Que España utilizó, en tiempos de la colonia, todo su poder e influencia en nuestra tierra en su deseo enfermizo de mantener a toda costa y al precio que fuera, la "soberanía política" que ejercía sobre Canarias, aún conculcando la Doctrina y los Preceptos del Derecho Internacional contemporáneo, no debe extrañarnos, si tenemos en cuenta su "experiencia colonial" de más de cinco siglos.

Pero lo verdaderamente canallesco e ignominioso, es que para conseguirlo fomentara y consintiera la corrupción generalizada, el tráfico de influencias, la compra de voluntades, y todo un entramado político-jurídico para dar carta de naturaleza a una situación, que se hizo insostenible. Ello dio lugar a no pocos escándalos –en la mente de todos-, hasta el extremo de colocar a las Islas al borde del abismo; donde la clase política de la época estaba bajo sospecha, y sobre la cual recaía la carga de la prueba. Eso ya no ocurre, afortunadamente.

Aunque sí es verdad, que en todos los Países del mundo existen ciertas connivencias ente el poder político y el económico, y nuestro joven Estado Archipelágico, no es una excepción. Pero ya hemos erradicado para siempre las corruptelas, los amiguismos y favoritismos y otras prácticas nocivas que proliferaban en la etapa colonial, y que socavaron hasta límites inadmisibles las estructuras de nuestra sociedad.

Uno de los escándalos más sonados de ese turbulento y denigrante pasado colonial fue, entre otros muchos, el PECAN (Plan energético de Canarias); un asunto con una elaborada y farfullera "ingeniería político financiera", de lo que se dio en llamar, el "negocio del gas", y que hoy debemos comentar desde una perspectiva rigurosa, no exenta del interés nacional.

Sabido es que Canarias dependía energéticamente en un 90% de los derivados del petróleo (gas-oil, fuel-oil, gasolina, etcétera). Y que las energías alternativas, solar, eólica y otras, solo aportaban el 15% de la demanda energética de nuestro Archipiélago.

Era obvio, pues, que había que diversificar, a la mayor brevedad posible, las fuentes de suministro energético; y también ahorrar energía, ya que sin ésta no tendríamos la electricidad que necesitábamos, no se podría desalar el agua del mar… Y ahí comenzó la trama.

Con el objeto de "disminuir la dependencia del petróleo", se proyectaron dos centrales térmicas duales de producción de electricidad (funcionan con fuel-oil y/o gas, que son energías fósiles), una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Para poder suministrar gas a estas dos centrales, "hacía falta" crear unas megainfraestructuras, que en Tenerife, suponían la construcción del controvertido puerto de Granadilla y una fábrica regasificadora que convirtiera en "estado gaseoso" el gas; y en Gran Canaria, se "necesitaba" ampliar el puerto de Arinaga y, por supuesto, instalar otra industria regasificadora.

Conviene aclarar, para los neófitos en el tema, que en Canarias, la única manera de utilizar el gas es transportándolo en barcos especiales, en estado líquido, a muy alta presión y baja temperatura. Cuando el GLP (Gas Licuado del Petróleo) llega a las fábricas regasificadoras, el "líquido" es convertido en gas.

Para los "promotores" y "beneficiarios" del proyecto, esta era la "única manera" que existía de disminuir la dependencia energética de Canarias del petróleo.

Pero no es menos cierto, que las infraestructuras que se proyectaron entonces estaban sobredimensionadas, y no se contemplaron – no interesaba – soluciones alternativas, más baratas y menos impactantes medioambientalmente. Desestimando, además, la posibilidad de realizar la interconexión eléctrica entre Canarias y nuestro Continente a sólo 96 km de distancia. Ni tampoco las interconexiones de los siete sistemas eléctricos insulares.

La Ley de Nacionalización del Sector Energético del joven estado Archipelágico Canario, vino a poner las cosas en su sitio. Pendiente del "contencioso de la mediana" con Marruecos, en cuyos espacios marítimos están localizados nuestros yacimientos de petróleo y gas, se hacía necesario arbitrar medidas transitorias `para solucionar las verdaderas necesidades energéticas de Canarias, y disminuir nuestra dependencia del petróleo; lejos ya, por suerte, de dictados ajenos, de intereses foráneos y de políticos corruptos.

Nuestro Gobierno, en aras exclusivamente del interés nacional, diseñó el Plan Energético de Canarias (PEC), que posibilitó (aparte de la explotación futura de nuestras reservas de petróleo y gas) la optimización de la red eléctrica nacional, interconectando las Islas por cable submarino, y desde Fuerteventura a la central de Tarfaya, que se alimenta del gas argelino mediante un nuevo gaseoducto, verdadera obra faraónica de la ingeniería moderna.

Téngase en cuenta, que en el mundo ya existen cables submarinos para transportar electricidad a mayor profundidad que la que hay entre Marruecos y la Isla de Fuerteventura (sobre los 1.000 y pico de metros), como son la interconexión Italia-Grecia en el Mediterráneo, y la de Tasmania-Australia en el Pacífico. En estas líneas eléctricas submarinas puede circular electricidad en ambos sentidos (no al mismo tiempo, salvo que tuviéramos dos líneas); electricidad que se vende y se compra, de forma parecida a como funciona una cámara de compensación interbancaria.

Canarias, julio de 2006.