¿ESTUDIO O INFORMACIÓN SESGADA?

Las pretendidas excelencias de la enseñanza privada frente a la pública

EA-Canarias

Toda la prensa de Canarias curiosamente se hizo eco el viernes 19 de enero de un estudio comparativo entre la enseñanza pública y la privada, especialmente la concertada. Canarias es una de las comunidades que aún tiene un porcentaje importante de enseñanza pública. ¿Estudio o información sesgada? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos enseñantes cuando vemos publicada la noticia hoy referida a un estudio realizado por una supuesta organización de Profesionales por la Ética (es en realidad un colectivo que se opone y llama a realizar objeción a la asignatura de Educación para la ciudadanía). Su denominado Ránking de Excelencia Educativa 2007” refleja su concepto de educación.

Un defensor de la enseñanza pública no usaría la terminología y conceptos allí utilizada para realizar cualquier estudio sobre modelos educativos, como es el denominar  iniciativa social a la red educativa privada (enseñanza privada o concertada). Hasta ahora a esto se le ha llamado negocio y social era aquella sin ánimo de lucro y considerada una inversión para el bien del  país, es decir la enseñanza pública. Sin embargo,  para definir la iniciativa pública utilizan el término de “gasto público”, es decir que consideran que esa inversión en lo público, es algo gravoso para el Estado, de lo que se deduce que hay que suprimir o eliminar. Esto explica el interés por denostar la enseñanza pública.

Curiosamente se les ha “olvidado” decir que la concertada recibe fondos públicos, por lo que también se le podría incluir en el concepto de “gasto público”; es este caso bastante grave ya que, a pesar de recibir estos fondos, no hay que olvidar que todos los ciudadanos los pagamos, sin embargo se permiten discriminar y seleccionar a su alumnado. Justamente en el BOC de estos días se han publicado los conciertos hasta el año 2009, donde se dice que “el titular del centro se obliga al cumplimiento de las normas de admisión de alumnos que se establecen en el Título II, Capítulo III de la Ley Orgánica 2/2006” que habla de un reparto solidario entre la pública y la concertada, cosa que no se cumple y la Inspección Educativa no obliga a cumplir.

Cuando se habla del poco peso de la enseñanza concertada y privada en las comunidades autónomas con  más índice de abandono o fracaso escolar no se refleja que el estudio haya analizado que dichas comunidades (Canarias, Extremadura, Andalucía,...) son las que arrastran un menor nivel cultural, que se encuentren a la cabeza del paro, con los mayores índices de pobreza, con mayor porcentaje de trabajo inestable, menor la renta per cápita del estado, en la cola de inversión por alumno, etc… Esto en el caso canario se debe entre otros factores a una nula política social del gobierno ultra periférico, a que se priman las grandes obras de infraestructura y a que deja de ingresarse por parte del Estado los dineros que se derivan para la RIC. Tampoco sacan conclusiones de que la ratio alumno profesor sea mayor en Andalucía o en Canarias, factor éste que, desde EA-Canarias, consideramos es clave para entender los resultados educativos.

Los estudios por sí mismos no tienen validez “científica”, dependen de los aspectos analizados, del sesgo que se les quiera dar y el fin para el que se han realizado. Evidentemente este “estudio” pretende demostrar las bondades de la iniciativa privada en la educación y servir como justificación para el desmantelamiento de la red pública de enseñanza, por mucha ética con que lo quieran cubrir.

Canarias, a 19 de enero de 2007

EA-Canarias