente del uso de la violencia, a la que deploramos en todas sus formas, como medio que justifique el fin. En este punto dejamos de lado a Maquiavelo y también a las organizaciones políticas dirigidas por Antonio Cubillo, que en el pasado tuvieron algún flirteo con prácticas consideradas por todos condenables.

Nos critica el amable lector, además, por poner a los estados soberanos de Cabo Verde y Malta como ejemplos de lo que Canarias podría ser en el futuro. Desde luego, nos refrendamos en ello, aunque, cómo no, con el deseo y el convencimiento de que los índices económicos y de bienestar social de los canarios serían muchos más elevados que los de los ciudadanos de esos dos países. En el caso de Cabo Verde las coincidencias resultan obvias: un archipiélago atlántico que, aunque infradesarrollado, guarda muchas coincidencias geográficas e históricas con Canarias. En el caso de Malta, un territorio insular que, teniendo menor superficie, población y recursos, conforma un estado que toma sus propias decisiones. Y si no, repasemos la hemeroteca días atrás, cuando su gobierno, enfrentándose a la hipócrita opinión pública internacional, decidió impedir la entrada de un barco con inmigrantes ilegales. Ese, y es un ejemplo, es el tipo de decisiones que podría adoptar Canarias si fuese soberana. En caso contrario, siguiendo con el ejemplo, seguiremos siendo el coladero que somos, siempre gracias a la pasividad de los gobernantes estatales y a la insana pero bien pagada costumbre de los políticos canarios de mirar hacia otro lado. Y que nadie nos tilde de insolidarios por este razonamiento, porque en no pocas ocasiones se tiende a denigrar e insultar a quien piensa diferente, e incluso a quien considera que la política de inmigración de la Unión Europea es un absoluto disparate que lleva a la muerte a miles de personas y favorece el desarrollo de mafias vinculadas al tráfico de seres vivos. Una sólida política de puertas cerradas con cupos, sin innecesarias y frívolas regularizaciones –como la efectuada por Jesús Caldera, ministro socialista del Gobierno Zapatero–, junto a una voluntad firme por parte de los países europeos de invertir y crear riqueza en África, es la única solución viable. Pero hasta ahora sólo hemos asistido a chapuza tras chapuza mientras en Madrid, Bruselas y el resto de capitales del continente quienes deben decidir hace de todo menos lo que deben hacer. El resultado: miles de personas muriendo en el mar y la sanidad y los servicios sociales del Archipiélago colapsados.

Alude también el lector al sentimiento de colonialismo que a nuestro parecer sufre la sociedad de las Islas. Por supuesto que estamos convencidos de ello, de la existencia de un sentimiento de dependencia extrema a una metrópoli lejana. superior incluso al de los tiempos del Caudillo. Dicho sentimiento se ve realzado tanto por la actitud en asuntos importantes de los políticos estatales y canariones como por los gestos externos de ostentación de poder que nos brindan personajes como el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tomado la costumbre de "ocupar" Lanzarote como si de un virrey se tratase, alojándose además en una residencia regalada por el Rey Hussein de Jordania al Rey de España, Don Juan Carlos, a quien de verdad apreciamos en estas Islas y a cuya monarquía, aún con un nuevo estatuto soberano, deseamos seguir vinculados. El monarca es la otra cara, la de un estadista que ha sentido siempre cerca a Canarias y a los canarios. No nos equivocamos si afirmamos que ese sentimiento de sentirnos colonizados por un gobierno ajeno convive con otro de cercanía a la Casa Real. Pensemos entonces en los países de la Commonwealth británica, un modelo que podría adaptarse a la perfección a las relaciones entre Canarias y España.

Queremos subrayar a este lector crítico y a quienes tengan algún tipo de duda que ese estatuto del que tanto hablamos, que contemplaría el carácter soberano de la ahora Comunidad autónoma, permitiría subsanar las carencias e injusticias del Archipiélago, e incluso ahondar en las relaciones con España. Nada que ver con el actual estatuto, el que corre el riesgo de ser tramitado en las Cortes, ya que éste se limita a estructurar la región dócil y desvalorizada que le conviene a la clase política estatal, siempre en connivencia con los dirigentes de la capital de facto del Archipiélago, Las Palmas. La reforma estatutaria aprobada por la Cámara canaria y remitida, cómo no, a Madrid para lograr el visto bueno de los amos del país, no es sino el refrendo de una serie de mentiras que perjudican sensiblemente a Canarias a costa de beneficiar a una sola Isla, Canaria. La razón de tamaño despropósito sólo cabe encontrarla en unos políticos doblegados ante los intereses canariones, tanto del PSC como del PP y, lo que más nos duele e indigna, de CC.

Respondiendo de nuevo a la carta remitida por el lector, podemos asegurarle que si el estatuto que duerme ahora en el Congreso de los Diputados, un juguete tan zafio que ni siquiera un niño querría, llegase a materializarse, el Archipiélago se desestabilizaría. Pedimos por ello, y porque es de justicia, un texto estatutario que devuelva a Canarias una soberanía secuestrada por España y permita recomponer un Archipiélago donde, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife recupere la capitalidad que se le arrebató. Y nada de cocapital, que eso sería de nuevo adulterar la historia. Abogamos, en definitiva, y con ello confiamos en acabar de una vez con las dudas que pueda albergar parte de la ciudadanía, por un estatuto que nos permita a los canarios ser nosotros mismos, propietarios de nuestra tierra en lugar de realquilados, porque entendemos que con ello se evitará la radicalización social y viviremos en un Archipiélago pacífico y próspero. Eso sólo se lograría con el reconocimiento de una soberanía que llevaría aparejada, sin lugar a dudas, una relación preferente constante, desde todos los puntos de vista, con España y la Unión Europea. Dicho estatuto permitiría, al mismo tiempo, rehacer lo que determinados grupos de poder establecidos en Las Palmas han desecho a lo largo de décadas, es decir, la armonía que debe presidir el Archipiélago desde el justo trato a cada una de las islas que lo forman. Ni radicalismo ni independencia total: soberanía y justicia. Dignidad para vivir sin amos, ser nosotros mismos con lazos de parentesco propios del siglo XXI.

 EDITORIAL El Día, 10-06-2007