Por la
igualdad real
Justo
Fernández Rodríguez
El mensaje principal del Informe Mundial
de
En los centros de trabajo de todo el mundo, millones de personas continúan
siendo víctimas de discriminación y desigualdad, pese a los tímidos avances
logrados en la lucha por su eliminación. Muchos de los países miembros de
La discriminación basada en el género, la edad, raza, origen étnico, religión,
discapacidad, orientación sexual o por padecer el VIH/SIDA, habituales en gran
parte de las naciones, desarrolladas o en desarrollo, constituyen formas de
neofascismo que es preciso erradicar.
Para miles de trabajadores y trabajadoras, tales prácticas pueden significar la
imposibilidad de acceder a determinados puestos directivos para los que están
suficientemente capacitados. Para otros, significa la negación de poder aspirar
a un puesto de trabajo.
La discriminación se encuentra frecuentemente arraigada en los valores y las
normas culturales y sociales predominantes en cada nación o región.
La participación de las mujeres en la población activa y en el empleo
remunerado viene manteniendo su tendencia al alza en todo el mundo, pese a la
persistencia de brechas de género en el empleo, la remuneración y la
segregación profesional. Luchar contra la discriminación requiere respuestas
nacionales, regionales y globales.
El Informe afirma que "estas barreras a la igualdad pueden impedir que las
sociedades aprovechen plenamente las posibilidades que brinda la economía
globalizada, provocando inestabilidad política y agitación social, lo que
perturba la inversión y el crecimiento económico".
He de manifestar mis dudas. Existen pocos ejemplos de empresas multinacionales
que rechacen estos sistemas, pese a las palabras de Juan Somavia,
director general de
Los pasos para luchar contra la discriminación y conseguir la igualdad,
promulgados por
- Promover la igualdad de género mediante una acción global más integrada y mejor
coordinada.
- Incorporar la no discriminación y la igualdad a la totalidad de los Programas
Nacionales de Trabajo Decente de
- Promulgar mejores leyes y procurar una mejor aplicación de las mismas.
- Adoptar iniciativas no reguladoras más eficaces, como las relativas a las
políticas de adquisiciones, préstamos e inversiones de los gobiernos.
- Contribuir a la capacitación de los interlocutores sociales para convertir la
igualdad en una realidad en los lugares de trabajo, mediante mecanismos como
los convenios colectivos y los códigos de conducta.
Pero ganar la guerra contra la discriminación en el lugar de trabajo requiere
el esfuerzo conjunto de varios agentes: los gobiernos nacionales, para
promulgar y aplicar las leyes; los organismos internacionales, para armonizar
la normativa y difundir las buenas prácticas, y los interlocutores sociales y
las empresas, para hacer suyos los objetivos de igualdad.
Sin embargo, las leyes no bastan para erradicar la discriminación y la
desigualdad. Jueces, inspectores de trabajo, trabajadores y empresarios han de
comprenderlas para que puedan garantizar su aplicación. Las organizaciones
sindicales y patronales constituyen un elemento esencial del problema. No
importa en qué medida pueda modificarse la legislación o con qué eficacia se
aplique ésta: los avances serán escasos si no se cuenta con los interlocutores
sociales.
Está en manos de los interlocutores sociales superar las limitaciones legales,
en cuanto al principio de igualdad y no discriminación, a través de la
negociación colectiva, especialmente, en los países industrializados. Reducir
las tensiones entre la vida laboral y familiar, conciliando las
responsabilidades profesionales y las derivadas de la atención a la familia, es
otra posibilidad del diálogo social.
En España, pese a la oposición, lógica, incomprensible o por sistema, según se
mire, del Partido Popular y de los sectores empresariales más reaccionarios, el
Congreso aprobó una Ley de Igualdad, con el apoyo de 192 diputados, presentada
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La ley reclama que "las mujeres y los hombres son iguales en dignidad
humana e iguales en derechos y deberes", e incluye medidas como un permiso
de paternidad de 15 días, que se ampliará a un mes dentro de seis años. Más de
400.000 hombres podrán pedir, cada año, el permiso de paternidad de quince
días. En el caso de partos de bebés prematuros, el permiso de maternidad se ampliará
para comenzar a partir del día en que el niño salga del hospital. Se amplía el
derecho a reducir la jornada laboral, de uno a dos años, para cuidar a un
familiar enfermo, y se considera acoso sexual cualquier comportamiento verbal o
físico que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona.
Combatirá la discriminación en salarios y pensiones, el mayor desempleo de la
mujer, la escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad empresarial,
política, social o cultural y modifica la ley electoral, estableciendo listas
electorales paritarias y una mayor conciliación entre la vida laboral y
familiar.
Para Comisiones Obreras,