Los sucesivos gobiernos del Estado han tendido a favorecer la privatización de los servicios públicos. En esto no hay grandes diferencias entre las distintas Administraciones del Estado, ya sean centrales o autonómicas. Todas parecen seguir los dictados de los intereses privados.

Este afán privatizador se enmarca en las políticas trazadas a nivel mundial. El Acuerdo General para el Comercio de los Servicios (AGCS) incluye a la Educación y a otros servicios públicos para someterlos a las reglas del libre mercado. El AGSC es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En la Constitución europea se señala que "La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre estados miembros y, si es necesario, apoyando y complementando la acción de éstos" (Artículo III-282). Ninguna referencia a ésta como Servicio Público o como parte de los Derechos Sociales. Paralelamente la directiva Bolkestein propone la libre circulación de servicios y tendría como consecuencia que todos los servicios suministrados en la U. E. serían considerados como cualquier producto comercial.

El Círculo de Empresarios español en una "Carta Abierta a los futuros legisladores y gobernantes" defendía que era necesario introducir la gestión privada en la prestación de servicios como la enseñanza, la sanidad o el transporte y que los ciudadanos deben conocer los costes de estos servicios y que se les debe cobrar por ellos.

El cambio de gobierno no está significando una modificación en esa tendencia. Los conciertos de la educación infantil, impulsados por el PP en la Ley de Calidad (LOCE), no han sido suprimidos por el Gobierno de Zapatero en la reforma de la LOCE en curso.

El Gobierno canario en la futura Ley de Principios Rectores del Sistema Educativo Canario santifica esta privatización, puesta ya en marcha en muchos servicios de la educación pública y en las partidas dedicadas a la enseñanza concertada.

En Canarias el nivel de la educación pública abarca aún a una parte considerable de la enseñanza pero la propia enseñanza pública está siendo socavada por la gestión de servicios (comedores, limpieza,…) que son entregados a empresas privadas. Una década atrás el Consejo Escolar de Canarias señalaba que las islas eran "la comunidad que, proporcionalmente, más alumnos y centros de enseñanza pública tiene de todo el Estado español".

Los fondos destinados a la concertada han aumentado de forma considerable. En los Presupuestos del Gobierno de Canarias para el 2005 las partidas destinadas a este sector son de 166.528.647 euros (unos 19.343.755.402 ptas), suponiendo un incremento de un 21 %, unos 20.320.300 euros (unos 3.373.171.294 ptas), con respecto a los Presupuestos del año 2004 que fueron de 96.208.338 euros para el mismo concepto (15.970.584.108 ptas).

Mientras, en la enseñanza pública se recortan los gastos de la educación: se generalizan los grupos mezclas (dos niveles o dos ciclos en uno), no se atiende a la diversidad adecuadamente con medios y personal suficiente, las aulas están saturadas, no hay suficiente oferta en la formación profesional,…Un ejemplo de la "preocupación" del Gobierno canario por la educación pública fue el trasvase que hizo en su día de 700 millones de pesetas para transmisión televisiva de partidos de fútbol, arguyendo que "la promoción del deporte es un objetivo prioritario del Gobierno"

En enero los centros concertados iniciaban unilateralmente la matrícula, adelantándose en varios meses a los centros públicos, con la Consejería haciendo la vista gorda. Una prueba más del proceso de liberalización de los servicios públicos esenciales, y su tratamiento como mercancía, a la que se somete a los mecanismos de mercado, entre ellos la competencia por ofrecer un producto más rápido como en este caso. La Consejería es consentidora de esta competencia desleal por parte de la patronal de la enseñanza concertada, por no hacer respetar la normativa de los periodos de matrícula. Más sangrante aún, cuando la enseñanza que compite de esta forma "se sostiene con fondos públicos".

Desde el curso pasado otra forma de copar "mercado" se la ofrece la posibilidad de concertar el nivel educativo de los 3 a los 5 años. Anteriormente las familias costeaban esos estudios. Un nivel educativo que no es obligatorio y que cuenta con una amplia oferta en los centros públicos. El PP con la inclusión de esta medida en la LOCE correspondía a las demandas patronales.

La Consejería ha sido sumamente "generosa" con los intereses privados, al ofertar estos nuevos conciertos de infantil a un centenar de empresas. Sin embargo en el nivel de 0 a 3 años es casi inexistente la oferta pública.

Todo esto está siendo especialmente lesivo para aquellos centros públicos que se encuentran en el área de influencia de la enseñanza concertada, que no encuentran apoyo de la Consejería.

La educación esta transferida a Canarias desde hace varios años, aunque el Estado decide las leyes y aporta fondos a la misma. Se deteriora la calidad de la enseñanza pública, que necesita en los centros mayor dotación presupuestaria, mejores infraestructuras y unas plantillas suficientes.

Es necesaria la confluencia de los distintos sectores sociales interesados objetivamente en la defensa de la educación pública. (profesorado, alumnado, familias,...). Entre las exigencias que hacemos al Gobierno señalamos: un aumento considerable del presupuesto destinado a educación por encima del 6 % del PIB, derogación de la LOCE, la LOCFP y la LOU, iniciando un periodo de debate, diálogo y negociación con los sectores implicados en la educación pública.

La educación no debe ser una mercancía, ha de ser salvaguardada como un derecho fundamental y un bien común para todos. Expresamos nuestro rechazo a la AGCS, a la privatización de la educación y al plan mundial de liberalización de la enseñanza.