La
Asamblea Ecologista denuncia fraudes de Ley en la aprobación del Plan Territorial
de Ordenación Turística de La Palma -PTE-
El Gobierno de Canarias aprobó definitivamente el
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma (PTE), en Consejo
de Gobierno celebrado el pasado martes 8 de mayo. La ordenación territorial de
la actividad turística de La Palma es uno de los instrumentos para atender las
especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus
desventajas y mejorar el sistema económico insular. Según el comunicado
remitido a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa del Gobierno
de Canarias, uno de los fines del PTE en el futuro desarrollo insular, es un
contexto de economía diversificada y perdurable, para el que además, será
necesaria la formación de los residentes en el adecuado desempeño de dichas
actividades y el apoyo a las mismas a través de acciones de fomento desde los
distintos niveles administrativos.
Ante la aprobación por parte del Gobierno de
Canarias del PTE, la Asamblea Ecologista de la Palma manifiesta:
1. Que la aprobación parcial del PTE constituye una
nueva irregularidad que no tiene ninguna justificación. Es
una burla a la ciudadanía y una ilegalidad que se proceda a esta aprobación sin
haber resuelto y contestado las miles de alegaciones que en su día se presentaron.
Este precipitado y amañado procedimiento plantea, si cabe, más sombra sobre la
transparencia y legalidad de este plan y sobre los intereses especulativos que
se ocultan tras él.
2. Que el desarrollo de este plan conllevará el más
grave impacto medioambiental y paisajístico que un plan urbanístico haya
producido en Canarias. No existe otro ejemplo como este de
reclasificación masiva de terrenos a la carta, con total desprecio del interés
general frente a los intereses especulativos de algunos sectores
empresariales-inmobiliarios que no sabemos por qué mantienen una relación
privilegiada con el grupo gobernante en el Cabildo y con otros partidos de la
oposición.
3. Que el plan que se pretende aprobar persigue
principalmente la reclasificación masiva de suelo rústico a suelo urbanizable,
es decir, dará cobertura legal al mayor pelotazo inmobiliario que ha habido en
la historia de Canarias. Estos terrenos están ya, mayoritariamente,
en manos de promotores-especuladores y verán multiplicado su valor por diez de
la noche a la mañana. Algunos, gracias a la información privilegiada, hace
tiempo que son propietarios de dichos terrenos, otros los han comprado a
precio de rústico (aprovechando muchas veces la falta de información de los
propietarios o colando el bulo de la expropiación forzosa)
y mañana lo venderán como urbano. En cualquier caso todos han
"trabajado" duro para que los responsables públicos antepongan sus
intereses privados, sus recalificaciones, al interés general.
4. Que se permitirá la construcción de macrohoteles en suelo rústico, zonas de elevada
naturalidad o suelos agrícolas, totalmente desproporcionados con las
edificaciones tradicionales del medio rural y con el consecuente impacto
ambiental y paisajístico. El modelo planteado supone la
dispersión en el medio natural y rural de enormes construcciones hoteleras. La
mayoría de ellas completamente aisladas, con el consecuente impacto ambiental y
paisajístico (ver anexo 1). A este impacto directo hay que sumar las
consecuencias medioambientales de las infraestructuras que estos proyectos
requieren (carreteras de acceso, tendidos eléctricos...), de los residuos que
generan (basuras, aguas residuales...) y de la fuerte demanda energética que
suponen.
Por otra parte, los campos de golf proyectados
afectarán a 5.200.000 m2 de
suelos de alto valor natural, agrícola y paisajístico. Incluyendo espacios
naturales protegidos. Como es sabido estos proyectos incluyen instalaciones
hoteleras y residenciales, ocupando espacios de alto valor ambiental.
5. El modelo propuesto en el PTE no
beneficia el desarrollo económico y turístico de la isla. Se apuesta por un
turismo masificado y convencional, ya en crisis en otras islas. Con
el agravante de ser un modelo muy agresivo con el medio natural y rural, lo que
contribuirá a degradar el principal atractivo turístico de la isla: su paisaje
y su naturaleza bien conservada.
En el plano económico, el plan es una apuesta por un
modelo especulativo-inmobiliario que sólo tendrá beneficios en el corto plazo y
tenderá a degradar el valor de La Palma como destino turístico.
Asimismo, complicará aún más los bajos índices de
ocupación que tienen las infraestructuras ya existentes y terminará de hundir a
los pequeños complejos de apartamentos y el turismo rural, al competir muchos
de los nuevos hoteles en el mismo espacio y por el mismo tipo de cliente. En
este sentido, está claro lo ocurrido en el municipio de Fuencaliente
tras la apertura del hotel de Cerca Vieja: la ocupación ha caído en picado como
los propios perjudicados han denunciado. Resulta lamentable que la mayoría de
inversores-especuladores a los que beneficia este plan son de fuera de la isla.
6. En definitiva, consideramos que este
plan va radicalmente en contra de los objetivos y principios de una isla
declarada Reserva de la Biosfera. Resulta
contradictorio, cuando no vergonzoso, que se promuevan iniciativas como el Plan
de Ordenación de los Paisajes de la Palma desde el seno de la Reserva Mundial
de La Biosfera "con el objetivo primordial de protección del paisaje como
un recurso natural y cultural", a la vez que se fomentan modelos
turístico-inmobiliarios que fomentan todo lo contrario. O iniciativas como
"Starlight", que pretenden proteger y
revalorizar los cielos nocturnos de la isla a la vez que se quiere llenar todo
el territorio insular de infraestructuras turísticas de gran escala con su
consecuente contaminación luminosa.
7. Como ha venido denunciando la Asamblea Ecologista
de la Palma, este plan presenta
numerosos fraudes de ley e ilegalidades, además de que su desarrollo ha
adolecido de graves defectos de procedimiento. Es un claro y vergonzoso
ejemplo de como es la propia administración (Cabildo y Gobierno de Canarias),
la que promueve la interpretación fraudulenta o directamente el incumplimiento
de las leyes del territorio de Canarias con el objetivo de favorecer
determinados intereses inmobiliario-especulativos. Y estos incumplimientos han
sido denunciados, además de por algunos técnicos de la Cotmac,
por miles de ciudadanos a través de las alegaciones que han presentado a este plan
y que aún están esperando respuesta.
Por todo esto, la Asamblea Ecologista de la Palma
anuncia que emprenderá la batalla judicial contra este plan a través del
correspondiente recurso contencioso-administrativo y sobre todo anima a toda
la ciudadanía de la Palma a que defiendan la isla, nuestra casa común, de la
especulación y del desarrollo insostenible que buena parte de nuestra clase
política están promoviendo.