Después de la regularización de miles de inmigrantes con el fin de que reciban, entre otros, un sueldo digno, ¿quién vigila que los trabajadores canarios reciban el mismo trato? A quién beneficia esta explotación laboral, ¿a las empresas que prestan los servicios, o a las entidades públicas o privadas que las contratan? Lo cierto es que a los trabajadores, no. Está bien eso de que haya libre competencia, pero no siempre a costa de los mismos, los trabajadores, que no pueden más que aguantar, pues el panorama laboral no es muy halagüeño, y no se puede permitir después de 15 años en el mismo puesto, cambiar de lugar, comenzar de nuevo y sólo porque en el ir y venir de subcontratas les toque una empresa explotadora que sólo piensa en sacar el máximo beneficio mientras dure el contrato con ese organismo público o privado, sin pensar en los trabajadores que tiene a su cargo, y que, después de sacarles el jugo, los dejarán ahí para que la siguiente subcontrata haga lo mismo.

Y todo esto porque muchos de ellos no pertenecen ni a la empresa subcontratatada ni al organismo que las contrata. Se encuentran en un vacío de derechos, sometidos al libre albedrío de las empresa explotadora durante ese tiempo de contrato. Sólo espero que esa parte del Gobierno a quien afecta este problema haga algo por estos trabajadores que, por 40 horas semanales, merecen un sueldo digno.