Lo que han olvidado los señores de la guerra es que los que en ningún momento han sido invitados en nuestra legítima Patria son ellos, en los que de sobra saben que son personas NON GRATAS, porque el pueblo canario ha elegido otra senda diferente, unos senderos de Paz, Libertad, Justicia y Democracia de los que los señores y ahora también las señoras de la OTAN carecen, olvidándose que los ejércitos están supeditados a la sociedad civil, que los mantiene, cuyos cargos no han sido elegidos democráticamente y por lo tanto no tienen legitimidad alguna, por lo que resulta intolerable que estos señores se arroguen la autoridad de decidir qué alcaldes o ediles municipales deben manifestarle los acuerdos plenarios contrarios a la realización de operaciones militares en nuestro territorio y quiénes no.

Los ejércitos deben obediencia a la sociedad civil, que con nuestros impuestos los mantenemos y si no les interesa ya saben lo que tienen que hacer, que es bien sencillo: dejar el puesto a disposición de quien corresponda. El ministro Bono declaraba que los militares se habían comprometido por escrito a respetar lo pactado con el Ministerio español de Defensa, que no con la decisión de los canarios de no pertenecer a la OTAN. Ahora toca exigir responsabilidad a esta malcriadse de los militares, que se creen con todos los derechos y ninguno de los deberes, siendo como son empleados de la sociedad civil y, cómo no, responsabilidades al ministro Bono, por el incumplimiento de sus subordinados en primer lugar y por faltar a la palabra dada de que se prohibirían las operaciones militares en Canarias.

El pueblo es soberano y esto hay que tenerlo claro, pues ni más ni menos significa que al mismo están sometidos civiles y militares, disciplinadamente, incumpliendo el mandato popular tanto los que consienten operaciones militares en nuestro territorio, el presidente Zapatero y Bono a la cabeza y el gobierno títere de Canarias, que incluso se entera por los medios de comunicación que la CÍA utiliza impunemente nuestros aeropuertos para incurrir en actividades penalizadas por los tribunales internaciones y la convención de Ginebra ¿Por casualidad alguien ha pensado en dimitir?