Si Canarias no se organiza por sí misma política, institucional, económica, social y culturalmente, ante el proceso de confederalización que vive el Estado español actual, ante lo que Alfonso Guerra denomina la Segunda Transición, José María Aznar llama el Cambio de Régimen, y Alex Vidal-Quadras Golpe de Estado incruento, lo vamos a pagar caro.

Un simple ejemplo de lo que advierto podemos encontrarlo en el proceso de hegemonización energético catalán, denunciado por nuestro consejero autónomo de Economía y Hacienda, con el que estamos de acuerdo en esta ocasión sin que sirva de precedente, o en el otro proceso, casi imparable, de explotación de nuestras aguas por empresas catalanas. Lo que casi implicaría que económicamente nos fuéramos convirtiendo en una provincia de Cataluña. En ese mismo sentido, coincidimos con José Manuel Soria cuando propone que las islas se hagan cargo de sus sistemas eléctricos en el caso de que Gas Natural salga adelante con su OPA hostil contra Endesa, como tendríamos que hacernos cargo en un futuro de todo lo que son las redes de telecomunicaciones, de los transportes, de los puertos, aeropuertos y helipuertos.

Sucede ahora lo que sucedió en 1978 con la Constitución española que segregó a unas comunidades autónomas de otras y nos colocó a los canarios en segunda categoría por decisión caprichosa, y desde luego desconocedora de nuestra realidad geoestratégica, de los constituyentes de entonces.

Nos va mucho en este envite y el que avisa no es traidor. No esperemos que otros piensen y decidan por nosotros, porque nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros descendientes. No es tiempo de tibiezas, sino de acción y de consenso entre todas las fuerzas políticas con representantes en Canarias, pertenezcan o no al arco nacionalista.

Tiempo de colocarnos en el lugar que nos corresponde, por geografía, por historia, por necesidad de manejar nuestros asuntos y de establecer las estrategias que nos convienen en los marcos de convivencia del Estado español, de la Europa comunitaria y del mundo en el que estamos instalados.

Como muy bien precisa Enrique Gil Calvo en las páginas de El País, con la aprobación del Estatuto de Cataluña huimos hacia delante "por una inédita senda confederal que nadie sabe adónde nos conducirá".

También es verdad que esa senda confederal ya la había abierto la Constitución de 1978 cuando accedió a otorgar a vascos y navarros históricos privilegios forales: el "concierto económico vasco" y el "convenio navarro", mediante los cuales esas comunidades recaudan todos los tributos y luego hablan con el Estado, al que reparan en lo que concierne al Fondo de Solidaridad Interterritorial y al pago por los servicios estatales que se prestan tanto en Euzkadi como en Navarra.

Los catalanes han incluido ahora, en su Estatuto reformado, esas excepciones de recaudación tributaria que terminarían por asimilarlos en competencias a vascos y navarros, pero, sin duda, el resto de las comunidades españolas no son tontas y han empezado a vociferar. Al final, el dinero es el elemento ideológico principal en toda esta discusión.

¿Y los canarios? ¿No podríamos invocar por nuestra parte la excepcionalidad que significa la inclusión del Régimen Económico y Fiscal en la disposición adicional tercera de la Constitución de 1978 para obtener en este nuevo proceso de reformas estatutarias un nivel superior de autogobierno aunque fuera en lo económico y en lo fiscal y desde ahí pivotar sobre el resto de competencias?

El hecho insular y la distancia de la Península fueron los argumentos para que preserváramos en 1978 un tratamiento por parte del Estado que había sido establecido desde mediados del siglo XIX.

Lo que se perseguía con la ley del REF de 1991 y 1994 era 1) conseguir en Canarias una menor presión fiscal que en el resto de España y en Europa, 2) incorporar un bloque de incentivos fiscales y económicos que generase decisiones inversoras y modernizara el aparato productivo y comercial, 3) atraer capitales y empresas a la Zona Especial Canaria, 4) promover medidas de carácter público para minimizar costes de insularidad y lejanía en áreas como el transporte, el agua, la energía, y 5) adentrarnos en la modernidad tecnológica con apuestas valientes en el ámbito de las telecomunicaciones y de las inversiones I+D+I.

Todos esos principios estratégicos nos han hecho desembocar en un modelo económico hoy puesto más que en entredicho, pero quizá la culpa ha sido más nuestra que del Estado que nos dispensó ese trato jurídico.

¿Ha previsto la comisión de reforma del Estatuto parlamentaria algo en el sentido de acercar la libertad de nuestro sistema económico a la libertad de nuestro sistema político?

Un Estatuto canario futuro debe perseguir, a nuestro entender, una serie de objetivos básicos, entre ellos, precisamente, el redefinir nuestro modelo económico sirviéndonos de las ventajas de ese Régimen Económico y Fiscal, el precisar con rigor y seriedad nuestras relaciones con el Reino de Marruecos y especialmente el trazar una mediana oceánica que nos diga de una vez dónde empieza y dónde termina Canarias, el frenar la desestructuración de nuestras sociedades insulares mediante un control de la demografía, el dotarnos de una seguridad que hace apenas un decenio hemos perdido y el enfrentar con otra metodología el fenómeno inmigratorio (lo único que ha cambiado con el PSOE en el poder en este ámbito político es que mientras con el PP en La Moncloa, José Manuel Soria se llevaba a los marroquíes y a los subsaharianos que llegaban a Canarias a Madrid a escondidas, ahora con el PSOE nos traen a Hoya Fría, a Tenerife, a los marroquíes y subsaharianos que han saltado las vallas alambradas de Melilla).

Una nación, y Canarias lo es hasta a su pesar desde que don José de Viera y Clavijo en el siglo XVIII hablara de "Canarias como cuerpo de nación original", y don José no era sospechoso de nacionalismo; una nación si es algo es una unidad organizativa capaz de articularse política, institucional, económica, social y culturalmente. Y Canarias es un pueblo atlántico, con fronteras geográficas marcadas por la naturaleza, con estructura propia y en diálogo con otras estructuras como puede ser el Estado español y la Europa comunitaria.

A partir de estas premisas, habrá que repensar el Estatuto de Autonomía que nos conviene en este complejo siglo XXI.

Tendremos que hacerlo con el consenso de todas las fuerzas políticas implantadas en Canarias, pero teniendo muy claro los que militamos en el nacionalismo que esta ideología es una celebración de libertad en todo su sentido: igual que ninguna voluntad individual humana ha de doblegarse ante otra voluntad, ningún pueblo debe ser súbdito de otro, hemos de ir a un pacto entre las partes.

El Estado español de 2005 no es el de 1978, a nadie le cabe ya duda de ello.

Las denominadas comunidades históricas españolas son las primeras que han salido corriendo en busca de privilegios confederales que las diferencien dentro de la pluralidad.

No es que los canarios nos tengamos ahora que poner a correr sin ton ni son, pero sí hemos de activar todos nuestros reflejos para no quedarnos de nuevo en ningún pelotón de cola. El que no se ha escondido tiempo ha tenido.