Dando por finalizado el debate, en todos sus apartados, del polémico "Informe Lacleta", que hemos venido sosteniendo a lo largo de estas 16 semanas, creemos llegado el momento de las inevitables conclusiones. Pero antes, debemos hacer, en aras del rigor expositivo, de la veracidad conceptual y de la transparencia informativa, una última valoración del Documento en si mismo y sus propias conclusiones; que como es sabido, fue reproducido por el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, el 13 de junio pasado, con el título de "Las aguas del archipiélago canario en el Derecho Internacional del Mar actualmente vigente", y cuyo autor es el veterano jurista José-Manuel Lacleta Muñoz, Antiguo miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Y en ese sentido, el controvertido documento ha resultado ser, lamentablemente, un peligroso "agente patógeno", altamente contagioso, que agrava aún más si cabe, una virulenta y catastrófica epidemia de nuestro tiempo: la desinformación, cuando no la información sesgada, manipulada e interesada. ¡El "Documento Lacleta" no despeja dudas, crea incertidumbres!. El erudito profesor, lejos de ilustrarnos, con la necesaria pedagogía, en los intríngulis del Derecho Marítimo -rama del Derecho Internacional Público- como cabría esperar en un jurista e internacionalista de su talla, ha pretendido hacernos comulgar con ruedas de molino, engañándonos y confundiéndonos con su "docto magisterio"; "acomodando" las leyes internacionales (el Derecho Internacional lo "convierte" en Derecho interno) a la "españolidad de Canarias", en un deleznable ejercicio de intoxicación informativa.

El "Informe Lacleta", constituye además, una auténtica apología de lo que podríamos denominar, "terrorismo informativo"; por cuanto, su objetivo no es otro que seguir contribuyendo al escandaloso engaño masivo al que ha estado sometido históricamente el pueblo canario, utilizando para ello toda clase de eufemismos, subterfugios dialécticos, medias verdades, y toda suerte de triquiñuelas jurídicas y argucias legales, con el encubridor propósito de seguir "blindando" el actual "status quo" de Canarias (¡Un inconcebible anacronismo en pleno siglo XXI!) ante una previsible reivindicación en toda regla de la delimitación de nuestros espacios marítimos y la propiedad de los recursos pesqueros y energéticos de nuestros mares.

Termina su documento el ínclito profesor, con las siguientes conclusiones que transcribimos literalmente: "Consideramos que tras este examen de la situación geográfica, las normas internacionales y nacionales aplicables y las diversas pretensiones manifestadas por fuerzas políticas y sociales de Canarias parece legítimo concluir que":

1. "La delimitación actualmente existente de las aguas del archipiélago canario es correcta y conforme al Derecho Internacional del Mar".
2. "No es aplicable en Canarias el estatuto archipelágico previsto en la Parte IV de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar".
3. "No es aplicable en las aguas del archipiélago canario un sistema de líneas de base rectas que pretenda establecer para esas aguas el régimen de aguas interiores".
4. "Las cuestiones que realmente se suscitan, sea de competencia legislativa, sea de competencia ejecutiva, deben y pueden ser resueltas por la aplicación de los Art. 148.11 y 150.2 de la Constitución Española".
5. "En virtud de lo dispuesto en el Art. 132.2 de la Constitución, no parece procedente que la delimitación de los espacios marítimos de Canarias aparezca expresamente en el estatuto de autonomía de la Comunidad, lo que no significa la imposibilidad de transferir competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias".

Canarias, octubre de 2005