Sin embargo, nos preguntamos cuánto tiempo son aplicables este tipo de medidas, nacidas al calor de los acontecimientos, aplicables por igual en Guadalajara, Galicia o El Hierro. La prohibición no debe ser en un Estado de derecho el arma principal. La educación, la sensibilización y la concienciación ambiental de los ciudadanos deben constituir los métodos fundamentales para evitar catástrofes naturales provocadas por imprudencias o por desconocimiento de algunas personas. Cerrar los montes por decreto puede generar efectos perversos no deseados, como provocar un furtivismo en los distintos colectivos a los que -con esta nueva legislación- no podemos controlarlos y ayudarlos -como hasta ahora- para que quemen rastrojos en condiciones mínimas de seguridad. Por otro lado, a partir de agosto, cuando comienza la temporada de caza, los cazadores estarán imposibilitados de transitar por las pistas forestales o cualquier ciudadano de la isla no podrá preparar unas chuletas en días frescos en las áreas recreativas, según dicta el reseñado decreto.

Por supuesto, necesitamos más y mejores pautas legales, pero, sobre todo, es vital generar y extender una cultura de compromiso ambiental. Cortar las barbacoas y cerrar el monte por decreto, más allá de que nos facilite la labor a los gestores de estos espacios, no es la mejor vía para solucionar el verdadero problema. En situaciones como la de la pasada semana en Tenerife, cumpliendo los temidos "tres treinta", es decir, con temperaturas de más de 30º grados centígrados, vientos superiores a los 30 km/h, y una humedad del aire inferior al 30 por ciento, todas las medidas preventivas son pocas en estas condiciones. Por otro lado, queda por resolver cómo vamos a ser capaces de cerrar los algo más de 2.000 kilómetros de pistas forestales que existen en esta isla para el tráfico rodado de vehículos.

En definitiva, el mensaje es que no se puede pasar del todo al nada, homogeneizando desde Madrid toda la diversidad geográfica y sociocultural, con territorios llenos de contrastes y peculiaridades. Mucho nos tememos que este tipo de medidas potencien el furtivismo y que nos generen una serie de problemas que hoy no tenemos, gracias, sobre todo, a la colaboración y concienciación de colectivos tan importantes como los agricultores, apicultores o cazadores. Sin embargo, es también cierto que el decreto nos ayuda en situaciones meteorólogas desfavorables, de tiempo sur, a impedir que vehículos en situaciones meteorológicas desfavorables, de tiempo sur, a impedir que vehículos que circulan de forma agresiva por las pistas, como si participaran en un rally, las motos o los impacientes quads puedan llegar a provocar graves incendios.

Las leyes han de servir a los hombres y no al contrario. Precintar fogones, retirando la leña y cerrando indiscriminadamente las más de 30 áreas recreativas que utilizan miles de familias cada semana durante todo el verano, no es la mejor de las medidas para concienciar a la gente de la necesidad de evitar incendios. Es lo más cómodo o fácil para la Administración, no la mejor opción para los administrados y el medio ambiente que se dice proteger. Este decreto no resuelve el verdadero problema, el de la autoresponsabilidad de los ciudadanos en proteger sus espacios naturales. Es necesario que tenga claro todo el mundo que los primeros guardas de estos espacios son los propios ciudadanos, no el Gobierno central ni el Cabildo ni ninguna Administración. Los montes constituyen una parte esencial de nuestro patrimonio como pueblo y su protección, una obligación de todas las administraciones y de toda la sociedad en su conjunto. Hasta el último tinerfeño y tinerfeña. Si esa protección implica renunciar a asar chuletas cuando haya verdadero peligro de incendios no habrá más remedio que asumirlo.