El próximo 20 de febrero las trabajadoras y los trabajadores canarios estamos convocados a un referéndum en el que debemos manifestar nuestro rechazo o nuestra aprobación a un Tratado Constitucional decisivo para nuestro futuro.

Lo cierto es que este tratado, hecho a espaldas de la ciudadanía y del propio Parlamento Europeo, es un golpe gravísimo contra los intereses de la clase trabajadora. Ni siquiera garantiza el derecho al trabajo. Y, en consecuencia, tampoco se recoge el derecho a cobrar el paro, ni habrá nunca seguridad social europea, ni salario mínimo europeo, ni garantías sociales. Además, se constitucionaliza la flexibilización del mercado laboral bajo el eufemismo de "potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, así como unos mercados laborales capaces de reaccionar rápidamente a la evolución de la economía".

Estamos ante un tratado muy duro, fruto de las concepciones políticas de la extrema derecha europea. Y completamente a favor de las grandes corporaciones capitalistas. Son sus derechos los que se garantizan, prohibiéndose radicalmente cualquier restricción a la importación, exportación o tránsito de trabajadores, mercancías, empresas y capitales. De hecho, se limita a introducir en bloque una gran parte del Tratado de Maastricht. Predominan las políticas monetaristas sobre cualquier otra intervención estatal. Una política encarnada en un antidemocrático Banco Central Europeo, que no se responsabiliza del desempleo. La entrada de diez nuevos miembros más pobres agrava aún más está situación. Y en este sentido las previsiones de la nueva norma empeoran la situación por cuanto:

1. plantean la reducción del peso del presupuesto comunitario del ridículo 1,27% del PIB al 1% (todo ya gastado en mantener funcionarios y políticas estructurales ya existentes), y
2. obligan a que sea un presupuesto sin déficit (lo que supone la imposibilidad de usar la política presupuestaria como un medio de lucha contra las crisis).

El tratado constitucional transforma un criterio económico, como es la competencia, en un principio jurídico. De la misma manera que cuando se habla de competitividad a nivel de empresa, los trabajadores sabemos que se habla de despidos, recorte de derechos sindicales, bajada de salarios y mayores jornadas (y no de mayor formación, investigación y desarrollo, etc.). De esta manera, este tratado se fuerzan nuevas privatizaciones y estableciendo principio constitucional la privatización de las empresas y los servicios públicos. Una política al servicio de las grandes estructuras oligárquicas, con los negativos efectos reales que provocan los procesos de privatización sobre la competencia real, la calidad de los servicios, etc.

Se trata además de una política que impide a regiones y estados el desarrollo de políticas industriales autónomas que impiden romper con algunas de las estructuras económicas actuales y que concede a la empresa privada una enorme primacía sobre la sociedad. Se trata como a los verdaderos ciudadanos europeos a los dueños del capital, a los que se les garantiza libertad total para sus negocios y mano de obra barata y sustituible, quedando las trabajadoras y trabajadores como meras comparsas, ciudadanos de segunda en los que el Estado debe gastar cada vez menos.

Se consagra así un modelo económico neoliberal que, de hecho, centraliza aspectos claves de la política económica y ata la actuación de los poderes estatales y regionales, al tiempo que les deja encargados de hacer frente a todos los problemas que este mismo problema crea (destrucción de empleo, pobreza, servicios sociales...).

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT) integrados en la Confederación Europea de Sindicatos, sólo se atreven a justificar su traición diciendo que este tratado es un paso adelante, y que ya se mejorará en el futuro. Mienten muy mal. No sólo es un paso atrás para las condiciones sociales, sino que estamos ante un tratado inmodificable en la práctica, ya que su reforma exige la unanimidad de los 25 países miembros. Sólo desde el amarillismo más descarado, desde su venta por subvenciones y por puestos en distintas comisiones europeas, se explica la posición entreguista de estas burocracias sindicales. Unas cúpulas que, de espaldas a los intereses de sus propios afiliados, son cómplices permanentes de los peores ajustes contra la clase trabajadora y colaboradores necesarios en las políticas de derechas a escala mundial.

La ambigüedad de IC, que no termina de despegarse de CC y del Gobierno canario, supone un posición vergonzante (de momento, que se sepa, la abstención), que le impide sumarse a la lucha por el No.

Desde el punto de vista de Canarias, mienten quienes dicen que se recogen nuestros intereses como pueblo en este tratado. En primer lugar, porque no sólo se niega el derecho democrático a la autodeterminación, sino que se insta a los Estados miembros defender su "integridad territorial". En segundo lugar, el artículo II-105 hace imposible un Estatuto de Residencia para Canarias. En cambio, el artículo IV-440 establece que este tratado no será de aplicación en las islas Feroe, y sólo parcialmente a las Islas del Canal y a la isla de Man, territorios que sí tienen restricciones a la libre circulación de trabajadores y al asentamiento de foráneos, y que han sabido mantener esa prerrogativa.

Y en tercer lugar, el artículo III-424, que hace referencia al tratamiento de las llamadas regiones ultraperiféricas (Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, las Azores, Madeira y las Islas Canarias), sólo dice, genéricamente, que el Consejo de ministros comunitario "adoptará" leyes, reglamentos, decisiones y ayudas, sin precisar. Eso sí, cualquier cosa que se haga será "sin menoscabar la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluidos el mercado interior y las políticas comunes" de la Unión Europea.

Es decir, el Consejo hará lo que estime conveniente y fijará las ayudas que crea oportunas, si las hubiera. Por lo tanto, es un tratado que deja el futuro de Canarias en manos de los lobbys de poder en la Comisión Europea y de los intereses de los Estados en el Consejo, y que hace imposible a Canarias salirse de "las políticas comunes" (incluida la Política Agraria Común). Canarias queda una vez más supeditada a las decisiones externas, a seguir siendo una economía dependiente, y a mendigar ayudas cuyos criterios y cuantías no se regulan. Un gran negocio para intermediarios y "conseguidores".

Por si esto fuera poco, estamos ante un tratado constitucional que establece el principio de guerra preventiva y posibilita las intervenciones militares de la Unión Europea contra cualquier país para "prevenir conflictos". Si a esto sumamos el que se subordina la política de defensa europea a las decisiones de la OTAN, y que se insta a los Estados miembros a incrementar sus gastos militares, queda al descubierto la verdadera cara de este tratado.

El Frente Sindical Obrero de Canarias considera vital que este tratado sea derrotado, para que se pueda abrir un verdadero proceso constituyente a favor de los derechos sociales de las trabajadoras y de los trabajadores, de los derechos democráticos de los pueblos europeos y bajo soberanía europea y de las políticas de paz y de solidaridad internacionales.

En esta decisiva batalla, están de un lado las grandes corporaciones capitalistas, los multimillonarios y las fuerzas de la reacción. Del otro, quienes vamos a sufrir las consecuencias en salud, en vivienda, en precariedad en el empleo, en servicios sociales, en salarios. Es decir, quienes vamos a pagar la factura. Por eso llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores y a todo el pueblo canario, a votar NO el próximo 20 de febrero.

Canarias, Enero de 2005