Guerra,
seguridad y derechos
Justo
Fernández Rodríguez
Inmediatamente después de los terribles
atentados del 11-S, Bush decidió que eran un
"acto de guerra", iniciando la organización de una fuerte represalia
bélica, que denominó ’Justicia Infinita’. Sin importarle las reticencias de
numerosos países y organizaciones internacionales e, incluso, del Papa, Bush decidió quiénes eran los culpables y la ejecución del
castigo, advirtiendo: "O se está con nosotros o se está con el
terrorismo". Los B-52 arrasaron aldeas y ciudades de Afganistán, con la
excusa de capturar "vivo o muerto" a Bin Landen, antiguo mercenario de EE.UU.
en la guerra contra Rusia. Miles de hombres, mujeres y niños, tan inocentes
como los que murieron en las torres de Nueva York,
fueron masacrados. Eran los "daños colaterales" de la venganza de Bush. Pero, Bin Landen y los demás dirigentes terroristas de Al Qaeda continúan libres.
Y comenzó el traslado de centenares de talibanes, sin
acusaciones concretas, calificados de "combatientes ilegales", a la
base estadounidense de Guantánamo, drogados, rapados, con los ojos y la boca
tapados. Las torturas de que fueron objeto, violando los derechos humanos y
Para ocultar su fracaso, Bush, se lanzó a una
sostenida ofensiva, mediática y política, contra Irak. La excusa de que no
había cumplido las resoluciones de las Naciones Unidas resultaba cínica, cuando
su socio privilegiado, Israel, llevaba 23 años incumpliéndolas. Se organizó una
feroz campaña sobre las maldades de Sadam Hussein, un dictador, alimentado y armado por los EE.UU., para impedir el avance islamista en Irak. Se
lanzaron toda clase de rumores falsos, se manipularon noticias, se compraron
periodistas, en todo el mundo, para que "orientaran" sus comentarios,
columnas y editoriales, a favor de una intervención militar en Irak.
Las grandes mentiras difundidas fueron: Irak es un peligro inminente para la
paz mundial; Irak tiene armas de destrucción masiva e intenta conseguir,
mediante la compra de uranio, armas atómicas; Sadam Husein mantiene una relación estratégica con Al Qaeda; la caída de Husein tendría
consecuencias beneficiosas para el mundo libre; su derrota y el establecimiento
de una democracia, de tipo occidental, actuaría como un efecto dominó sobre los
regímenes de Oriente Medio; sin Bin Landen y Sadam Husein, el mundo será más seguro.
El control de las segundas reservas de petróleo del mundo no parecían muy lejanos
de la estrategia de Bush, en defensa de los intereses
de las grandes empresas petroleras y constructoras norteamericanas,
representadas por el vicepresidente Dick Cheney, que pretendían repartirse el botín energético y la
reconstrucción de un futuro Irak arrasado por las bombas.
Pretender atemorizar al mundo con el peligro de una agresión militar de Irak
era una falacia contrastada. Ni la capacidad de su ejército, destrozado y con
armamento anticuado, ni la vigilancia aérea permanente que se ejercía sobre su
territorio y los bombardeos estratégicos de castigo que sufría cada semana, por
norteamericanos y británicos, hacían creíble la pretendida amenaza.
La masiva oposición ciudadana, expresada en multitudinarias manifestaciones, en
las capitales de casi todo el mundo, no sirvió para evitar que los "tres
farsantes", Bush, Blair
y Aznar, reunidos en las Azores, decidieran, al
margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invadir ilegalmente
Irak. No importó que los informes de los inspectores de las Naciones Unidas
mostraran que no existían armas de destrucción masiva. Existían otros intereses. En España, Aznar,
Rajoy, Zaplana y Acebes continuaban engañando a los españoles, manifestando
que "Irak tiene armas de destrucción masiva".
Pasados más de dos años y medio, después de la declaración formal del
"final de la guerra", el caos, la inseguridad y la violencia
continúan dominando la actualidad de Irak.
Cinco años después de los mayores atentados de la historia, el mundo es mucho
menos seguro, más peligroso y con menores niveles de libertad. El asesinato de
civiles, unido a las torturas de prisioneros y el ametrallamiento de mujeres y
niños, por parte de las tropas norteamericanas, ha venido a incrementar el
descrédito de un país, que parecía constituir un ejemplo de libertad y
democracia. Abu Ghraib y
Guantánamo admiten la comparación con los campos nazis.
A estas alturas, nadie mantiene las mentiras con las que pretendieron
justificar la invasión ilegal de Irak. Decenas de miles de irakíes
y casi 3.000 soldados estadounidenses han muerto. Irak, que estaba limpio de
terroristas islamitas, por la represión de Husein, se
ha convertido en un gran centro de adiestramiento y prácticas del terrorismo de
Al Qaeda. El Gobierno títere, impuesto por Bush, no ha logrado el menor avance democrático, ni puede
controlar la violencia contra las fuerzas invasoras. La democracia está cada
vez más alejada de los regímenes de Oriente Medio.
El ejército estadounidense mantiene actualmente cerca de 500 detenidos en la
base militar de Guantánamo, desde hace años. Hasta la fecha, sólo se han
presentado cargos contra unos diez en los tribunales militares que
Bush, se ha visto obligado a desclasificar tres
páginas de un informe secreto sobre Irak, elaborado por los 16 servicios
secretos de EE.UU. El citado informe responsabiliza a
la invasión de Irak de la multiplicación del radicalismo islámico en todo el
mundo. "Los activistas islámicos que se identifican como extremistas,
aunque son un pequeño porcentaje de los musulmanes, aumentan tanto en número
como en dispersión geográfica". Otro informe, esta vez de
La respuesta de Bush,
utilizando la mayoría republicana en
La oposición demócrata acusó al Gobierno de Bush de
"destruir 200 años de legislación en defensa de la libertad y los derechos
humanos". "El problema es que Bush está
intentando redefinir el concepto de tortura". El mismísimo Colin Powell ha cuestionado la
iniciativa de Bush, porque "la comunidad
internacional está empezando a dudar acerca de la justificación moral para la
guerra contra el terror", emprendida por EE.UU.
Con mayor radicalismo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos
sostienen que las nuevas normas permiten la detención ilegal, sin derecho a
contar con un abogado, posibilita ser interrogado mediante técnicas que rozan
la tortura y permite la utilización de información obtenida mediante medios
coercitivos.