Las respuestas a estas preguntas deben estar en manos de los grupos parlamentarios presentes en Teobaldo Power, desde luego bastante al margen de las organizaciones políticas canarias sin escaños en esa Cámara de soberanía.

Después del empacho mediático y político generado por el Estatuto catalán, parece que todo lo que venga tras él será mero plagio a la baja, remakes sin mayor trascendencia.

Como era de esperar, el debate de esta segunda reforma estatutaria al texto básico de 1982 no ha tenido repercusión alguna en la sociedad de las islas, y muy poca en el resto de las instituciones, léase cabildos y ayuntamientos.

Volvamos una vez más sobre lo ya repetido en tantas ocasiones y que me perdonen los lectores este obligado recordatorio: tras la primera reforma del Estatuto en 1996 hemos seguido sin desarrollar, en primer lugar, el artículo 34.2 de la policía propia: para frenar la inseguridad ciudadana y la presencia de mafias en nuestros suelos. Hemos perdido el tiempo y no hemos consolidado una Policía Nacional Canaria, profesionalizada, arraigada, dotada de medios técnicos y dedicada a acabar con delitos específicos generados en la Canarias de los últimos decenios. Ahora, en 2006, tanto el PSOE-PSC como el PP continúan obstaculizando ese apartado del Estatuto original.

Nos ha faltado desarrollar, en segundo lugar, el artículo 37.1 de residencia y trabajo de extranjeros y aprovecharnos con creatividad del artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam -en el futuro, del nuevo artículo contemplado en la Constitución Europea para las regiones ultraperiféricas: contra la inmigración de todos los colores que padecemos y la demografía disparada del Archipiélago. ¿No hubiera sido lógico solicitar a la UE una oficina de relaciones con África y América en Canarias también bajo el paraguas de ese artículo 299.2 o del nuevo artículo de la Constitución Europea? ¿Somos o no somos espacio Schengen?

Nos ha faltado desarrollar, en tercer lugar, el artículo 37.2 de presencia del Gobierno de Canarias en negociaciones de la UE que nos concernieran: para sentarnos a hablar con Marruecos sobre inmigración, prospecciones del subsuelo marino, pesca, tomate, y con los países del área dólar sobre el plátano con una libertad y unos reflejos no activados hasta ahora.

Nos ha faltado desarrollar, en cuarto lugar, el artículo 40.1 de ámbito territorial: para una delimitación definitiva de nuestras aguas oceánicas, labor que sigue pendiente y en una suerte de limbo por parte del Estado. Desde 2004, el Gobierno de Zapatero no ha hecho sino adormecer todavía más este asunto.

Nos ha faltado desarrollar, en quinto lugar, el artículo 46.1 del Régimen Económico y Fiscal, para buscar salidas imaginativas a los recursos acumulados de la Reserva para Inversiones en Canarias y para paliar con algo de imaginación política y económica el saqueo en esferas como las de las empresas foráneas constructoras, hosteleras, financieras y de seguros. Estamos en prórroga de esa situación anterior y esperando la aprobación de Madrid a la resolución aprobada por el Parlamento canario en sesión celebrada el 22 de febrero de 2006 sobre renovación de incentivos del REF.

Y por último, se encuentra todavía en el sueño de los justos una necesaria Ley Electoral Canaria. ¿Se mantiene el pacto PSOE-PSC con el PP para una lista regional y un aumento del número de diputados? ¿Se procederá a una Ley Electoral fuera del texto estatutario?

En consecuencia, si analizamos bien el Estatuto de 1996, están por hacer casi todos los deberes esenciales trazados en tal normativa, y ahora, diez años más tarde, las mismas fuerzas políticas desinteresadas por llevar a la práctica real la letra de ese Estatuto son las llamadas a reformar un texto que ellas -las primeras- han incumplido, ya desde el gobierno, ya desde la oposición que no ha recordado -o ha frenado, en otros casos- tales responsabilidades.

Con todo lo que ha llovido desde 1996 para Canarias en materia de empantanamiento de la cuestión sahariana y consecuentes desencuentros con el reino de Marruecos, prospecciones petrolíferas incluidas y pendientes, en materia de inmigración, en materia de inseguridad ciudadana, y con todo lo que ha llovido para España en lo referente a su revertebración política -Plan Ibarretxe, Estatuto catalán-, los tiempos nos dicen que debemos preparar las nuevas estructuras de nuestra autonomía atlántica y de nuestro autogobierno para entendernos directamente con Europa en la búsqueda de algunas soluciones que no llegan, pasando por encima del Estado al que hasta ahora hemos pertenecido.

Nuestra situación geoestratégica nos obliga a ello, mucho más si tenemos en cuenta la dejadez de España en competencias como relaciones exteriores, fijación de nuestra territorialidad marítima, inmigración, extranjería, racionalización demográfica, seguridad, desacuerdos con Estados Unidos.

No se trata de hoy para mañana; se trata de pensar por encima del debate extenuante de los territorios españoles, sean nacionalidades, regiones, comunidades o como quieran llamarlos. No debemos entrar en disquisiciones sobre si nación sí/nación no; Canarias no tiene nada que demostrar en ese litigio estatal.

Si somos algo históricamente hablando, somos la última colonia del imperio español, y, a partir de ahí, negociamos.

El Estatuto que reclama la Canarias del siglo XXI, con las cosas como se han puesto a nuestro alrededor, es un estatuto de país atlántico perteneciente a la estructura económica, social, cultural y política europea.

Sin necesidad de entrar en conflicto ni en rivalidad con el resto de las comunidades autónomas españolas.

Un estatuto diferenciado de país de ultramar con unas características que huelga estar repitiendo ahora por obvias.

Si Malta es un miembro más de la Unión Europea con sus trescientos diecisiete kilómetros cuadrados y sus cuatrocientos mil habitantes, Canarias tiene más argumentos para aspirar a ese estatus, aunque sea de forma escalonada, gradual.

Es decir, sin romper por ahora con los progresivos marcos de convivencia actual: España, primero, y luego Europa, pero sin dejar de prever también que un día tendremos que vérnoslas a solas con lo que de verdad sucede en nuestro entorno.

Esas peculiaridades que nos exigen no mimetizar de nuevo textos estatutarios peninsulares, siquiera sea el catalán.

Ya que desde 1982 nos hemos dedicado a proponer y a aprobar y a reformar estatutos de autonomía que luego no hemos cumplido, probemos a definir una Canarias futura con todas sus consecuencias. La nueva realidad que vivimos nos exige una nueva legalidad más ambiciosa.