La tolerada explotación infantil

 

Justo Fernández Rodríguez

 

El día 8 de junio, como en otras ocasiones, recibí el comunicado de la OIT sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la recomendación de no hacerlo público hasta después de la rueda de prensa en la que se facilitaría a los medios de comunicación. La indignación por una deplorable situación, que no evoluciona favorablemente por la mundialización económica, pese a las promesas de gobiernos e instituciones internacionales, me ha hecho dudar sobre el cumplimiento de mi compromiso, aunque reconozco que adelantar su publicación una semana no habría resuelto nada. La explotación de los niños, en sus distintas modalidades, todas ellas inadmisibles y condenables, no puede continuar siendo una simple referencia de los foros, encuentros, reuniones o conferencias de organismos internacionales, en los que, normalmente, se multiplican las condenas contra la violación de los derechos de la infancia y se reiteran las promesas de luchar por su erradicación, olvidándose de ellas en cuanto terminan las ceremonias de clausura.


Millones de niños y niñas realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. Una buena parte están expuestos a las peores formas de explotación infantil, esclavitud, trabajos peligrosos, tráfico de drogas, prostitución o conflictos bélicos.


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó en 2002 el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como una forma de alertar a los ciudadanos sobre la verdadera situación, al margen de estadísticas gubernamentales manipuladas, de esos niños. Asimismo, llama la atención de todas las organizaciones sindicales sobre la exigencia de ratificación y cumplimiento del Convenio nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio nº 138 sobre la edad mínima para comenzar a trabajar.


246 millones de niños y niñas, en todo el mundo, se ven obligados a trabajar para subsistir o mantener a sus familias en Asia, América, África y, en mucha menor medida, en una buena parte de Europa. Desnutridos, enfermos, prostituidos o esclavizados, trabajan la mayor parte del día, privados de los más elementales derechos reconocidos hace cincuenta años por la ONU: "El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará, ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral".


Alrededor de 171 millones de niños, con edades entre los cinco y los catorce años, lo hacen en situaciones o condiciones de peligro, minas, manipulación de productos químicos, manejando maquinaria peligrosa o pesticidas en la agricultura. El trabajo agrícola es uno de los más peligrosos para los niños. Están expuestos a los mismos riesgos que los adultos, pero sus cuerpos y mentes aún están en proceso de desarrollo y no tienen la misma experiencia laboral. Muchos comienzan a los cinco años. Hay zonas rurales donde el 20% de los trabajadores infantiles tienen menos de diez años.


En los últimos años, dos millones de niños y niñas han muerto como consecuencia directa de conflictos armados. Al menos seis millones se han quedado incapacitados como consecuencia de su intervención en guerras. Más de un millón son huérfanos o se han visto separados de sus familiares. 300.000 niños y niñas soldados, utilizados como combatientes, avanzadillas, porteadores, cocineros o como esclavos sexuales, participan en más de treinta conflictos armados. Cada año las minas terrestres matan o mutilan alrededor de 10.000 menores de edad. Muchos son reclutados a la fuerza o secuestrados, otros se alistan para huir de la pobreza, el maltrato o para vengar la violencia de que han sido víctimas, ellos o sus familias. En 2002 entró en vigor el protocolo sobre la participación de niños en conflictos armados, que exige que se eleve a 18 años la edad mínima para ser movilizados. El cumplimiento del citado protocolo no puede calificarse de éxito.


Durante los conflictos armados, las mujeres y las niñas están expuestas a sufrir violaciones, explotación, mutilaciones o humillaciones sexuales o trata de personas, que se ha convertido en una táctica utilizada por todas las fuerzas implicadas en los conflictos. Millones de niñas trabajan en el servicio doméstico no remunerado. Muchas otras (1,2 millones) son víctimas de tráfico de menores; obligadas a trabajar en condiciones de servidumbre, cercanas a la esclavitud (5,7 millones); otras, presionadas para ejercer la prostitución o trabajar en pornografía (1,8 millones).


La ablación o mutilación genital femenina, constituye una violación fundamental de los derechos de las niñas, pese a que continúa siendo un servicio muy valorado y bien remunerado en África, donde ha afectado a más de cien millones de mujeres. La mayor parte de las niñas que han sido víctimas de esta práctica viven en 28 países africanos. Aumentan los casos en algunos países de Asia y Australia, Canadá y EE.UU., principalmente entre emigrantes procedentes de África. La trata de personas afecta a niñas de tan sólo trece años, procedentes, principalmente, de Asia y Europa del Este, que son enviadas a otros países como novias a la carta. Los niños y niñas de Togo, Mali, Burkina Faso y Ghana son exportados a Nigeria, Costa de Marfil, Gabón y Camerún para su posterior traslado a Oriente Medio y Europa.


La asociación del turismo exótico a la explotación sexual de menores ha tenido un crecimiento vertiginoso. Sondeos fiables indican que alrededor del 35% de los denominados trabajadores del sexo de la zona del Mekong, en el Sudeste asiático, tienen entre 12 y 17 años. En México, existen más de 16.000 niños y niñas que ejercen la prostitución, sobre todo en destinos turísticos. En Lituania, alrededor del 50% de las prostitutas son menores.


En los últimos días, varios sindicatos han denunciado que varias fábricas con licencia oficial para producir artículos para los Juegos Olímpicos de Pekín, utilizan niños con doce años de edad, con salarios míseros y jornadas abusivas, siete días a la semana, en condiciones inseguras e insalubres. Es de esperar que el Comité Olímpico Internacional (COI) adopte medidas contra estas violaciones de los derechos humanos.


En España, según la Unicef, trabajan 170.000 menores de 16 años. 100.000 lo hacen en tareas domésticas; 15.000 trabajan en negocios familiares; 10.000 se dedican a tareas agrícolas, ganaderas o de pesca; 10.000 lo hacen en publicidad; 5.000 se emplean en fábricas y talleres y 2.000 recorren carreteras y pueblos dedicados a la venta ambulante. 5.000 niños, secuestrados o vendidos en Rusia, Rumania o Brasil, son obligados a prostituirse en diversas ciudades españolas. Por autonomías, donde más niños trabajan son Andalucía (9,2%), Canarias (7,4%), Murcia (7,1%) y Castilla-La Mancha (6,7%). El problema se agrava entre los menores inmigrantes, con especial incidencia en magrebíes y portugueses, explotados en la recogida de aceitunas o tomates.