El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Entramos en la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña sobre política general del Gobierno en relación con las torturas y malos tratos en los centros de detención.

Tiene la palabra para la defensa de la enmienda, por un tiempo de siete minutos, el señor Cerdà, de Esquerra Republicana.

El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, la tortura es una violación bárbara de la dignidad y de los derechos de las personas. No hay ninguna causa política, ni militar, ni religiosa, ni de ningún tipo que la justifiquen. No son mis palabras; son las del secretario general de la ONU, el señor Kofi Annan, pronunciadas el 28 de junio del 2004, el Día Internacional contra la Tortura.

Organizaciones como la que integra la Coordinadora estatal de solidaridad con las personas presas, organización conformada por más de 170 colectivos de todo el Estado, son un referente en la defensa sin cuartel de los derechos fundamentales de las personas recluidas, en la sensibilización social y en la denuncia de transgresiones y violaciones de derechos humanos en las cárceles y en otros centros de detención y de custodia. La propuesta política y social que ofrecemos a todos los grupos parlamentarios se sintetiza en la moción consecuencia de interpelación que presentamos. Esta propuesta ha sido fruto de una reflexión y debate interno donde se reflejan las propuestas y trabajos de la Coordinadora para la prevención de la tortura. La moción se compone de tres propuestas de activación de instrumentos garantizadores y de una propuesta de reforma legal. Esta coordinadora insta al Gobierno del Estado español a la adopción de acciones efectivas contra las torturas y los malos tratos producidos en los centros de detención y custodia, por lo que consideramos ineludible el reconocimiento público de estas vulneraciones de derechos e instamos a la puesta en marcha de instrumentos garantizadores contra la impunidad y a la adopción de las correspondiente reformas legales.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda transaccional a la moción, que podemos considerar o constatar como un avance. De hecho, lo consideramos como el principio de toda una serie de iniciativas parlamentarias que en el transcurso de la legislatura iremos presentando. Así hemos valorado la aceptación de la enmienda transaccional en base al compromiso manifestado por el Grupo Parlamentario Socialista de presentar de inmediato diversas proposiciones no de ley que contengan instrumentos garantizadores, concretos y esenciales, como son la grabación en vídeo de los interrogatorios y el examen conjunto médico forense y de un médico de confianza. En efecto, tal y como Amnistía Internacional ha comunicado mediante carta abierta al presidente del Gobierno con motivo del debate de política general, es el momento de concretar en materia de derechos humanos. Desde Esquerra Republicana, repito, valoramos positivamente que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, el Grupo Socialista, constate en la exposición de motivos que se han detectado vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente en el abuso de medidas coercitivas, un posicionamiento que rompe no solo con las posturas mantenidas por el Gobierno del PP, sino que también es un salto adelante con respecto a gobiernos anteriores socialistas. Por otra parte, se acepta por el grupo mayoritario la ratificación y aplicación de inmediato del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la constitución inmediata del subcomité para la prevención contra la tortura, donde se integrarán organizaciones de defensa de derechos humanos.

El protocolo constituye, señorías, un avance dentro del sistema de Naciones Unidas para los derechos humanos e incorpora dos novedades fundamentales, que suponen importantes avances con respecto a los mecanismos de control y seguimiento previstos en la Convención de 1984. Por un lado, introduce un sistema irrestricto de visitas sin previo aviso a cualquiera de las instituciones penitenciarias o centros de detención de los Estados parte. El órgano encargado de realizar dichas visitas es el subcomité para la prevención de la tortura, creado ex novo por el protocolo. Este subcomité integrado por diez miembros comunicará sus recomendaciones e informes en estricta confidencialidad al Estado afectado y al mecanismo estatal cuando fuera pertinente.

Solo si el Estado parte rechazara cooperar el subcomité podrá hacer público el informe sin el consentimiento del Estado. Este sistema de visitas, cuya efectividad ha sido puesta de manifiesto por la Convención europea contra la tortura, permite que las condiciones y procedimientos de detención sean examinados y que se emitan recomendaciones sobre los mismos para que puedan ser mejorados con la mayor celeridad posible. Por otro lado los Estados se comprometen a crear o mantener en sus respectivos ámbitos los denominados mecanismos estatales de prevención para los que el protocolo señala determinadas atribuciones y facilidades mínimas. La firma de este protocolo ha sido ya autorizada por el Consejo de Ministros, mas esto no es suficiente. El Gobierno deberá ahora iniciar los trámites para su ratificación y tomar las medidas oportunas para su puesta en funcionamiento con la mayor brevedad posible, tal y como reclaman las asociaciones de derechos humanos y como aprobará, estoy seguro, hoy mismo el Pleno del Congreso de los Diputados. Es imprescindible pues, a partir de la ratificación del protocolo, crear el subcomité y los mecanismos estatales de prevención.

En un segundo bloque de instrumentos garantizadores la moción consecuencia de interpelación se refiere al proyecto de investigación, denominado Privación de libertad y derechos humanos, en el marco del proyecto europeo Challenge. En efecto, una pluralidad de organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como representantes de las principales universidades del Estado español, constituyen en Barcelona bajo la coordinación del Observatorio del sistema penal y de los derechos humanos de la Universidad de Barcelona el proyecto de investigación denominado Privación de libertad y derechos humanos. Este proyecto encuentra su justificación en las recientes y solventes investigaciones que han constatado la existencia de vulneraciones de las normativas estatales e internacionales relacionadas con la prevención y sanción de la tortura en el ámbito de las distintas instituciones. Es constante la preocupación mostrada en el último informe emitido por el Comité contra la Tortura que señala la existencia de estas prácticas en el interior de instituciones penitenciarias. También deben ser recordados, como dijimos en la interpelación, los últimos informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watchs en los que se destaca una inquietud semejante. Por lo que se refiere a los ámbitos internos de cada Estado, hay que destacar los informes elaborados por el Observatorio del sistema penal y los derechos humanos de la Universidad de Barcelona, además del compilado por el Centro de documentación contra la Tortura, organización perteneciente a las CESPP, y el recientemente publicado por el Observatorio vasco de derechos humanos, Behatokia, así como el documento elaborado tras las visitas del Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa. Se trata, indudablemente, de fuentes documentales de gran relevancia. Todo ello justifica plenamente la realización de una investigación que determine las principales problemáticas, los indicadores y las recomendaciones que en esta materia urge detectar en aras de una plena y efectiva promoción de los derechos humanos en el interior de las instituciones de segregación. La función de esta investigación será investigar, dentro del binomio libertad-seguridad, los niveles de respeto y de violación de los derechos humanos en el marco del sistema penal y en especial detectar las posibles vulneraciones que se produzcan de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ello comprende la necesaria consideración de aspectos tales como el examen político criminal, el análisis de la normativa legal, la consideración jurisprudencial y la investigación en los propios centros que alberguen personas privadas de libertad. El segundo instrumento garantizador al que estamos haciendo referencia ha quedado fuera de la transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que Esquerra Republicana presentaremos una iniciativa aparte, una proposición no de ley en la que se trate específicamente el reconocimiento apoyo oficial del Gobierno al proyecto de investigación auspiciado bajo la coordinación del Observatorio del sistema penal y los derechos humanos de la Universidad de Barcelona. El tercer bloque de medidas o instrumentos garantizadores que se recogen en la moción ha quedado reflejado de forma genérica en la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que la hemos aceptado previo compromiso de presentar una nueva iniciativa en la que se contemple, tal y como se recoge en el tercer punto de la moción, el establecimiento de medidas cautelares concretas a aplicar en caso de detención incomunicada, tales como la práctica general de grabar en vídeo al detenido durante el periodo de incomunicación, tanto durante los interrogatorios policiales como cuando se halle en cualquier otra dependencia bajo custodia policial. Otra de las medidas que entendemos imprescindibles para evitar y prevenir las torturas, y altamente notorias como para realizar una iniciativa específica, es el examen conjunto de un médico forense y un médico de confianza del detenido bajo el régimen de incomunicación. Asimismo, proponemos como medida preventiva la evaluación de posibles daños psíquicos realizada por psicólogo forense y de confianza o adscrito a la abstención primaria del Sistema Nacional de Salud.

La enmienda transaccional del Grupo Socialista insta a desarrollar una política integral que tienda real y efectivamente a prevenir cualquier posible acción de trato inhumano o degradante en los centros de detención y custodia. Para prevenir la tortura ha de incluir las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la tortura de la ONU en el Estado español. La enmienda del Grupo Socialista insta también a reaccionar con firmeza y prontitud ante cualquier caso de tortura. El Gobierno del Estado español deberá, por tanto, investigar y perseguir cada denuncia, indicio o noticia de casos de torturas. El Estado debe velar por que se inicien de inmediato procedimientos disciplinarios. Por tanto, el Gobierno debe investigar. Es por ello por lo que de nuevo, en una iniciativa más específica y concreta, queremos denunciar y poner de manifiesto la sentencia condenatoria del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Estado español por vulneración del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Como supongo que sabrán, en los últimos días de junio y primeros de julio tuvo lugar en los Países Catalanes una operación judicial conocida mediáticamente como operación Garzón, que finalizó con la detención de más de 30 independentistas. El trasfondo era el inminente inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tras pasar hasta cinco días de incomunicación en manos de la Guardia Civil, la mayoría de los detenidos denunciaron torturas.

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Por favor, vaya terminando.

El señor CERDÀ ARGENT: En esta misma línea de denuncia por tortura cabe nombrar diferentes casos de jóvenes independestistas de la vila de Torà en el año 2003, de la vila de Grácia en 2002 y de Terrasa en 2001. En la mayoría de los casos se han abierto diligencias judiciales que están a la espera de resolución. Y volvemos a insistir en el escandaloso caso de denuncia por torturas al director y personal del diario Egunkaria. Concretaremos, por tanto, en esta iniciativa los casos en los que el Estado debe responder con firmeza y prontitud ante los casos de torturas y en concreto a los y las independentistas.

Se me acaba el tiempo. Por tanto, quisiera añadir a esta moción tres anotaciones para terminar. Son tres anotaciones de carácter filosófico, si lo quieren ustedes.

La primera es que tanto la derecha extrema estatal como la derecha extrema internacional nos han querido vender un falso dilema: seguridad contra la libertad. Si lo que se quiere es proteger el Estado de derecho, el régimen de derechos y libertades, esta seguridad no puede ser a cargo de los derechos y libertades a los que pretende proteger. La segunda es que nuestra intención en la presentación de esta moción y de las próximas iniciativas parlamentarias no es otra que lanzar un aviso para los presuntos criminales que se amparen con el uniforme para conculcar derechos y garantías democráticas. El aviso es claro: impunidad cero. Esa es nuestra propuesta.

Por último, un militante anarquista que murió este mismo año, 20 días después de ser excarcelado tras una campaña internacional para su excarcelación en fase terminal del sida, hizo un alegato que yo haré aquí como una muestra de homenaje y que dice lo siguiente: Estas prácticas medievales —se refiere a los malos tratos y a torturas— os sitúan mucho más por debajo de lo que consideráis que están los presos y las presas. Ello os envilece y hace cómplices y autores de un crimen mucho más degradante que el de aquellas y aquellos a los que pretendéis juzgar. Un recuerdo efusivo para nuestro amigo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por cinco minutos el señor Rascón.

El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Seré breve porque el diputado que ha defendido la iniciativa ha explicado en qué consiste la transaccional que hemos propuesto, que ha aceptado y que espero que sea votada unánimemente por esta Cámara por algo tan elemental como porque estamos en presencia de una cuestión de ética, de higiene democrática de un Estado que consideramos de derecho. Porque es verdad que la calidad democrática de un país se mide fundamentalmente valorando la fortaleza del Estado de derecho. Y para saber lo fuerte que es un Estado de derecho hay que saber la calidad de la protección de los derechos fundamentales de las libertades públicas. Ese es el eje central: cómo se protegen por un Estado los derechos y libertades, y en función de cómo se protege saber qué tipo de Estado de derecho tenemos.

Si algo tienen la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes es que rompen la convivencia democrática que trata de proteger el Estado de derecho doblemente: en primer lugar, porque se vulneran directa y abiertamente derechos y libertades de las personas que soportan la tortura; en segundo lugar, y quizá más grave todavía, porque quienes ejecutan esos actos que son aislados, ciertamente, en Estados democráticos como el nuestro, pero que están ahí, contribuyen y lo hacen en nombre de todos y por tanto deslegitiman al Estado en cuyo nombre actúan y dicen servir para proteger precisamente los derechos fundamentales que vulneran.

Para justificar esta iniciativa y que España tiene que implicarse, igual que otro país democrático, seriamente en la búsqueda incansable de la tolerancia cero, como dijo el ministro del Interior en su intervención en la interpelación, hay que partir de algo muy elemental: en todos los países democráticos, en el nuestro también, desgraciadamente, la tortura, los actos crueles, inhumanos y degradantes existen. Son actos aislados, evidentemente, no son actuaciones sistemáticas porque si no, no estaríamos en presencia de un Estado democrático como el nuestro, que goza de buena salud, aunque hay que vigorizarlo más todavía, pero están ahí. Son datos que aportó el propio interpelante sobre la base de las contestaciones que el ministro había dado. Había casi 80 condenas judiciales, actos de tortura inhumanos y degradantes en centros de detención y custodia en España y había casi mil denuncias Lo dicen también organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, está Amnistía Internacional, que anda preocupada insistentemente en los últimos años informando al Estado español de que eso está aquí, que está entre nosotros, y lo dice también la organización Human Rights Watch. Pero es que además nos lo ha reconocido el relator contra la tortura de Naciones Unidas, que giró visita en octubre de 2003 y nos vino a decir que había determinados espacios jurídicos cuanto menos peligrosos que promovían en cierto sentido la impunidad. Un Estado democrático sano, y el nuestro lo es, tiene a toda costa que aislar esas conductas que tratan de romper la convivencia democrática de esa manera doble. La transaccional va en ese sentido. Propone, por un lado, que el Estado desarrolle una política integral contra la crueldad y las actuaciones inhumanas que provienen de actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o de actuaciones estatales con carácter general, y, por otro lado, que se haga realidad —ya lo hemos firmado— el protocolo facultativo contra la tortura que, como sabemos, se aprobó en el Consejo de Ministros de 23 de diciembre del año pasado, dando un paso de gigante en el materia, que ha sido, y así lo reconoció el propio ministro Moratinos, firmado en Naciones Unidas el 13 de abril con orgullo y con emoción, Unidas, que giró visita en octubre de 2003 y nos vino a decir que había determinados espacios jurídicos cuanto menos peligrosos que promovían en cierto sentido la impunidad. Un Estado democrático sano, y el nuestro lo es, tiene a toda costa que aislar esas conductas que tratan de romper la convivencia democrática de esa manera doble. La transaccional va en ese sentido. Propone, por un lado, que el Estado desarrolle una política integral contra la crueldad y las actuaciones inhumanas que provienen de actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o de actuaciones estatales con carácter general, y, por otro lado, que se haga realidad —ya lo hemos firmado— el protocolo facultativo contra la tortura que, como sabemos, se aprobó en el Consejo de Ministros de 23 de diciembre del año pasado, dando un paso de gigante en el materia, que ha sido, y así lo reconoció el propio ministro Moratinos, firmado en Naciones Unidas el 13 de abril con orgullo y con emoción, porque hay que tener emoción para saber que este país está dispuesto a vigorizar más todavía el Estado de derecho, aunque goce de buena salud, y practicar tolerancia cero contra esas actuaciones aisladas que nos deslegitiman absolutamente a todos. Por otra parte, la transaccional insta a desarrollar esa política integral en distintos campos: el de la prevención, el de la reacción y el de la protección y tutela de las víctimas de tortura. Prevención, con controles preventivos. Las inspecciones a que aludía el ministro del Interior son unos buenos mecanismos para luchar con naturaleza de carácter preventivo contra conductas aisladas que pueden generar actuaciones contra los derechos fundamentales y las libertades públicas en los centros de detención y custodia.

Reacción, cuando se tenga el más mínimo dato de que podemos estar en presencia de una conducta contraria a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, para ir abiertamente contra esa persona, exigiéndole responsabilidades, ya sean disciplinarias e incluso penales. Y en tercer lugar, faltaría más, protección para las víctimas de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes, porque si algo necesitan esas personas que sufren o han sufrido la tortura o actos crueles e indignos realizados en nombre del Estado por servidores públicos es la rehabilitación, una rehabilitación social que exige protección económica, jurídica y social.

Esos son los dos campos que marcan las pautas de esta moción, una moción que, quiero insistir en ello, es el marco de referencia de iniciativas legislativas y no legislativas que están por venir para cambiar el estado de cosas, y cambiar el estado de cosas significa aplicar a rajatabla el principio que mencionó en su momento el nombre del Gobierno el ministro del Interior: tolerancia cero contra la tortura, contra los tratos inhumanos, crueles y degradantes, porque eso supone, sin ningún género de dudas, apostar de manera decidida y firme por el Estado de derecho y, por tanto, reconducir a una democracia de calidad lo que ahora tenemos sobre la base de la pura realidad. Reaccionemos contra la realidad que no nos gusta para vigorizar, como antes he dicho, nuestro Estado de derecho y, por tanto, nuestra sociedad, fortaleciendo la convivencia entre todos.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Muchas gracias, señor Rascón.

Para fijar su posición, tiene la palabra la diputada señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente. Nafarroa Bai quiere exponer su posición en torno a esta moción de Esquerra Republicana para expresar su sí inequívoco a la propuesta, y lo hacemos por motivos fundamentados en presupuestos democráticos: creemos que es hora de acometer ya algunas de las lagunas pendientes en torno a un Estado de derecho, pero todo esto nos gustaría acompañarlo en esta ocasión con un ejemplo que expresa con toda la fuerza que cabe la necesidad de modificar la legislación al respecto. Vamos a votar que sí aunque solo fuera por el caso Zabalza.

El 26 de noviembre de 1985, un joven navarro, Mikel Zabalza Gárate, fue detenido por la Guardia Civil y trasladado al cuartel de Intxaurrondo. El 15 de diciembre, su cuerpo sin vida fue hallado por la Guardia Civil —esta fue la versión oficial de la época— en el río Bidasoa. Hoy, veinte años después, y son veinte años, el caso continúa en tribunales en fase de instrucción, después de que la juez haya incorporado recientemente —ha sido hace escasamente unas semanas— una grabación del entonces Cesid como prueba de que habría muerto en el cuartel de Intxaurrondo tras ser torturado. Por este caso han pasado veinte años, doce jueces, ocho ministros de Justicia, ocho ministros del Interior, así que vamos a votar que sí. Creo que esta propuesta de Esquerra Republicana en transacción con el Grupo Socialista merecería el sí unánime de la Cámara aunque solo fuera por casos como éste, por no olvidarlos y para que no se vuelvan a producir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Muchas gracias, señora Barkos.

Tiene la palabra la señora Lasagabaster.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer a Esquerra Republicana de Catalunya que haya traído esta cuestión, y mi sincera felicitación al portavoz del Grupo Socialista. Le he aplaudido sinceramente porque me ha parecido que ha tenido usted valentía. Esta diputada lleva lo que empieza a ser ya el décimo año y he planteado muchísimas veces y he apoyado otras tantas iniciativas en las cuales nadie pretende hacer ver lo que no hay; lo que pretendemos es hacer mecanismos por los cuales se impida que pueda existir la posibilidad de que haya. Nadie ha dicho nunca que haya una práctica generalizada y que ha habido casos en los que no podemos ponernos una venda en los ojos. Algo tendremos que hacer. Somos la representación de los ciudadanos, y estos casos tocan sensibilidad de derechos humanos por quienes son afectados por la violencia de unas torturas y unos malos tratos y por lo que puede indirectamente afectar a un sistema democrático. Llevo diez años tratando de hacer ver que no es ir contra nadie, sino simplemente que hay una realidad que tenemos que afrontar y que hay que establecer mecanismos legislativos para que no se pueda producir, mecanismos de prácticas policiales, mecanismos de prácticas sociales, reconocimientos, y no dar indultos, como ha visto esta diputada en la anterior legislatura siguiendo semana tras semana el BOE para ver dónde estaban escondidos los indultos a aquellos que habían sido condenados por torturas y malos tratos. Me alegro y me congratulo de que haya empezado otra etapa.

No se trata de que haya. Si no hay, mejor para todos. Pero si los hay, vamos a poner mecanismos para que nadie tenga la tentación de hacerlo. Y si alguien la tiene o alguien entiende que esto es admisible, entendamos que tiene que tener la suficiente responsabilidad y el suficiente castigo para que nunca lo vuelva a cometer. Creo que es importante. Vamos a votar a favor. Hay muchos más temas pendientes. Mañana mismo pregunto al ministro de Justicia por enésima vez cuándo se va a reformar el régimen de incomunicación. Trece días de incomunicación son inadmisibles. Y si lo tiene que venir a decir Human Rights Watch, perfecto, que venga a decirlo quien sea. Pero es inadmisible, lo diga Amnistía Internacional, lo diga Human Rights Watch o lo diga cualquier humilde diputado o diputada que está en esta Cámara. ¿Tenemos que esperar a que vengan los de fuera a decírnoslo? Perfecto. Pero si no somos conscientes de cuáles son los sistemas y cuál es el baremo de libertades y garantías fundamentales, malos diputados seremos.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. Votaremos a favor y seguiremos el trabajo.

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Muchas gracias, señora Lasagabaster.

Tiene la palabra la señora Navarro para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.

Únicamente deseo manifestar nuestro apoyo a esta moción. Ojalá se lleven a cabo iniciativas legislativas y de todo tipo para que nunca estemos ni en el informe de Amnistía Internacional, en el que hay un apartado para España sobre las torturas que se recogen en la moción presentada por el diputado de Esquerra Republicana, ni en el de Human Rights Watch ni en el del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, que efectúa una serie de recomendaciones que han sido permanentemente incumplidas por el Estado español. Hay que trabajar por ello, hay que trabajar muy seriamente, no solo venir aquí y hacer declaraciones que nos suenan a todos muy bien y a favor de las cuales me imagino que votará después todo el mundo. Hay que hacerlo de verdad. Vivimos en un Estado democrático, pero la transición no la hicieron todos. No estamos todos ahí, y eso hay que perseguirlo y hay que trabajar por ello.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Muchas gracias, señora Navarro.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.

La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo también quiere comenzar felicitando al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya por haber traído esta iniciativa a la Cámara que afecta al núcleo duro de las garantías de cualquier sistema democrático. En las últimas legislaturas, así se ha dicho, resultaba imposible traer a la Cámara iniciativas de este estilo sin ser tachada de peligrosa agitadora o sin que considerase el grupo mayoritario que lo que se pretendía era el desgaste de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cuando es exactamente todo lo contrario: dignificar la labor que tienen que realizar, que la realicen en las condiciones que exige el ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos humanos es la pretensión que siempre ha alentado las denuncias de torturas y malos tratos de las personas que están detenidas, de momento solo detenidas, no han sido juzgadas ni condenadas y, por tanto, están amparadas por la normativa de la presunción de inocencia. Ojalá sea aprobada, y ojalá lo sea por unanimidad, y que tenga mejor suerte que la propuesta de resolución que esta tarde ha traído a la Cámara el grupo al que yo represento, referida a la salvaguarda de derechos humanos y que incluía normativa procesal y penitenciaria que creemos que debe ser modificada para que podamos decir que tenemos una normativa acorde con los parámetros que se exigen en un Estado de derecho, como he indicado. Nos parece bien, y felicitamos al Gobierno y, en la medida en la que le quepan también responsabilidades en ello, al grupo mayoritario, que finalmente este Gobierno haya hecho lo que se manifiesta en la exposición de motivos de la interpelación:

que el Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2004 autorizase la firma del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, porque ya era hora, señorías. Nos gusta también que se haya hecho eco de los estudios hechos por distintas universidades y observatorios, que han coincidido en señalar que en España se tortura y que existen elementos para saber que ha habido casos reales y ciertos. La representante de Nafarroa Bai ha citado uno que está en la memoria de todos, pero hay otros, algunos más recientes, y esta práctica ha de ser erradicada.

Se incluían en la exposición de motivos de la interpelación referencias a la normativa concreta que debía ser reformada que luego no se han incluido en el texto de la moción. Eso sí, el representante del Grupo Parlamentario Socialista dice que vendrán después estas modificaciones.

En concreto, no se hace referencia al artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que ha servido de coartada perfecta para justificar oficialmente infinidad de casos de tortura y de malos tratos, demostrando con ello la ineficacia de los vigentes controles —o supuestos controles— garantizadores en esta materia o la utilización que se ha hecho —el uso y el abuso— de la práctica que permite el artículo 10 de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria de los aislamientos severos; de la misma manera que tampoco se ha hecho mención a la injusta tipificación que se contiene, o por lo menos no excesivamente precisa y correcta desde el punto de vista de la tipología penal de la tortura, en el vigente artículo 174 del Código Penal, que tantas sentencias interpretativas confusas ha permitido hasta la actualidad y que nos debieran llevar a la reforma de este tipo. Tampoco se incluye en el texto de la moción algo que sí fue objeto de cita en el texto de la interpelación y que espero que en sucesivas modificaciones normativas sea especialmente tratado: la mención de dos colectivos especialmente vulnerables en esta materia, como son los menores y los extranjeros. Cuanto más indefensa es la persona concreta, cuanto menos conoce el entorno en el que se halla, estando en esos casos privado de libertad, más exigente debe ser la garantía del respeto de sus derechos y la inexistencia de tratos inhumanos o degradantes.

Quiero citar también el artículo 509.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma pretendía la propuesta de resolución que habíamos presentado esta tarde y que no ha sido acogida en relación con las posibilidades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modificamos al final de la pasada legislatura, en el año 2003, permite en cuanto a la extensión de la prisión incomunicada, superando con mucho los límites que permite el artículo 17.2 de la Constitución. Pero es que, además de los diez días que parece que el precepto permite, la práctica ha llegado al extremo de ampliar hasta 12 los días posibles de incomunicación; se utiliza primero las 48 horas y después la prórroga de los 10 días que la ley permite. Esto está siendo así, ha sido criticado por instancias internacionales y podemos afirmar hoy en día que en Euskadi, con este largo tipo de detenciones sin control alguno, se han practicado malos tratos y torturas, como ha sido aseverado por organizaciones de tanto prestigio como Amnistía Internacional, la Asociación

de Derechos Humanos o por el relator especial de Naciones Unidas.

Ha mencionado la señora Lasagabaster que ha habido sentencias por torturas; ha habido bastantes en tiempos cercanos y también sentencias que afectaban a funcionarios que han sido después indultados. Nos parece que si el indulto es una institución cuya existencia debiéramos revisar, en cuanto incluye la existencia de un derecho de gracia, debería ser especialmente sensible quien tiene autoridad para concederlo a un delito tan abominable respecto al cual no solo personas concretas han sido condenadas, sino incluso el propio Estado español, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es un delito cometido frente a alguien privado de libertad y por alguien que tiene autoridad. Nos parece que estas circunstancias debieran ser tenidas en cuenta a la hora de indultar este tipo de prácticas.

La moción consecuencia de interpelación incluye una bonita y rigurosa literatura previa —hay que manifestarlo—, pero en cuanto a lo que insta al Gobierno bien está que se le pida que se ratifique y se aplique de inmediato el protocolo facultativo al que hemos hecho referencia en el comienzo de nuestra intervención, aunque después, en alguna medida, evidencia carencias de la situación actual cuando en el punto segundo se dice que ha de desarrollarse una política integral que tienda real y efectivamente a…, es decir, que se reconoce que la actual política no tiende real y efectivamente o por lo menos permite que no se tienda real y efectivamente; es decir, existen importantísimas lagunas. Nos gustaría que se cumpliera el compromiso que ha asumido el portavoz del Grupo Socialista de que se incluyan, además de estas políticas a desarrollar, modificaciones normativas, porque creemos que sería el inicio de un camino que ha de andarse en cuanto a modificaciones algunas de tiempos pasados pero otras de las dos últimas legislaturas y que desde la perspectiva de la formación política a la que yo represento han supuesto una enorme involución en el respeto y la tutela de los derechos humanos. En esa convicción, nuestro grupo apoyará esta iniciativa, que ójala tenga el respaldo unánime de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira):

Gracias, señora Uría.

Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guinart tiene la palabra.

El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición ante la moción de Esquerra Republicana de Catalunya sobre la política general del Gobierno en relación con los malos tratos y torturas en centros de detención. Nuestra posición va a ser la de dar apoyo a la citada moción o a la transaccional que resulte del Grupo Socialista, según su propuesta, puesto que si bien coincidimos con la explicación del Gobierno y de su ministro en la respuesta a la interpelación urgente de que las estadísticas de este tipo de actuaciones ilícitas contra personas privadas de libertad circunstancial o permamentemente, que no siempre tienen lugar en ámbitos cerrados, no son alarmantes, y menos si son contempladas en una perspectiva internacional o en términos relativos en referencia a los casos potenciales, sí es cierto que conviene tener presente y perseguir el objetivo de la absoluta y radical desaparición de esas prácticas inhumanas, de la tortura, de los malos tratos y contra los derechos humanos, allí donde pudieran darse actuar preventivamente contra ellas, reaccionar contra los actores y atender a las víctimas que desgraciadamente lo sufran, como ya ha comentado el señor Rascón. Por mucho que se haga en este aspecto y funcionen correctamente los servicios pertinentes de inspección, tanto en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en las comisarías o fuera como en los centros penitenciarios, no hay que cejar en este empeño hasta su total erradicación.

Nuestro grupo quiere, no obstante, complementar este tema con dos circunstancias relacionadas entre sí, como es, por un lado, el hecho de que las estadísticas no tienen por qué reflejar necesariamente con datos absolutos la realidad de estas actuaciones contrarias a la ley y a los derechos humanos, porque en ocasiones no son puestas en conocimiento de quien podría tomar medidas o activar reacciones, debido al desconocimiento —a veces por problemas de idioma— o por temor a posibles represalias.

Por tanto, la inspección no siempre llega a detectar todos los casos y son necesarias acciones de formación continua de los operadores en este ámbito y de información de los posibles afectados más allá de la formalidad de la lectura de derechos. Por otro lado, hay casos de falsas denuncias de torturas y malos tratos que en ocasiones se formulan con intencionalidades torticeras y que afortunadamente suelen ser detectadas por los órganos judiciales, como son los casos recientes en la provincia de Girona, donde la Audiencia Provincial absolvió a doce Mossos d’esquadra de Rosas acusados de un presunto delito de torturas. De ahí que una de las medidas previstas en la moción, la de grabar en vídeo todas las actuaciones policiales posibles durante los interrogatorios o las circunstancias, a buen seguro tendría un efecto preventivo y probatorio si llegara el caso a ser contencioso. En definitiva, sean cuales sean esas circunstancias, incluso ante posibles dudas, nuestro grupo se pronuncia absolutamente a favor de todas las iniciativas y actuaciones en defensa de los derechos humanos, sean cuales sean las situaciones en que vivan las personas. En consecuencia, apoyamos la ratificación y aplicación del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y la constitución del subcomité para la prevención de la tortura. También estamos a favor de instar al Gobierno a pasar a la práctica, más allá de lo que se está ejerciendo en la actualidad, que también valoramos, pero que debe intensificarse mediante la prevención, la reacción, la protección y resarcimiento de daños físicos y psíquicos así como la dignidad personal de las víctimas de esos delitos.

Finalizo, señora presidenta, reiterando que votaremos a favor de la moción o de la enmienda transaccional, si es aceptada por el grupo proponente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):

Gracias, señor Guinart.

Continuamos con la intervención de la señora Sánchez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora SÁNCHEZ CAMACHO: Gracias, señora presidenta.

Para mi Grupo Parlamentario la defensa de los derechos humanos es un pilar básico del Estado de derecho y la garantía del mismo ha formado siempre parte del ideario y de la actuación que mi grupo parlamentario ha venido realizando y debe seguir realizando. También quiero decir que el comité contra la tortura ha tenido como misión específica verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados que forman parte de la Convención contra la tortura de Naciones Unidas y que los informes referidos a este país se limitan a formular una serie de recomendaciones.

En lo que corresponde a los aspectos de la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, mi grupo va a apoyar el primer apartado, el que se refería a la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propio ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, firmó ese protocolo y además anunció que esperaba verlo ratificado en este Parlamento en el mes de septiembre, con lo cual se avanza dicho protocolo en virtud de esta moción. Pero permítame decirle, señor diputado proponente de esta moción, que los siguientes puntos no van a ser apoyados por el Grupo Parlamentario Popular.

Respecto a los puntos 3, 4 y 5 de la moción, queremos recordar aquí las líneas directrices del Comité para la prevención contra la tortura en su último informe sobre España en relación con los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. En esas recomendaciones aprobadas en el Comité de ministros del Consejo de Europa se preveía expresamente las particularidades relacionadas en la lucha antiterrorista que podían justificar ciertas restricciones, como por ejemplo las modalidades de acceso y contacto con el abogado. En ese mismo sentido, señorías, se pronunciaba el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, constituido en las Naciones Unidas, el cual, el 29 de noviembre de 1999, declaraba la incomunicación y la intervención inicial de un abogado de oficio como medidas conformes al Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Me voy a referir específicamente a dos de las propuestas que usted presentaba. Hay una que entendemos que ha decaído manifiestamente con la transaccional que se ha llevado a cabo con el Grupo Socialista y que les avanzo que nuestro grupo va a apoyar, porque forma parte de los principios generales de garantía de los derechos fundamentales y además se incardina en las actuaciones que todo Estado de derecho debe llevar a cabo a la hora de prevenir y reparar cualquier acción que de forma individualizada puedan realizar funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, señor Cerdà, Esquerra Republicana de Catalunya requería que se produjera un reconocimiento oficial de la existencia generalizada en las prisiones y otros centros de detención de la práctica de torturas y otros tratos de penas crueles y nosotros no lo íbamos a apoyar; ahora, no se realiza ese reconocimiento que constaba en su moción. Entendemos que la transacción que ha sido llevada a cabo en este caso por el Grupo Socialista modifica sustancialmente los restantes puntos, algunos incluso de modificación de artículos como el 100 bis o el 127 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referidos a las detenciones o a las incomunicaciones de los familiares. Aunque haya sido felicitado por otros grupos parlamentarios, lo que se desprende de esta transaccional —ya le digo que nosotros nos congratulamos— son principios generales en el marco del Estado de derecho, de la prevención, de la reparación y de la reacción con firmeza y prontitud. Es decir, lo que aprobamos ahora está ya incardinado en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Estado de derecho. Por eso, nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo a esta iniciativa.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):

A usted, señora Sánchez Camacho.

Señor Cerdà, ¿acepta usted la enmienda?

El señor CERDÀ ARGENT: Sí. Ya dije al principio de mi intervención que aceptaría la enmienda.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):

Muchas gracias, señor Cerdà.