La Opinión, 12-3-01

El servicio de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife tramita en estos momentos 17 expedientes sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio. El rápido desarrollo de este sector de las comunicaciones ha ido mucho más rápido que la normativa y, hoy por hoy, se están tramitando hasta 42 solicitudes de instalación en todo el municipio.

La realidad de los números es bastante llamativa, 17 expedientes de disciplina urbanística, 42 solicitudes –cada una de ellas en distintos momentos de tramitación– y nueve licencias otorgadas –seis a Telefónica y 3 a Airtel–. La rapidez con la que ha extendido el uso de la telefonía y la falta de medios normativos para regular la instalación de las infraestructuras necesarias para dar cobertura a toda la población son las causas de este baile de cifras, y es que no hay que olvidar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobó en 1992, cuando el teléfono móvil se llamaba teléfono portátil y era sólo cosa de unos pocos ejecutivos estresados.

Para normalizar la situación el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo aprobó, el pasado viernes, la modificación de algunos aspectos incluidos dentro del título noveno –parámetros y condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno– del PGOU, lo que permitirá dar cobertura urbanística a este tipo de instalaciones e instrumentar los medios para evitar de forma más efectiva su proliferación descontrolada.

Estas modificaciones eran necesarias porque este tipo de antenas necesitan, como establece el decreto legislativo de texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, una licencia de obras municipal, por lo que es necesario que los técnicos municipales valoren conceptos de alturas y de impactos visuales que estén recogidos en la normativa urbanística del municipio.

Esta modificación transitoria, porque se está elaborando el avance del nuevo PGOU que recogerá con mucho más detalle y previsión el desarrollo de los nuevos sistemas de telecomunicaciones y su posible repercusión en el territorio, va de la mano de la nueva ordenanza municipal de Telecomunicaciones que pretende dotar al Ayuntamiento de un instrumento normativo para, por un lado regularizar la instalación de las antenas de telefonía móvil en los edificios y, por otro, poder dar una respuesta rápida a las solicitudes de colocación de estas infraestructura que cumplan con los requisitos medioambientales establecidos.

Además, esta normativa, promovida por el área de Infraestructura, también pretende, entre otras cosas, ordenar las instalaciones de redes y cableados en las urbanizaciones promoviendo la colaboración entre las distintas empresas del sector para limitar el impacto de colocación de estos tendidos, que conllevan obras en la vía pública, a los vecinos.

El decreto legislativo de texto refundido de la de La Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales expone en su articulado las sanciones que se deben instruir desde las Corporaciones locales por este tipo de irregularidades. Así, en el artículo 202 se expone que se considera como sanción grave la colocación de antenas de telefonía móvil en las ciudades sin contar con la preceptiva licencia de obras; aunque esta misma infracción podrá ser calificada como muy grave en el caso de que supongan la destrucción o deterioro de bienes declarados de interés cultural por la legislación sobre patrimonio histórico.

Las sanciones que acompañan a estas infracciones, que son graves en la mayoría de los casos inspeccionados por la Gerencia de Urbanismo, van desde un mínimo de un millón de pesetas a un máximo de 25. Además, este tipo de infracciones graves también puede dar lugar a la imposición de sanciones accesorias que pueden conllevar la inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones o incentivos fiscales.

Las instalaciones con expediente abierto por Disciplina Urbanística están repartidas por todo el municipio, desde Los Campitos, hasta la Montaña de Paso Alto, pasando por la carretera de Igueste, el barrio de La Salud, o la esquina entre la calle Numancia y la Rambla General Franco, en pleno centro de la ciudad. Cada uno de estos expedientes se encuentran en distintas fases, ya que los denunciados han solicitados prórrogas o están pendientes de aportar algún tipo de documentación.

En lo que se refiere a las solicitudes que se están tramitando, algunas de ellas ya instaladas, aproximadamente la mitad ya cuentan con informes favorables de la oficina técnica y otras están pendientes de aportar planos rectificados pues no han recibido el visto bueno de los técnicos. Estas 42 solicitudes han sido realizas en tan sólo dos años.

Ordenanza para controlar el uso de los repetidores

El próximo pleno del Ayuntamiento analizará la ordenanza de Telecomunicaciones que ha elaborado el área de Infraestructuras y en la que ha participado la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) –órgano que depende del Gobierno central–, analizando sus contenidos y añadiendo algunas valoraciones para enriquecer un texto que intenta tener una vigencia prolongada, a pesar de los continuos adelantos técnicos que cambian el mundo de las comunicaciones en cuestión de meses.

Un aspecto importante de este texto es el intento de coordinar a las distintas empresas del sector, tanto para que compartan repetidores de telefonía móvil para reducir su presencia en el municipio, como a la hora de realizar obras de cableado dentro de la ciudad. De esta forma se intenta limitar el impacto que tiene sobre los ciudadanos las decisiones de expansión de estas empresas.

Las aportaciones realizadas tanto por la CMT como por los técnicos municipales servirán para que el Ayuntamiento cuente con una normativa que permita coordinar acciones y tomar decisiones antes de que se presenten los problemas.

También en el próximo pleno, el Ayuntamiento analizará una moción presentada por el grupo municipal socialista en la que se plasma la necesidad de coordinar a las distintas administraciones para que la ordenanza pueda tener una aplicación práctica eficaz. Según indicó el portavoz del PSC, Emilio Fresco, la existencia de varias administraciones con competencia en esta materia hace necesario que el Ayuntamiento firme un convenio con la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias para evitar que, como ocurre actualmente, la Dirección General de Industria de el visto bueno para la conexión de energía a las empresas de instalación de antenas de telefonía móvil sin solicitar la preceptiva licencia de obras.

"Si se coordinaran ambas administraciones a través de un convenio se podría conseguir que la presentación de licencias de obras fuera una condición necesaria para obtener el permiso de Industria", lo que, según Fresco, "acabaría con la proliferación de estas infraestructuras fuera del control municipal".