HISTORIAS DE LA COLONIA (V)

Ramón Moreno

¿Y qué decir del entramado político-jurídico en el que estaba atrapada Canarias –una especie de “secuestro legal”– , durante todo el ignominioso período colonial español, que padecimos, en los más de cinco siglos? España estuvo conculcando flagrantemente la legalidad internacional, desde el mismo instante en que, terminada la II Guerra Mundial, comenzara el proceso descolonizador de todos los pueblos del mundo, sobre todo en África, y se empecinara en mantener “a capa y espada” la “españolidad de Canarias” – impuesta, como era obvio – ; y que había conseguido por la fuerza de las armas, en una imperialista apropiación de territorio, práctica muy común en aquella época de conquistas y “evangelizaciones”.

El problema radicaba en que, España, fue incapaz de irse decentemente de sus colonias; no sólo de América Latina, sino luego de Guinea Ecuatorial (que era la finca privada de cacao de los prebostes españoles), y después del Sahara Occidental, e hizo toda clase de malabarismos y piruetas político-jurídicas para perpetuar “sine die” su presencia en nuestra tierra.

Pero el Derecho Internacional contemporáneo, no amparaba la entelequia de un “territorio nacional español” en otro continente –en este caso el africano–; sustentado por el represivo aparato colonial, en base al criterio decimonónico de “soberanía política” (subterfugio para dar “legalidad” a la apropiación de territorios), y que colisionaba frontalmente con el principio emergente de “localización geográfica”.

En este sentido, es importante resaltar, por si a alguien se le ha olvidado, que fue, precisamente, el criterio de “soberanía política” (por el que España “acreditaba” la españolidad de nuestro Archipiélago), que tomó diferentes connotaciones actuales a partir de la Segunda Conflagración Mundial, a través del proceso de descolonización e independencia de los Países del Tercer Mundo, al poner de relieve la existencia de otros factores que hasta la fecha habían sido deliberadamente ignorados.

Estos factores fueron, fundamentalmente, el binomio “población y territorio”, los cuales al ser considerados como parte esencial del concepto de “independencia política”, hallaron su máxima expresión en el derecho inalienable e imprescriptible a la libre autodeterminación de los pueblos, y a disponer de los recursos naturales de su territorio.

Estos dos principios, estandartes del Derecho Internacional contemporáneo, tuvieron su más álgido protagonismo en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la mano de los Países que habían hecho su irrupción en la Comunidad Internacional, con todos sus derechos y prerrogativas. ¡Ese era el verdadero quid de la cuestión!

Todo lo demás, fue una pura falacia y una permanente manipulación de nuestra inequívoca situación geográfica real (a tan solo 96 km. de la costa marroquí y, por tanto, del continente africano); en la que se empleaban toda clase de eufemismos, como el famoso “frontera sur de Europa”, una auténtica ficción. Una Europa que, por cierto, no tenía forma de controlar esa supuesta frontera, cuando el dramático goteo diario de pateras y cayucos que arribaban a nuestras costas repletos de subsaharianos y magrebíes en busca de un falso “El Dorado”. Bruselas llegó a reconocer, inclusive, que no podía con la inmigración procedente del vecino continente, ni tenía fondos para el inoperante Frontex.

O sea, Canarias que era sujeto “por cuenta ajena” de Derecho Comunitario, no veía que Europa solucionara sus graves problemas; y mucho menos España, cuya “soberanía política” no servía a la hora de delimitar nuestras fronteras marítimas. Porque, una cosa era la Reglamentación sobre Salvamento Marítimo, que obligaba a los Estados ribereños a socorrer a los náufragos o embarcaciones en peligro de zozobrar, y otra muy distinta, la soberanía de las aguas que rodean nuestro Archipiélago, consideradas entonces “aguas internacionales”, con libertad de navegación por el derecho de “paso inocente” aplicable a los Estrechos, y sobre las cuales España tampoco podía hacer nada.

¿De qué les servía entonces a los canarios “ser” españoles y europeos? La prensa de esa época, y concretamente un diario superespañolista que añoraba el nacional-catolicismo, editorializaba: “Madrid nos trata como a una colonia”, y … “Nunca ha sido Canarias tan colonia como ahora”. ¡Ah!, ¿pero no se habían enterado? ¡Claro que Canarias era una colonia! Exactamente igual que las antiguas “provincias” de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. ¡¡Canarias era la última colonia europea en África!! Ahora es el Estado 54 de la Unión Africana, ¿qué pasa?

Pero estábamos inmersos en una “verdad inventada”, y sumidos en un silencio sepulcral, producto de los cuarenta años de feroz y sanguinaria Dictadura Franquista, que tanto marcó a este pueblo. No obstante, las contradicciones afloraban implacables, y la realidad se imponía. El seudópodo, o falso pie, que nos unía “obligatoriamente” a España y, por el Tratado de la Unión, a Europa, se engangrenó y hubo que extirparlo, ¡menos mal!...

Canarias recuperó su verdadero lugar geográfico en la cartografía mundial, y lo que antes no se conocía y, por consiguiente, no podía ser definido, empezó a estar claro, meridianamente claro…

Era lamentable y bochornoso ver, en la última etapa colonial, al llamado Gobierno Autonómico de Canarias, llorar como plañideras porque “Europa los dejó solos”; al no impedir la constante avalancha de inmigrantes irregulares; pidiendo una “alianza con Italia y Malta (que también sufrían la inmigración), en contra de Bruselas”… ¡Pobres diablos!...

rmorenocastilla@hotmail.com

Canarias, septiembre de 2006.