Crónica de una ruptura anunciada, en la que ha tenido mucho que ver la nueva actitud con respecto al Sahara.

En el oficio periodístico y en nuestras Islas los hechos se suceden a veces a velocidad tan vertiginosa, y pensar por cuenta propia suele ser a veces tan poco recomendable, que se podría llegar a la conclusión de que lo mejor es siempre mirar para otro lado, como si nada de lo que pasa fuera con nosotros, aunque tengamos la responsabilidad de contarlo. En fin, no ha pasado ni una semana desde la mezquina y esperpéntica toma por la fuerza de los 'mauricistas' de la sede grancanaria de CC en la calle Buenos Aires, y ya parece que se nos ha olvidado.

Aquí no se trata solamente de que unos lleven mucho tiempo haciendo el canelo y aguantando carros y carretas, sino de que haya otros que, como bien ha dicho Carmelo Ramírez, ni siquiera sepan comportarse como personas civilizadas y, artificios legales al margen, hasta tengan el morro de expulsar a uno de su propia casa poniendo un segurata en la entrada. He estado muy pocas veces en el edificio de la calle Buenos Aires. La última fue con motivo de las pasadas elecciones generales, cuando el 11-M se nos convocó allí a los periodistas. Y la verdad, nunca se me ha ocurrido pensar que aquella fuera la casa de Mauricio, ni de Fernando González, ni de Carmelo, pero sí la de CC en Gran Canaria, cuyo coordinador general sigue siendo el último de ellos: ese hombre honrado, modesto, sin ningún afán de protagonismo y con una inmensa capacidad de trabajo. Puede que esto de echar a la gente de su propia casa tenga que ver con las nuevas amistades de Mauricio en el Magreb, que, por ahí, desde 1975 tienen mucha experiencia en esas cosas. En definitiva, parece que no han tenido siquiera la vergüenza de esperar a la gestora, más que nada porque para crearla no tienen motivos, y han preferido echarse al monte con estos métodos sicilianos a ver si provocan a los críticos y les dan motivos. Qué asco.

Hace unos días, en la tradicional cena de Navidad con los parlamentarios de Coalición Canaria, los corresponsales de medios canarios en Madrid pudimos comprobar que hay quien sigue tratando de tender puentes para que, de producirse el divorcio, éste sea lo más civilizado posible y queden puertas abiertas al entendimiento. Pero con la operación que se estaba fraguando en aquel momento también ha quedado claro que hay quien está empeñado en cerrarlas a cal y canto. Y es que hay mucha gente, empezando por Mohammed VI, a quienes Carmelo Ramírez molesta demasiado.

Es claro que Canarias está en el umbral de un nuevo momento histórico que pasa por contribuir al desarrollo de nuestros vecinos africanos. Pero eso es algo que debe realizarse sin perjudicar los derechos de nadie, y sin atender solamente al beneficio económico. Lo que gente como Carmelo Ramírez representa debe continuar siendo un factor esencial del modo de entender la política en Canarias. Por muchos recados que mande Mohammed.

Los dos sectores de CC inician su pleito en los juzgados con la pugna por la sede La Presidencia Insular de CC de Gran Canaria ha presentado una denuncia por "coacciones" contra el también dirigente nacionalista Fernando González por prohibir "a la fuerza" el acceso a la sede la organización en la capital grancanaria, en la calle Buenos Aires número 24. Las disputas internas en CC de Gran Canaria entre la dirección insular de Carmelo Ramírez y el sector liderado por José Carlos Mauricio llegarán así a los tribunales antes de lo previsto, en medio de graves acusaciones desde ambas partes.

El uso de la sede es el motivo de enfrentamiento en esta ocasión, pero también se preparan demandas judiciales sobre los acuerdos del Consejo Político Nacional de CC. La crisis estallará definitivamente cuando la cúpula nacionalista imponga una gestora para sustituir al equipo directivo de Carmelo Ramírez, una medida que ya prevén hasta los propios afectados.

Por lo pronto, Ramírez y Fernando González tendrán que resolver ante un juez el uso de la sede de Buenos Aires, después de que el segundo cambiara las cerraduras de la puerta la noche del pasado martes y contratara a una empresa de seguridad para vigilar el edificio. Desde entonces, dos guardias privados impiden la entrada a los dirigentes, cargos públicos y afiliados de la coalición, según especifica la denuncia en comisaría.

El presidente insular de CC acudió a la Policía Nacional después de intentar entrar en la sede junto a un abogado y dos testigos. Según su versión, dos guardias jurados de la empresa Seguridad Integral Canaria le impidieron acceder a su despacho y alegaron que recibían órdenes de Fernando González, responsable del contrato con dicha empresa.

Ramírez emitió ayer un comunicado en el que anunció que "a la vista de los gravísimos hechos, la Presidencia Insular de CC, en ejercicio de sus funciones y competencias, ha presentado una denuncia por coacciones a fin de que sea la autoridad judicial quien restablezca la legalidad y la posesión pacífica de esta dependencia por parte de los órganos insulares de CC, y que en la misma se puedan desarrollar todas las actividades como hasta ahora".

Según Ramírez, Fernando González contrató a los vigilantes "sin estar facultado para ello por ningún órgano de CC de Gran Canaria, lo que constituye un hecho muy grave de usurpación de funciones e impide la normal actividad política de CC en el local", donde desarrollan sus actividades la Ejecutiva Insular, el Consejo Político, la Ejecutiva Local de Las Palmas de Gran Canaria y los parlamentarios.

"Este hecho propiciado por el denominado sector mauricista no refleja sino su estilo y comportamiento antidemocrático, el desprecio a la organización insular de CC de Gran Canaria, a las reglas de juego y al principio de legalidad que debe presidir los actos de las personas civilizadas", apuntó Ramírez, quien negó que el local haya estado cerrado a los mauricistas o que se haya despedido a alguna persona.

Por su parte, fuentes del sector de Mauricio y González señalaron que esta actuación es una "réplica legítima" al cambio de cerradura que había realizado anteriormente el grupo de Ramírez. Según este portavoz, "la intención es que el local se mantenga cerrado, para unos y otros, hasta que se adopte un acuerdo sobre la titularidad y uso del inmueble".

El edificio es propiedad de la organización de ICAN de toda Canarias, quien cedió su uso a la dirección nacional de CC, según la misma fuente. Fue adquirido por medio de un crédito bancario de 90 millones de las antiguas pesetas, según se informó en su día, y figuran como avalistas Mauricio, Ramírez y González.

La resolución de este tipo de denuncias, que también afecta a Seguridad Integral y a dos vigilantes, se realiza por juicio rápido.