Elecciones y corrupción

Justo Fernández Rodríguez

Ha terminado la tediosa, costosa e inútil campaña electoral en la que el desequilibrio del despilfarro propagandístico, con dinero público, desde los poderes establecidos, contrasta con la incapacidad económica de un montón de formaciones políticas que, con alternativas asumibles para la mayoría de ellas, rechazan cualquier posibilidad de unirse en una sola oferta electoral, reduciendo a cero sus posibilidades de éxito y favoreciendo el triunfo de quienes vienen gobernándonos con nefastos resultados para la mayoría de los ciudadanos, en favor de su particulares intereses y de sectores empresariales conocidos, con los que se intercambian favores.

Abandonadas las falsedades sobre el atentado del 11-M, la campaña de mentiras e invectivas de los dirigentes del PP, orientada y alentada por sus controladores y hooligans mediáticos, ha intoxicando todo el debate electoral, que debió centrarse en la política municipal y autonómica, intensificando la ofensiva de infundios, patrañas, calumnias y embustes, sobre el ’entreguismo’ de la política antiterrorista del Gobierno que ni éste, ni el partido que lo apoya, han sido incapaces de contrarrestar, pese al listado de consecuciones y mejoras (situación económica, reducción del desempleo y de la contratación temporal, aumento del salario mínimo y de las pensiones, Ley de Dependencia, Ley de Igualdad, entre otras) para millones de españoles, abandonados o acosados por ocho años de políticas antisociales de los gobiernos aznaristas. Abordar unas elecciones sin hacer referencia a un dato, conocido unos días antes de los comicios, sobre el crecimiento, durante esta legislatura, de un 18% de la renta per capita de los españoles, evidencia la incompetencia de los responsables de propaganda del PSOE.

El Partido Popular, gracias a su abrumadora victoria en Madrid y Valencia, ha logrado mayor número de votos. En cualquier caso, es falso que las elecciones las haya ganado el PP, como intentan intoxicar los medios de comunicación afines, con la simpleza de que han obtenido 152.000 votos más, a nivel estatal. Dada la división por distritos electorales, una mayoría de votos popular no es sinónimo de triunfo electoral. Existen suficientes ejemplos que lo demuestran. Es el PSOE el único partido que puede aumentar su poder municipal y autonómico, objetivo de estas elecciones.

Así, las elecciones habrá que analizarlas en función de qué formación política ha disminuido o aumentado su poder autonómico o municipal. Y, sin la menor duda, pese al permanente ’lunar’ madrileño, ha sido el PSOE, el claro vencedor. Mientras el PP pierde la mayoría absoluta en Baleares y Navarra, el PSOE aumenta sus cuotas de poder en Castilla-La Mancha y Extremadura, pese a la retirada de líderes tan carismáticos como Ibarra y Bono. Ha vencido en todas las provincias de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Álava, Guipúzcoa y en las cuatro provincias catalanas. En Andalucía, excepto en Málaga y Córdoba. Ha triunfado en Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde conquista, por mayoría absoluta, el Ayuntamiento de Las Palmas y tiene fácil desplazar a José Manuel Soria, líder del PP, de la presidencia del Cabildo.

De los 8.111 municipios en que se celebraron elecciones, el número de concejales obtenido por el PSOE supera en 679 los conseguidos por el Partido Popular. El PSOE, mediante alianzas, podría gobernar Orense, León, Soria, Logroño, Zamora, Tarragona, Jaén, Vitoria, Toledo, Cáceres, Palma de Mallorca, Mérida, Ferrol, Vigo, Sanlúcar de Barrameda o Jerez de la Frontera.

Si tuviéramos en cuenta la estupidez dicha por José María Aznar sobre que todos los votos que no fueran al PP irían a favorecer a ETA, tendríamos que sentenciar que 14.577.086 españoles han votado en favor de ETA. Habría que recomendarle que, si bebe, no hable.

En Canarias, los resultados electorales han significado un triunfo del PSC, con 26 diputados -9 más de los que tenía-, liderado por López Aguilar, convertido en una auténtica esperanza de que en Canarias podamos desterrar la corrupción, el amiguismo, el tráfico de influencia, el nepotismo, la malversación de fondos públicos, las comisiones ilegales, el despilfarro, las licencias y obras amañadas en beneficio de los mismos y, consecuentemente, que mejore la desastrosa situación de la sanidad, la educación, la protección social, los salarios, las pensiones y la precariedad laboral. Coalición Canaria ha perdido 90.000 votos y cuatro diputados (17) y el PP, tienen 60.000 votos menos y ha visto reducido en dos el número de sus diputados, 15.

Una de las incógnitas de estas elecciones estaba en si la corrupción generalizada y los fraudes electorales; la alteración fraudulenta de los censos por parte del PP (Valencia, Murcia o Galicia); los ’premios’ a extranjeros, con reducción del precio de los pasajes si votaban al PP en Mogán (Gran Canaria); la manipulación del voto por correo, por el PP, en varias ciudades, y la desvergüenza e ilegitimidad democrática del voto de los emigrantes, sin controles, en Venezuela, Argentina o Uruguay, por parte de Coalición Canaria y Partido Popular, especialmente de Canarias, Galicia y Baleares, son temas que es preciso resolver de cara al futuro, para evitar el incremento de la abstención de los ciudadanos, a los que se les exige, discriminándolos, toda clase de requisitos legales para garantizar la autenticidad de su voto, en contraposición con el cachondeo de los ’recogedores de votos’, recompensados por voto recolectado.

Otro de los aspectos decepcionantes de las recientes elecciones, para muchos ciudadanos honestos no inmersos en el círculo clientelar de los distintos poderes políticos, ha sido el caso de los beneficiarios de los viajes, comidas y cenas gratis total, organizadas por ayuntamientos, cabildos o gobiernos -de los que son beneficiarios jubilados, amas de casas y asociaciones de vecinos-, o de las visitas a los barrios, abandonados durante años, para prometer, con la mejor sonrisa y ofreciendo gratis apretones de mano, que están dispuestos a revolverlo todo, si les dan su voto, con la ’sana’ intención de volverlos a engañar. Resulta conmovedora la complacencia de quienes alaban la amabilidad del político o comentan que tienen algunas canas más si uno pudiera contener la indignación ante tanta ingenuidad o indignidad.

La corrupción generalizada de que ’gozamos’ en una buena parte de España, especialmente en Valencia, Murcia, Madrid, Baleares o Canarias, en la que están implicados importantes cargos políticos, no por simples sospechas, sino por decisiones de jueces y tribunales, inexplicablemente no es castigada en las elecciones por los ciudadanos, salvo excepciones. La indiferencia, la ignorancia, la complicidad, el clientelismo o el "todos son iguales" son excusas o explicaciones que sólo evidencian que la indignidad de los políticos afectados es extensible a un buen porcentaje de ciudadanos.

Por otra parte, si un escándalo de corrupción puede crear una cierta indignación entre los ciudadanos, la generalización de estos casos produce una especie de hastío moral que atomiza el sentimiento de rebeldía ciudadana, contra la deshonestidad, la desvergüenza y el enriquecimiento ilícito, de una buena parte de la clase política, al servicio de determinados poderes económicos. Y todo esto ocurre cuando Transparency Internacional señala que "la multiplicación de escándalos vinculados a la denominada ’corrupción urbanística’ está reforzando la tradicional imagen ’cínica’ de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas".

Y ahora vienen los pactos.