El idiota de la familia

Juan Manuel García ramos

 

No hablaré de la muy ambiciosa obra de Jean Paul Sartre sobre Gustave Flaubert, no hablaré del niño Flaubert que aprende a leer tardíamente para luego convertirse en un exquisito gobernador de palabras. Pero hablaré de un idiota que ocupa un Ministerio español, es decir, de un idiota político, no de un idiota aparente, como pudo ser el escritor francés en su infancia.


Después de la que está cayendo desde hace meses en materia de inmigración sahariana y subsahariana en Canarias, uno no puede entender que un ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español vaya a la Cumbre de Rabat sobre Inmigración y Desarrollo, celebrada el pasado mes de julio, y diga, delante de representantes de veintisiete países africanos y treinta países europeos, que el Gobierno de Zapatero, oyendo una resolución del Senado, está estudiando la posibilidad de conceder nuevas autorizaciones de residencia y trabajo de carácter extraordinario a los indocumentados actuales hasta la salida definitiva de todos ellos del territorio comunitario. Uno no puede entender estas idioteces por mucho que se esfuerce. No puede.


Es decir, el comienzo de cualquier solución a la inmigración padecida por Canarias en estos meses pasa ineludiblemente porque el señor Rodríguez Zapatero ponga en la calle a don Jesús Caldera, ministro de lo que vamos hablando. Y si el presidente del Gobierno español quiere buscar más razones para el cese de su alto cargo, puede acudir al antecedente de la aprobación por parte de su Gobierno del nuevo Reglamento de Extranjería de 30 de diciembre de 2004, que es la madre de todos los corderos del descalabro inmigratorio sufrido en Canarias a partir de aquella fecha.


Y este cese no lo pedimos sólo desde Canarias, es algo compartido por países como Francia, Alemania y Holanda, que en su día definieron el gesto de regularización de Caldera como "un precedente inflamable para toda Europa". Esos países, además, han denunciado el nulo rigor y la gran falta de solidaridad de España en la regularización de inmigrantes ilegales al tomar decisiones unilaterales enfrentadas a la opinión general comunitaria, en especial, enfrentadas a los países pertenecientes al espacio Schengen.

Esto no hay por donde cogerlo. La política de inmigración del Gobierno Zapatero es un disparate de consecuencias imprevisibles.


Con sólo colocar en un escenario, por un lado, al ministro Caldera hablando alegremente en Rabat, el pasado mes de julio, a favor de un nuevo proceso de regularización, y por otro lado a la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, anunciando, el lunes pasado desde la sala de prensa de la Moncloa, una política de "máxima dureza" para intentar poner freno a la inmigración ilegal, uno comprende la esquizofrenia que se ha apoderado del ejecutivo español, cogido en uno de los renuncios más clamorosos de la historia última de la gobernación peninsular.


Todas las medidas adoptadas hasta ahora por España y por Europa han resultado nulas a la hora de frenar la avalancha inmigratoria en Canarias. La joya de la corona de esas medidas, el dispositivo Frontex, es un fraude.


El portavoz de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, ha declarado que ese dispositivo consiste en una patrullera italiana que se averió en Cádiz cuando se dirigía a Canarias, y en un avión de alquiler con un radar que sólo localiza embarcaciones con baliza, que no es el caso ni de las pateras ni de los cayucos, precisamente. Ese mismo portavoz también puso de manifiesto el caos sufrido por la administración de las competencias de inmigración desde que éstas han sido cedidas por el Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo, el departamento del tal Caldera. Está hablando la policía, no los partidos políticos de la oposición.


Todo lo que ha sido política de regularización y control por parte del Gobierno de España de la llegada de inmigrantes a su territorio, incluido Canarias, por ahora, no ha hecho sino enrarecer las relaciones con la Unión Europea y crearnos a nosotros, a los canarios, un problema cuyas dimensiones aún no tenemos capacidad de vislumbrar. Las soluciones a esta vulnerabilidad fronteriza de las Islas y a la arribada de embarcaciones a nuestras costas y playas no aparecen, y nos hemos convertido en estas últimas semanas en testigos mudos e inermes ante una situación de emergencia que nos concierne muy directamente. El pleno del Parlamento de Canarias del pasado martes fue un ejemplo de la parálisis que atenaza a la clase dirigente del Archipiélago, dividida en unos partidos-franquicia que usan la inmigración para ganar puntos en las encuestas del CIS y una Coalición Canaria sin capacidad de reacción a lo que se nos viene encima.


Nosotros, visto lo visto, nos quedamos con una salida aportada por el delegado del Gobierno en Canarias: todos los esfuerzos -de los recursos del Frontex y de los que puedan sumarse a él- hay que dirigirlos en un solo objetivo. Se trata de desplegar los medios aeronavales españoles y europeos hasta las cien millas de Canarias, cuando se trate de embarcaciones procedentes de Mauritania y Senegal, o países más al sur; cuando se trate de embarcaciones procedentes de la costa marroquí o del Sáhara occidental, hay que reducir millas. Se trata de devolver las pateras y los cayucos a África y de acabar con la pasividad mostrada hasta ahora. Don José Segura Clavell se ha dado cuenta de algo que ya habíamos planteado hace unos cuantos años: hay que atajar el problema en origen.


Después hablamos de estrategias diplomáticas, de las posibles repatriaciones, del Plan África, de incentivar los polos de desarrollo de los países emisores de emigración, de lo que ustedes quieran; pero antes dejamos claro lo que tiene que hacer ahora Canarias y los organismos que nos asistan en nuestra defensa territorial. Y todo eso no sólo hay que hacerlo para salvaguardar nuestras fronteras e impedir que alguien las viole, sino también para evitar la muerte de miles de inocentes que salen del infierno africano en busca del paraíso del primer mundo, para ahorrarnos, entre nuestra población nativa y residente, reacciones xenófobas innecesarias, y, sobre todo, para frenar la propagación en nuestro tejido empresarial del empleo sumergido administrado por mafias de recepción de inmigrantes con sede en Canarias y cómplices de las otras mafias que trasladan a esos mismos emigrantes por el océano hasta nuestras orillas.


No hay más cera que la que arde, y este problema puede desvertebrar mañana mismo nuestras sociedades insulares desde el punto de vista político, económico, social y sanitario. Se sabe que toda inmigración no integrada laboral, social y culturalmente, está abocada al fracaso de las expectativas de los que llegan y de los que los acogen. Con las imprevisiones del Gobierno Zapatero enumeradas antes se está dañando a Europa y a Canarias. Todo tiene un límite.


Por empezar por algún sitio, cesen a Caldera y atiendan las sugerencias del señor Segura, que del mar y del derecho marítimo sabe.  Sin más dilación. Sin más palabras.